“Stopp ACTA” lleva por título la campaña que desde hace semanas recorre el ciberespacio alemán. ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, es decir, del acuerdo que 39 Estados, entre ellos México y todos los miembros de la Unión Europea, han negociado para convertirlo en la base legal de la guerra contra la piratería en Internet. Un tratado, según sus adversarios, antidemocrático que perjudicará al comercio internacional, ahogará la innovación y repercutirá negativamente en la libertad de expresión, el acceso a la cultura y la protección de datos.

Ante el viento levantado, Berlín ha decidido ponerse a salvo de la tormenta. Necesidad de regular este ámbito no se percibe en Alemania, declaró la ministra germana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, después de que la protesta contra ACTA pasara del ciberespacio a la calle. De momento, los alemanes no plasmarán su firma en el documento y esperarán a que el Parlamento Europeo se pronuncie. No todo lo que se dice sobre ACTA es cierto, alegaba Axel Metzger, experto en propiedad intelectual de la Universidad de Hannover, en una entrevista concedida a la emisora de radio germana WDR5. Pero “en su conjunto, las críticas están justificadas”, añadía.

También en España el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prefirió pasarle la patata caliente a sus sucesores y no insistir más en la Ley de Economía Sostenible, conocida con el nombre de la ministra de Cultura socialista que la promovió, Ángeles González-Sinde, y que ahora entra en vigor sumando a su título coloquial el apellido del nuevo encargado de Cultura, el conservador José Ignacio Wert. Mientras que la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (AGEDA) habla en el país de “primer paso necesario”, los internautas tildan la medida de desmesurada. Y en ella no confía casi nadie. “La ley Sinde-Wert es un intento de ponerle puertas al campo”, comenta un usuario.

Bloqueo no, bloqueo sí

Una de las críticas principales que se le hace ACTA es su secretismo. El pacto se selló sin consultas, al margen de la sociedad civil, los representantes políticos más allá de los gobiernos y los países en desarrollo. El protocolo de las negociaciones continúa sin ser accesible. Esto hace que cuestiones que en algún momento formaron parte de la discusión pero que fueron finalmente eliminadas del texto, como las referencias al cierre de páginas web, sigan pendiendo como una amenaza porque no se sabe muy bien en qué quedaron, explicaba Metzger. “El bloqueo de portales no se contempla”, aseguraba Leutheusser-Schnarrenberger.

No sucede lo mismo en España, donde el debate previo a la ley antipiratería fue largo y tendido y con participación popular, casi siempre en contra de Sinde. La regulación aquí sí que introduce la posibilidad de que un juez ordene a la compañía telefónica que interrumpa el servicio a una web, si contra ésta media una demanda por violación de los derechos de autor y el portal no presenta alegaciones o retira voluntariamente el contenido protegido. Será una comisión formada por funcionarios la encargada de llevar a cabo los trámites. Las denuncias deberán partir del titular de la propiedad intelecutal.

En el paraíso de las copias piratas

El pasado abril, el Gobierno neerlandés emprendió una primera batalla contra la piratería en Internet. A finales de 2011, sin embargo, la propuesta de ley que hubiese convertido en ilegal las descargas de música y películas “para el consumo propio”, algo hasta el momento considerado en Holanda como un uso “justo” de la Red, fue rechazada por el Parlamento en La Haya, y la guerra acabó ahí.

Francia, por el contrario, cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de Europa. La Justicia aquí tiene la potestad de obligar al cierre de sitios web, como sucede ahora también en el país vecino. Por un plazo máximo de un año podrá permanecer inaccesible un portal en España si un tribunal así lo decide. El efecto coactivo de esta medida está aún por verse. En Francia llevó a un aumento del 22,5 % de la compra en línea de títulos musicales sueltos y de un 25% de álbumes completos en iTunes, arroja un estudio de la Universidad de Colonia.

Pero los galos ocupaban ya en 2007 el tercer lugar en la descarga legal y remunerada de discos en la Red, por detrás de los germanos y ambos a mucha distancia de los británicos. El download ilegal no ha dejado de incrementarse en Alemania en los últimos tiempos, y sin embargo el país se encuentra entre los menos activos en esta práctica del continente y la industria discográfica alemana percibe algo de luz al final del túnel: mientras que en 2010 seguía registrando pérdidas, las cifras de ventas digitales del año pasado son “mejor de lo esperado”.

España, sin embargo, continúa siendo el “paraíso de las copias piratas”, titulaba la cadena de radio alemana Deutschlandfunk un reportaje sobre el tema. El 97 por ciento de los españoles baja los contenidos culturales de Internet a cambio de nada. Pero el ciudadano de a pie no genera tanto daño comercial como las compañías que sistemáticamente optan por las versiones ilegales. “La ley Sinde podrá generar miedo entre algunos usuarios, pero no conseguirá acabar con la piratería en Internet”, opinó el conocido director de cine Álex de la Iglesia. Que al menos sirva para proceder contra las empresas es lo que espera la AGEDA.

Autor: Luna Bolívar Manaut

Editora: Emilia Rojas Sasse