Este 7 de diciembre encontró a Perú con dos expresidentes en la mira. Pedro Castillo cumpliendo un año de cárcel, en prisión preventiva desde su fallido autogolpe, y Alberto Fujimori, liberado en la víspera, en virtud de un indulto que se hizo efectivo casi seis años después de haber sido dictado, en las postrimerías del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional, contraviniendo una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2018 instó a Perú a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.

La crisis peruana

Y, aunque la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud podrían avalar la argumentación que aduce razones humanitarias, el contexto de la crisis que atraviesa Perú arroja luces diferentes sobre el asunto. "La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”, dice a DW Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alude con ello a hechos como la reciente suspensión de la fiscal nacional, Patricia Benavides, por la Junta Nacional de Justicia, debido a una investigación de tráfico de influencias.

Duro es también el diagnóstico que hace Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. "Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice a DW el académico, y explica: "Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”.

El analista, de origen español, considera, en consecuencia, que el indulto "es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”, y subraya que "se lleva a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional”, recordando el pronunciamiento de la CIDH.

Desafío a la CIDH

Este mismo punto es destacado igualmente por Elizabeth Salmón. "Lo que hace el Tribunal Constitucional, o varios de los miembros del TC, es desconocer el valor jurídico de nuestros compromisos internacionales, en el sentido de que la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas.

"Creo que significa un desafío completo al sistema interamericano de derechos humanos, con el cual el Perú se encuentra comprometido desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA”, puntualiza la profesora de Derecho Internacional. Pero hace notar que la actitud de enfrentamiento con la CIDH no es nueva en el país. "Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana”, señala. Y estima que lo ocurrido ahora "debe ser visto también como un pretexto más para tratar de alejarse del sistema, para renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad”.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los derechos humanos. "Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Elizabeth Salmón. "Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma.

Porque el impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es perceptible. "En este momento estamos viendo otra vez en la televisión a políticos de la época de Fujimori ufanarse, volver a señalar que fue él quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica, a extremos que no son ciertos. Esas narrativas suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que busca regresar al poder, que busca plantear posiciones muy alejadas del derecho de las personas, y, además, negacionistas con relación a lo que pasó en nuestro país”.

Analizando las repercusiones de la decisión del TC peruano, Alfredo Serrano llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: "Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”.

(cp)