Días después del atentado durante el Christopher Street Day (CSD) de Berlín, el impacto sigue presente en Alemania. El debate político se centra ahora en las consecuencias, y en cómo mejorar la protección de la comunidad LGBTIQ+.

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) quiere impulsar una nueva iniciativa para incluir explícitamente la protección de la identidad sexual en la Constitución. El artículo 3 de la Ley Fundamental alemana prohíbe actualmente la discriminación por motivos de género, origen, idioma, religión u opiniones políticas, pero no menciona la identidad sexual.

Alemania: avances con algunas lagunas

Aunque Alemania se encuentra entre los países europeos con mayor igualdad jurídica para las personas LGBTIQ+, todavía existen vacíos legales. Uno de ellos afecta al derecho de filiación: mientras que en una pareja heterosexual el padre es reconocido automáticamente al nacer un hijo, en las familias queer la situación suele ser más compleja y requiere trámites adicionales.

Además, han aumentado los delitos de odio y los actos violentos contra personas LGBTIQ+, mientras que muchas siguen denunciando discriminación en la vida cotidiana.

Según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), Alemania ocupa el séptimo lugar entre 49 países europeos en materia de igualdad legal. El primer puesto corresponde a España, mientras que Rusia se sitúa al final de la lista. La diferencia entre los países va desde una amplia igualdad hasta la persecución estatal.

España: pionera en Europa

El papel destacado de España tiene una explicación histórica. Durante la dictadura de Francisco Franco, que finalizó en 1975, las personas LGBTIQ+ fueron perseguidas e incluso encarceladas. Tras el fin del régimen comenzó un proceso acelerado de liberalización.

La despenalización de la homosexualidad comenzó en 1979 y quedó completada en 1995. En 2005, España aprobó el matrimonio igualitario, incluido el derecho a la adopción para parejas del mismo sexo. En 2023 entró en vigor una ley de autodeterminación de género que permite a las personas mayores de 16 años cambiar su nombre y sexo registral mediante una declaración administrativa.

Además, España cuenta con leyes contra la discriminación, un organismo independiente de Igualdad y medidas de inclusión para trabajadores LGBTIQ+ en empresas de más de 50 empleados.

Otros países europeos con políticas progresistas son Malta, Islandia, Bélgica y Dinamarca. 

Italia: retrocesos bajo la derecha nacionalista

La situación es muy diferente en Italia. Bajo el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, la presión sobre la comunidad LGBTIQ+ ha aumentado. El país no reconoce el matrimonio igualitario ni permite la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales.

Las autoridades incluso han cuestionado certificados de nacimiento ya emitidos, lo que ha provocado que algunas madres no gestantes pierdan el reconocimiento legal de maternidad. A finales de 2024, el Parlamento aprobó además una ley que convierte la gestación subrogada realizada en el extranjero en un delito perseguible en Italia.

El país tampoco cuenta con una ley nacional que castigue específicamente los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. La organización LGBTIQ+ Arcigay ha alertado de un aumento de los ataques y la violencia contra esta comunidad.

Hungría: ¿un cambio de rumbo?

En Hungría, la situación también ha estado marcada por años de restricciones impulsadas por el gobierno del ex primer ministro Viktor Orbán. Desde 2020, las personas trans ya no pueden modificar su género legal en el registro civil. La Constitución define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo.

En 2021, el Gobierno aprobó una ley bajo el argumento de proteger a los menores que limita cualquier representación positiva de la homosexualidad y la identidad trans en contenidos dirigidos a jóvenes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró posteriormente ilegal esta normativa.

Sin embargo, el gobierno del sucesor de Orbán, Péter Magyar, podría marcar un cambio. La celebración del Budapest Pride en junio de 2026 fue una señal en esa dirección: decenas de miles de personas participaron en el evento, que el año anterior había sido prohibido por el gobierno anterior.

Aun así, la comunidad LGBTIQ+ mantiene la cautela. Magyar no es un político progresista, sino un conservador, y revertir las leyes aprobadas durante la era Orbán será un proceso complejo. 

Rusia: persecución sistemática

Rusia tiene la legislación más represiva contra la comunidad LGBTIQ+ en Europa. El Tribunal Supremo declaró a la que denomina "organización internacional LGBT" una entidad extremista y la prohibió, aunque dicha organización no existe como estructura formal.

Desde entonces se han producido redadas y persecuciones contra activistas, medios y ciudadanos particulares. Las penas pueden alcanzar hasta 12 años de prisión. La promoción pública de la homosexualidad o la identidad trans está prohibida, al igual que los procedimientos médicos de transición y los cambios legales de nombre y género.

El Kremlin utiliza además la defensa de los llamados "valores tradicionales" como parte de su propaganda de guerra, presentando a las personas LGBTIQ+ como símbolo de una supuesta influencia occidental negativa. Muchos miembros de esta comunidad han abandonado Rusia por miedo a la persecución, la violencia policial y las represalias.

(ct/cp)