Panamá muchas veces se ha presentado en conferencias internacionales y medios especializados como un modelo de desarrollo exitoso. Desde que el país asumió el control del famoso canal en diciembre de 1999, este se convirtió en su principal motor económico, alimentando otros sectores como el financiero, el turístico y el comercial.

De medio millón de dólares que pagaban los EE.UU. a este país centroamericano como "alquiler" por el canal, los ingresos por los derechos de paso han llegado hoy a 2.300 millones de dólares anuales. El ingreso per cápita se ha triplicado desde entonces de 4.000 dólares por año a 15.000, el tercero más alto del continente luego de Uruguay y Chile.

"Una explosión de rabia y frustración"

Sin embargo, hoy arde el país. Desde Colón sobre el Atlántico hasta la ciudad de Panamá en el lado del Pacífico, pasando por provincias del interior, hay gente en la calle y barricadas en llamas. Las protestas empezaron hace tres semanas por un aumento de los precios del combustible y siguen - a pesar de que el gobierno ya ha revocado ese aumento.

A los maestros se les unieron los trabajadores de construcción, los transportistas, los indígenas y hasta una clase media que normalmente no suele tomar las calles, como nota Ángel Ricardo Martínez, politólogo y empresario turístico. "Hubo una explosión de rabia y frustración poco común en Panamá”, dice a DW. "No es la guerra, no es la pandemia, es la corrupción”, se lee en uno de los carteles hechos a mano que los manifestantes enarbolan en las protestas.

Desigualdad y corrupción de fondo

"Hay un detonante coyuntural que fue el precio del combustible en un país donde el costo de la vida ha aumentado mucho en los últimos años”, dice Henry Brown Araúz a DW. "Pero detrás de esto, hay elementos estructurales”, añade el doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.

Araúz destaca dos razones principales: primero, la enorme desigualdad, y segundo, el cansancio de la población con una élite sacudida por escándalos de corrupción. Ese descontento incluye a la oposición, lo que explica que no estén sus líderes en las protestas. "Este modelo genera riqueza, pero no la distribuye bien”, dice Araúz.

Una economía de monopolios encarece la vida

El economista Felipe Argote asiente. "Panamá ha crecido mucho, pero la pobreza casi no ha bajado”, dice el profesor de la Universidad Interamericana. "El salario mínimo de 380 dólares al mes es de los más bajos de América Latina.”

Según el autor de varios libros, uno de los problemas estructurales principales son los monopolios existentes en la economía panameña, que encarecen los productos. "Los medicamentos pueden costar en Panamá hasta diez veces más que en Colombia”, ilustra Argote. Muchas veces, las medicinas faltan hasta para los inscritos al Seguro Social, que engloba aproximadamente la mitad de la población económicamente activa.

En los alimentos hay, según él, algunas estructuras oligopólicas que fomentan la desigualdad. "Un campesino recibe 35 centavos de dólar por un kilo de tomate que en un supermercado de la ciudad de Panamá puede costar hasta 1,40 dólares. El intermediario se queda con toda la ganancia.”

Cacofonía de demandas

Todos estos reclamos surgen ahora en una gran cacofonía. Las organizaciones populares, indígenas y sindicales que encabezan las protestas han presentado un catálogo de reformas que incluye reducir los costos de la canasta básica sin afectar a los productores, designar un seis por ciento del PIB a la educación, sanear las finanzas de la Caja de Seguro Social y luchar contra la corrupción.

El miércoles, algunos empresarios presentaron sus demandas: "Es necesario que, además de atender las exigencias del costo de la vida, también enfrentemos de una vez por todas los problemas estructurales del país”, escriben en un comunicado de cinco gremios empresariales. Los inversionistas tildaron de "urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramientos todo acto de corrupción, acaben con los privilegios y con la falta de transparencia".

Esto pone contra las cuerdas al gobierno del Presidente Laurentino Cortizo, quien tiene problemas de salud y ha aparecido poco en público durante la crisis. Sus funcionarios intentaron desarmar las protestas reprimiendo por un lado, y negociando con los grupos por separado por el otro. Esto no ha funcionado. Los manifestantes exigen ahora una mesa de negociación única bajo auspicios de la Iglesia Católica.

(ers)