"Hay una lista de más de diez sacerdotes que van a ser secuestrados en los próximos días en Nicaragua. Necesitamos que la comunidad internacional adopte medidas contundentes”, dice a DW Martha Patricia Molina, abogada y autora de Nicaragua, ¿una iglesia perseguida? En ese estudio, Molina contabiliza entre el 2018 y 2023, 667 ataques a la Iglesia Católica. En los últimos días, las detenciones de sacerdotes han sido incesantes.

"La persecución es especialmente contra los de Matagalpa y Estelí, porque la cabeza de esa diócesis es elobispo Rolando Álvarez. A pesar de su destierro y del de casi un 70 por ciento de sus integrantes, las diócesis siguen funcionando", agrega Molina. Mientras la investigadora hablaba con DW sobre el especial odio hacia esa diócesis por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial, se anunciaba (13.08.2024) la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas, asistencia social católica de Matagalpa.

La perspectiva de Naciones Unidas

Por otro lado, "las expresiones críticas del obispo de Matagalpa contra el Gobierno sí podrían haber sido la gota que hizo tomar la decisión de desmantelar toda la estructura de la Iglesia Católica, pero no es lo decisivo, explica a DW Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de la ONU.

"El punto decisivo es su poder de convocatoria autónoma. Por eso, la persecución no es solamente a la Iglesia Católica, también es a otras iglesias cristianas. Es a los estudiantes, como hemos comprobado en el primer informe. Es también a campesinos e indígenas, como estamos a punto de publicar en un siguiente estudio”, afirma el investigador de la ONU.

En el recién publicado informe sobre violaciones de derechos humanos contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua (julio 2024), el grupo de expertos repasa la relación entre el Gobierno de Managua y la Iglesia hasta la década de los 1960.

"No solamente en Nicaragua -también en El Salvador y Guatemala-, la Iglesia católica ha jugado un papel muy importante como mediador. En2019 volvió a tener un rol muy importante en la mediación entre la oposición y el Gobierno. Si bien en ese momento, el Gobierno usó esos canales para ganar tiempo, se dio cuenta de que su poder es suficientemente crítico. Había que controlarlo y, si no se puede controlar, pues desmantelarlo”, resalta Simon.

El conocido caso del Obispo Álvarez

El caso concreto del obispo Álvarez cobró dimensión internacional también porque en octubre de 2023 fue finalista al Premio Sájarov a a libertad de conciencia. Desde la Unión Europea se hizo presión por este obispo que había sido arrestado en agosto de 2022 y luego condenado a 26 años de prisión por traición a la patria en febrero de 2023.

En enero de 2024 fue, finalmente, desterrado junto a otros 18 sacerdotes, a Roma y declarado apátrida. Entretanto, el Gobierno Ortega-Murillo pide al Vaticano que nombre a otro obispo para las diócesis de Matagalpa y Estelí.

"Debe quedar claro que no es que el Gobierno de Managua quiera negociar”, explica el especialista de la ONU. "Es un mensaje diplomático al Vaticano: si me envías a la persona adecuada para mi objetivo de control territorial total, bien. Si no, se quedan sin obispo. Y no es que se trate de crear una especie de religión de Estado, como se decía al principio. Se trata de desmantelar cualquier estructura social que sea capaz de comunicar masivamente sin la aprobación o el control de Ortega-Murillo”, agrega.

En esta situación, ¿qué le cabe hacer a la comunidad internacional? "Dejar de financiar la dictadura sandinista. Porque los préstamos que le hacen no son para políticas públicas ni sociales, sino para perseguir a opositores”, responde Martha Patricia Molina.

Recordando a los 222 nicaragüenses que fueron privados de su nacionalidad en febrero de 2023 -uno de ellos el obispo Álvarez-, el especialista de Naciones Unidas responde: "Desde la flagrante violación del artículo 9 de  la Convención de 1961 sobre la apatridia- que Nicaragua ratificó en 2013- estoy esperando que alguno de los cien países firmantes, algunos de ellos europeos, lleve a juicio al Estado de Nicaragua”. (ms)