Un grupo de enardecidos vecinos del municipio de Concepción, en el departamento guatemalteco de Sololá, sacó de su casa al alcalde de la localidad y lo golpeó y quemó hasta la muerte el domingo 12 de octubre de 2015. La turba acusaba al político Bacilio Juracán Leja de ser el responsable del ataque que sufrió el excandidato a la alcaldía Lorenzo Sequec Juracán, quien el mismo día fue tiroteado cuando viajaba junto a su familia por una carretera cercana a la localidad. Durante el atentado fallecieron la hija y la sobrina del político, de 16 y 17 años respectivamente, y otras cinco personas resularon heridas, entre ellas Lorenzo Sequec.

Según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en Guatemala se producen de media 15 asesinatos diarios, de los cuales el 80 por ciento se llevan a cabo con armas de fuego. A pesar de que Guatemala es considerado como uno de los cinco países más violentos del mundo –entre 2012 y 2014, se registraron 18.000 muertes violentas en el país-, en lo que se refiere a este tipo de linchamientos el país no es una excepción en Latinoamérica.

Fenómeno muy estudiado

Según el politólogo argentino Carlos M. Vilas, “se define como linchamiento a la acción colectiva de carácter privado e ilegal, que ejerce castigo físico sobre la víctima hasta el punto de poder provocar su muerte, en respuesta a actos o conductas de ésta, quien se halla en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores”.

Vilas considera que los linchamientos suelen producirse en escenarios de mucha inseguridad. Además, explica que la mayor parte de estos linchamientos tienen lugar en zonas rurales, barrios suburbanos o poblaciones marginadas donde predomina la pobreza. Otro factor clave en este tipo de agresiones es la inoperancia policial que sufren los habitantes de estas zonas.

En Latinoamérica en general y en Guatemala en particular, los linchamientos son “un legado perverso de la guerra contrainsurgente, en particular de ciertas modalidades de acción de los cuerpos represivos”, explica Vilas, y añade que “la crueldad en muchos actos cometidos por agentes del Estado, especialmente miembros del ejército, en sus operaciones contra la población indígena parece haber desempeñado un efecto de pedagogía perversa”.

Casos recientes

Los casos más sonados de linchamientos producidos en Latinoamérica durante los últimos años han tenido lugar en Guatemala, Bolivia y Argentina. En junio de 2013, una oleada de ajusticiamientos fue noticia en Bolivia. En distintas zonas del país se produjeron hasta cuatro linchamientos en una semana. El más sonado fue el de un joven de 16 años que, acusado de haber violado y asesinado a una mujer de 35 años, fue golpeado y enterrado vivo por habitantes del municipio de Colquechaca, 330 kilómetros al sur de la capital del país, La Paz. Horas antes, dos jóvenes habían sido quemados vivos por campesinos de Potosí, quienes los acusaron de haber matado a un taxista.

La “justicia comunitaria” está consagrada en la Constitución de 2009 que aprobó el Gobierno de Evo Morales, y el linchamiento no está concebido como parte del sistema. A pesar de ello, los agresores que deciden tomarse “la justicia por su mano” dicen ampararse en la Carta Magna.

El 22 de marzo de 2014, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta robaron la cartera de una joven de 21 años en Rosario, Argentina. Minutos después, un grupo de transeúntes interceptó a los ladrones y, aunque el conductor logró escapar, su secuaz cayó al suelo y recibió una golpiza que, a la postre, provocaría su muerte 48 horas después.

¿Qué opina Latinoamérica?

Hace unos meses, el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP realizó encuestas en 25 países del continente con el fin de determinar en cuáles de ellos la población aprueba este tipo de ajusticiamientos ciudadanos sin la intervención de las autoridades. Según la investigación, la República Dominicana es el país en el que más personas aprueban la aplicación de este tipo de justicia: Un 42,8 por ciento de la población los acepta. El segundo país de la lista es Paraguay, con un 42,3 por ciento, y les siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).

En el lado opuesto, es decir, entre los países que menos aprueban este tipo de justicia se encuentra Trinidad y Tobago, con 19,2 puntos, Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).