Siete países de la Unión Europea le pidieron a Rumanía que evite "cualquier acción" que debilite la Justicia y la lucha contra la corrupción, en alusión a la polémica reforma judicial aprobada este 21 de diciembre por el Parlamento local. Las embajadas de Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia han lanzado esa advertencia en un comunicado conjunto publicado poco después del voto positivo a las controvertidas modificaciones de la ley. "Hacemos un llamamiento a las partes implicadas en el proyecto de la reforma de la Justicia para que eviten cualquier acción que pueda llevar el debilitamiento de la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción", señalan los socios comunitarios. Además, instan a Rumanía a "pedir, sin retraso, el visto bueno de la Comisión de Venecia para asegurar la independencia de la Justicia y mantener intacto el proceso de reforma en general".

La Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, proporciona asesoramiento jurídico a sus países miembros y les ayuda a que sus estructuras legales e institucionales se ajusten a los valores europeos. El Parlamento de Rumanía culminó la aprobación de la citada reforma, pero ésta aún debe ser promulgada por el presidente, Klaus Iohannis, quien sin embargo ha manifestado ya su rechazo. El jefe de Estado dispone ahora de la potestad de reenviarla al Parlamento y, como última opción, llevarla a referéndum. Las modificaciones han sido criticadas por la oposición y diversas organizaciones cívicas, pues consideran que afectan a la independencia de la Justicia y reducen las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, una valorada institución que ha presentado cargos y logrado condenas contra miles de políticos por aceptar sobornos, abuso de poder o tratos privilegiados.

Aprobada por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD), la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y el partido de la minoría húngara UDMR, la reforma afecta a las competencias de jueces y fiscales, así como del Consejo Superior de la Magistratura (CSM, el organismo autónomo de la Justicia rumana). De entrar en vigor, privará al presidente de la potestad de nombrar a los jefes de las fiscalías y permitirá al ministro de Justicia intervenir en el trabajo de los jueces y fiscales, como también que los fiscales superiores ordenen el cese de investigaciones si consideran que éstas son "ilegales o infundadas".

Introduce además la obligación de informar a los sospechosos sobre la primera sospecha contra ellos, y de permitirles presenciar todas las entrevistas con testigos, al tiempo que prohíbe usar grabaciones de cámaras como pruebas ante los tribunales. Los jueces y fiscales son responsabilizados directamente de los errores judiciales y deben pagar de su patrimonio las eventuales indemnizaciones, al tiempo que se les prohíbe criticar iniciativas del Gobierno o del Parlamento. La oposición de centroderecha ha anunciado que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional, mientras varias organizaciones cívicas han convocado nuevas protestas. Mientras, el Parlamento debate actualmente otra serie de reformas que afectan al Código Penal, también polémicas. (EFE)