La Comisión de la Unión Europea (UE) determinó hace poco que la ley de emergencia de Hungría no está reñida con el derecho europeo. El primer ministro Viktor Orbán y su Gobierno recibieron el dictamen con satisfacción. Figuras oficialistas afirman casi a diario que las versiones de que el Parlamento húngaro ha sido despojado de poder y Orbán gobierna con poderes absolutos dictatoriales son "fake news" y mentiras de "políticos de izquierda liberal de Bruselas" y de la "red de Soros".

No obstante, las críticas no cesan. Incluso la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourvá, que había extendido el certificado de conformidad, se expresa entretanto con más matices y preocupación.

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Los reparos son justificados. La llamada "Ley de protección del coronavirus", promulgada el 30 de marzo, permite al primer ministro gobernar indefinidamente por decreto. Desde entonces, Orbán aprovecha ampliamente esa posibilidad: entretanto ha emitido 124 decretos (hasta el 12 de mayo). A eso se suman otras decisiones gubernamentales y ordenanzas de los ministerios.

Modificación de leyes

Muchos decretos restringen el trabajo de la Justicia, la protección de datos, la libertad de información y otros derechos ciudadanos. La ley de emergencia indica que los decretos deben apuntar a combatir el coronavirus. Pero, en muchos casos, eso no se percibe. En algunos, ni siquiera se alude nominalmente el asunto. "Da la impresión de que el Gobierno aprovecha la situación y modifica una gran cantidad de leyes, para lo cual habría necesitado mucho más tiempo por la vía parlamentaria", dice a DW Máté Szabó, de la Sociedad de Derechos Libertarios (TASZ), una de las principales organizaciones de derechos cívicos de Hungría.

Revisando el diario oficial, se ve la dimensión de las modificaciones legales. Por ejemplo, en el ámbito judicial, los procesos civiles y penales pueden postergarse indefinidamente durante el estado de excepción. Determinados procesos, como los de demandas de indemnizaciones, no pueden llevarse a cabo en este período de emergencia.

Muy restringidos están también el acceso a la información y la protección de datos. El plazo con que las reparticiones estatales deben responder a las consultas y solicitudes de información se triplicó y puede extenderse a 90 días. Partes de la normativa europea sobre protección de datos quedaron sin efecto. El ministro de Innovación y Tecnología puede acceder a todos los datos personales disponibles y los ciudadanos están obligados a colaborar. 

Medidas económicas poco trasparentes

Las competencias de las fuerzas de seguridad fueron ampliadas considerablemente. La Policía puede efectuar en cualquier momento y lugar controles personales y de otro tipo. Además, el Ejército tiene atribuciones policiales.

Prácticamente sin efecto ha quedado la legislación laboral. Empleados y empleadores pueden cerrar contratos que difieran de las disposiciones.

Muchos decretos tienen que ver con asuntos económicos poco transparentes o casos puntuales. Por ejemplo, el Estado le compró a Lörinc Mészáros, uno de los hombres más ricos del país y amigo de Orbán, una empresa energética con una planta eléctrica deficitaria, por un precio evidentemente excesivo. La revisión de que las compras estatales se han efectuado correctamente puede hacerse a posteriori, sin que exista un plazo fijo para ello.

Por otra parte, los fondos de fomento de la UE pueden entregarse sin un análisis de riesgos ni inspecciones en el terreno. Además, 140 empresas de relevancia sistémica, incluyendo filiales de empresas extrajeras, fueron puestas bajo supervisión militar, en el marco de lo cual el Ministerio de Defesa puede ver todos los documentos.

Parlamento neutralizado

Determinadas medidas apuntan directamente contra la oposición. Por ejemplo, el 50 por ciento del dinero para el financiamiento de los partidos fue destinado ahora a un fondo contra el coronavirus. Al partido Fidesz, de Orbán, eso no lo perjudica tanto, porque muchas campañas ideológicas se realizan con el sello del Gobierno y son financiadas con dinero de los impuestos.

Los decretos solo rigen formalmente durante la situación de emergencia. Pero Máté Szabó piensa que muchas cosas permanecerán, ya sea debido a decisiones secundarias derivadas de los decretos o porque, por su naturaleza, no pueden ser echadas atrás. Pero, a su juicio, lo más grave es la falta de control parlamentario de los decretos. Normalmente, la Constitución contempla para ello un plazo de 15 días, lo que ha quedado sin efecto por las disposiciones de la ley de emergencia. "Normalmente, el Parlamento sigue sesionando, porque debate sobre leyes, pero los decretos no se examinan", dice Máté Szabó. "Por eso, el Parlamento ha sido realmente anulado".

(ers/few)

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