La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del departamento de Ica, que anuló un fallo de primera instancia que obligaba a Mollohuanca a permanecer cinco meses preso mientras se le procesa. Ahora el proceso continuará pero con el alcalde bajo comparecencia.

Al salir de la cárcel Cristo Rey de la ciudad de Ica, el alcalde de la provincia peruana de Espinar afirmó que la excarcelación demuestra que su detención y traslado a otra ciudad fueron "un acto de arbitrariedad".

"Estoy viajando en primer lugar a Espinar de manera muy rápida. Luego vendré también a dar las explicaciones necesarias al país, a Lima y a Cusco (el departamento en que está la provincia)", dijo Mollohuanca para no dar más detalles sobre el caso en ese momento.

Por el diálogo

El alcalde, um economista de 50 años del partido de izquierda ecologista Tierra y Libertad (TyL), admitió su partipación en las protestas, pero indicó que privilegia el diálogo y que éstas solo son el último camino.

"Estamos siempre por el diálogo y cuando a veces ya no hay diálogo, cuando a veces hay soberbia de parte del Estado y de la empresa, a veces los pueblos reaccionan como reaccionaron. Pero no estamos por ese camino, estamos por el diálogo y esa es la apuesta que hemos hecho siempre", dijo.

Mollohuanca señaló que las movilizaciones no fueron convocadas por su despacho, sino por organizaciones cívicas de Espinar. "Lo que sí he hecho, y no lo voy a negar nunca, es apoyar la demanda (popular), apoyar la reivindicación cuando veo que es justa".

Espinar, una provincia andina de unos 70.000 habitantes, entró en rebeldía contra Xtrata, una minera basada en Suiza, pues la acusan de contaminar dos ríos y de no dejar en la localidad sino una mínima fracción de los ingresos que obtiene del subsuelo.

La empresa niega que sus trabajos de explotación cuprífera causen daños ambientales y afirma que le deja a Espinar una importante suma por canon y regalías, conceptos que comparte el gobierno central. Las movilizaciones degeneraron en la violencia que se cobró la vida de dos campesinos.

El alcalde, a quien la Fiscalía responsabilizó por los hechos, fue puesto a disposición de la Corte Superior de Justicia de Ica, lo que fue cuestionado por expertos que consideraban que cualquier acción debía ser manejada por el Ministerio Público de la propia Espinar o al menos de otro punto del departamento de Cusco. El fiscal general, José Peláez, respaldó su decisión en el hecho de que los fiscales cusqueños podrían sufrir amenazas.

TyL y otros partidos de la izquierda legal, como Patria Roja, participan activamente en protestas contra mineras en distintas zonas del país, pero expertos como Carlos Monge, sociólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Perú (Desco), consideran que esos grupos, pese a su aparente radicalismo, son un freno para organizaciones más extremistas y al margen de la ley, por lo que deben ser admitidas como interlocutoras.

Fuente: dpa

Editora: Rosa Muñoz Lima