Los campesinos, que servían en una plantación de caña y una destilería, eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas para pagar las elevadas deudas que contrajeron en los almacenes de la propia hacienda, según el diario O Globo.

Los peones, la mayoría de los cuales trabajaba en el corte de la caña, tampoco gozaban de las garantías laborales legales y eran obligados a alojarse en tiendas improvisadas sin condiciones sanitarias ni agua potable.

La Hacienda Gamaleira, que ha sido denunciada en otras tres oportunidades por casos semejantes, pertenece al empresario Eduardo Queiroz Monteiro, hermano del presidente de la Confederación Nacional de la Industria, el diputado Armando Queiroz Monteiro.

Rodrigues informó de que demandará a Monteiro ante un juez laboral para obligarlo a pagar todos los salarios de los trabajadores y los derechos que le fueron negados, así como una indemnización.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que actualmente hay en Brasil entre 25.000 y 40.000 personas obligadas a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud, principalmente en haciendas aisladas de la Amazonía.