La reforma fue aprobada recientemente el gobierno de Mariano Rajoy. Los ocho detenidos fueron interceptados por una patrulla de Vigilancia Aduanera en un barco pesquero sin bandera que portaba casi diez toneladas de hachís cuando navegaban al sur de España, aunque en aguas internacionales.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó su "inmediata puesta en libertad" al comprobar que con la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 15 de marzo, los tribunales españoles carecen ya de competencia para enjuiciar un presunto delito de tráfico de drogas cometido por ciudadanos extranjeros fuera de territorio español.

Posible archivo de investigaciones por genocidio

El magistrado recuerda en un auto que los arrestados navegaban en una embarcación sin bandera, que no son españoles, no tienen residencia habitual en el país ni sus miras puestas en él para cometer el presunto delito ya que procedían de Alejandría, tomaron la droga en Marruecos y su destino era Libia.

"De acuerdo con tales criterios en este caso no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos", escribe Andreu.

La polémica reforma de la ley de Justicia Universal fue impulsada por el gobierno conservador de Rajoy tras la crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid con la causa abierta contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.

La nueva normativa podría además obligar a archivar una decena de investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional de España por genocidio y delitos de lesa humanidad.

CP (dpa, efe)