“¡Vienen los hunos!” Ese grito de batalla se lee no solo en la prensa británica, sino que se escucha también en los bares de Alemania e incluso –en forma políticamente más correcta– aparece en tomas de posición de la Unión Cristiano-Social (CSU) y la Alternativa para Alemania (AfD). En estos momentos somos testigos de un intento de reducir, por motivos políticos, un complejo problema a un único aspecto: el peligro de que inmigrantes de Bulgaria y Rumania se transformen en una carga para los sistemas sociales.

La realidad, sin embargo, es bastante más complicada. Primero, se trata de ciudadanos de dos países europeos diferentes. Segundo, no se trata de un grupo homogéneo. Algunos vienen con el deseo de encontrar trabajo. Otros, en efecto, quieren cobrar solo las prestaciones sociales. Y parte de esas personas son gitanos. En Rumania y Bulgaria viven millones de gitanos, en su mayor parte muy pobres y muy mal tratados por la población mayoritaria de los respectivos países. Tercero, los inmigrantes poseen cualificaciones muy diferentes. Entre ellos se encuentran médicos e ingenieros, pero también personas que apenas saben leer y escribir. Cuarto, no existen pronósticos confiables, ni sobre el número de inmigrantes ni sobre las consecuencias para el mercado de trabajo y los sistemas sociales.

Valores fundamentales de la UE

“Mercado de trabajo” y “sistemas sociales” son los dos conceptos claves en torno a los que gira la discusión. Ambos deben, sin embargo, verse por separado. La libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea es un valor básico e inamovible de la UE. Los sistemas sociales, por el contrario, son regulados por el derecho nacional de cada país. Eso significa que tanto Gran Bretaña como Alemania o cualquier otro país de la UE pueden imponer limitaciones, que a su vez pueden ser verificadas por la Corte Constitucional del respectivo país o la Corte Europea de Justicia.

Incluso en ese caso, toda limitación sería una señal equivocada. La razón: al igual que en la discusión sobre el salvamento de los bancos, lo que está en juego no es ni más ni menos que el futuro de la UE. Aún más: en este caso, la solidaridad como valor fundamental de la UE es más necesaria que en el caso de los bancos, porque no se trata solo de instituciones financieras en bancarrota, sino del destino de millones de ciudadanos de la UE. El debate debe centrarse por lo tanto en el futuro de Europa. Por eso lo que se necesita no son más o menos malos compromisos a nivel nacional, sino una seria discusión sobre la cuestión básica: ¿necesitamos más o menos Europa?

Los naipes sobre la mesa

Quienes quieren “menos Europa” se han posicionado ya claramente. El Gobierno británico, pero también diversos partidos políticos antieuropeos en los países miembros de la UE, se preparan para las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar en mayo, convocando el fantasma de la xenofobia, particularmente virulento en tiempos de crisis. También la CSU y la AfD apuestan en Alemania por esa estrategia. Por eso, quienes están a favor de “más Europa” tendrían que tomar asimismo claramente posición. Eso quizás haga que pierdan votos y que los nacionalistas tengan más escaños en el próximo Parlamento Europeo.

No obstante, esta es una buena oportunidad para poner los naipes sobre la mesa y comenzar a discutir seriamente sobre un futuro federal de Europa. Una Europa en los que los sistemas sociales estén a disposición de todos sin diferencias. El lugar adecuado para una discusión de ese tipo sería un Parlamento Europeo con más poder y más confianza en sus propias fuerzas. De esa forma, el actual acalorado debate sobre los inmigrantes de Bulgaria y Rumania podría realizar finalmente un aporte a la unificación europea.