Un presidente que renuncia por la televisión, un exmandatario que se suicida para evitar ser detenido, otro que espera en una cárcel de Estados Unidos ser extraditado o que la principal líder opositora pase a prisión preventiva parecen episodios de una serie de cable, pero estos hechos son solo una parte del saldo que han dejado en Perú las investigaciones en torno a la enorme trama de corrupción de Lava Jato.  

Si bien es cierto que esto estalló en Brasil en 2014, recién el 21 de diciembre de 2016 obtuvo resonancia en la región. Ese día, el brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, reveló al Departamento de Justicia de EE.UU. que pagó, para obtener licitaciones de obras públicas, aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países, en su mayoría de América Latina, una región golpeada por el flagelo de la corrupción y donde más de la mitad de sus ciudadanos cree que ésta ha aumentado, según el último Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Odebrecht señaló que había entregado 29 millones de dólares a funcionarios con altos cargos en Perú entre 2005 y 2014, durante las presidencias de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Poco después, la Fiscalía peruana formó el equipo especial Lava Jato para empezar con las investigaciones. 

El acuerdo y la Caja 2

En el caso peruano, la figura clave para obtener más información era el expresidente de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó el 15 de febrero de este año un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía que permitirá la entrega de pruebas y testimonios. Además, la empresa se comprometió a pagar alrededor de 180 millones de dólares al Estado peruano.  

“Les dimos (dinero) a todos en Perú bajo la misma modalidad”, precisó Barata a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sobre los aportes de campaña electoral, que fueron siempre en efectivo y no a través de offshore. Para ese fin, según reveló, la empresa brasileña tenía la denominada Caja 2. 

A cambio, entre otras cosas, la Fiscalía se comprometió a no usar en su contra la información que entreguen y a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el Estado. "Para algunos es una forma pragmática de llegar a la verdad, para otros significa que algunos lograrán impunidad. Pero recordemos que estos eran sobornos bien estructurados. No creo que hayamos podido llegar a este punto sin la declaración clave de Barata“, explica a DW la politóloga experta en temas de corrupción de la Universidad Humboldt de Berlín, Denisse Rodríguez.
 
El impacto tras testimonios 

Los testimonios obtenidos en los interrogatorios han sido una pieza fundamental para que la Fiscalía peruana pida para las exautoridades impedimentos de salida del país, allanamientos o hasta prisiones preventivas de 36 meses.

Así, el primer expresidente peruano en ser puesto en prisión preventiva por el caso fue Ollanta Humala (2011-2016) junto a su esposa Nadine Heredia en julio de 2017. Ambos pasaron nueve de los 18 meses impuestos tras la anulación de la prisión preventiva por parte del Tribunal Constitucional, última instancia en apelaciones. Odebrecht detalló que entregó a los Humala tres millones de dólares para la campaña presidencial de 2011, los que no fueron declarados a la respectiva autoridad electoral.   

Pero uno de los hechos más trágicos ocurrió el 17 de abril de este año, cuando el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó de un disparo en la cabeza momentos después de ser intervenido por la Policía, que llegó a su vivienda con una orden de arresto. La situación de García se había complicado después que su exsecretario personal, Luis Nava, y Barata, confirmaron que el exjefe de Estado recibió cuatro millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. 

Un mes antes, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia tras apenas 20 meses en el cargo, a raíz de las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con Odebrecht. Kuczynski, de 81 años, cumple prisión preventiva domiciliaria de 36 meses por presuntamente haber favorecido a Odebrecht para adjudicarse la construcción de la carretera Interoceánica cuando fue ministro de Economía de Alejandro Toledo (2001-2006). Este último se encuentra detenido en una cárcel de San Francisco, a la espera de su extradición por haber recibido, según Barata, en coimas alrededor de 31 millones de dólares.  

"Nunca imaginé ver a personas que habían sido expresidentes con régimen carcelario. Visualmente esa imagen es muy potente. Odebrecht nos está demostrando que sí hay relativa igualdad de los individuos frente a la ley", apunta la politóloga Rodríguez.  

La controvertida prisión preventiva

Las investigaciones también alcanzaron a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien hace unas semanas dejó la prisión preventiva tras más de 13 meses. Esta vez también por decisión del Tribunal Constitucional. En un primer fallo, la primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) había recibido 36 meses de prisión preventiva, sindicada por Barata de haber recibido más de un millón de dólares para su campaña y por tratar de obstruir las investigaciones. 

Otra decena de exfuncionarios peruanos, incluidos los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda, además del exgobernador regional del Callao Félix Moreno, también han sido involucrados en el caso.

"Tenemos resultados positivos en la lucha anticorrupción. Hay cosas malas, como excesivas prisiones preventivas de 36 meses, pero hay cosas buenas que estamos descubriendo sobre nuestra clase política, que era efectivamente tan podrida como creíamos que era", destaca Alonso Gurmendi, profesor en derecho internacional de la Universidad del Pacífico de Perú. 

Gurmendi y Rodríguez coinciden en que los fiscales han avanzado a pesar de la poca ayuda que reciben del Estado y los escollos que tienen que enfrentar. El país necesita, según los expertos, una reforma del Poder Judicial, del Estado y vencer la desigualdad. Hasta el momento, solo hay una exautoridad condenada, el exgobernador regional de Ancash Cesar Álvarez, y dos acusados, los Humala. 

¿La jubilación de una generación política?

En las próximas elecciones parlamentarias de enero, tras la disolución del Congreso con mayoría fujimorista, se verá si la población castiga a su clase política y si Odebrecht marcará la jubilación de una generación de legisladores. Por ahora, según un estudio de la ONG Proética, 62 por ciento de los peruanos considera la corrupción como uno de los principales problemas del país.

Sin duda, todo esto dejará huella en la historia de Perú. El desenlace de la trama Lava Jato en el país parece no tener, todavía, un capítulo final a la vista. "La gente en general se interesó mucho por el tema y el canal de Youtube del Poder Judicial logró vistas inéditas, quizás más que una serie de Netflix. Esta historia aún no termina, cada día salen nuevas revelaciones", destaca la politóloga Rodríguez. (dzc)

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