Lima buscará anulación de una concesión a empresa francesa
26 de julio de 2019
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La Municipalidad de Lima decidió acudir al arbitraje para conseguir la anulación de la concesión de una ruta urbana con peaje a la empresa francesa Vinci Highways, que advirtió este jueves (26.07.2019) que resistirá en foros internacionales este intento.
El alcalde limeño, Jorge Muñoz, dijo que buscará la anulación del contrato por 30 años de una autopista que construyó la empresa brasileña OAS, envuelta en un escándalo de corrupción por esta obra, en un caso paralelo al de la brasileña Odebrecht que salpica a cuatro expresidentes peruanos.
Son peajes "manchados por la corrupción”, declaró Muñoz, al anunciar que recurrirá a un arbitraje para anular la concesión de la llamada Línea Amarilla, una autopista urbana de Lima. El funcionario pretende evitar el pago de una indemnización por terminar el convenio unilateralmente.
Sin embargo, Vinci advirtió que resistirá esta decisión, pues no tiene responsabilidad en el escándalo. "Defenderemos enérgicamente el respeto al marco legal y los tratados internacionales vigentes”, dijo Laurent Cavrois, gerente general de Vinci Highways, a la cadena América TV.
"La concesión va a terminar en 2049”, como estipula el contrato, agregó, asegurando que se trata de la mayor inversión de Vinci fuera de Europa y la mayor de una empresa francesa en Perú. La Municipalidad tomó la decisión tras fracasar una renegociación del contrato con la francesa para reducir las tarifas del peaje. Romper unilateralmente el contrato costaría al municipio unos 460 millones de dólares.
Vinci se negó a reducir la tarifa en la proporción que el municipio exigía para circular en esta ruta de 25 kilómetros, con 11 peajes. Muñoz quería reducir la tarifa de 5,7 soles (1,7 dólares) en 1,3 soles (40 centavos de dólar), pero la empresa solo aceptaba una rebaja de 20 céntimos de sol (6 centavos de dólar).
En 2009, durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda, Lima firmó el contrato con OAS para la Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, bajo la gestión de Susana Villarán se amplió el plazo a 40 años. Si bien OAS inició el proyecto en 2009, éste después pasó a poder de la francesa. Actualmente Villarán está en prisión preventiva y Castañeda bajo investigación por este caso. (EFE)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.