En una cosa están tanto Gran Bretaña como Rusia absolutamente de acuerdo: en que la culpa la tiene el otro. Los diarios británicos han salido a apoyar la decisión tomada por el Gobierno del primer ministro Brown, de expulsar a cuatro diplomáticos de la embajada rusa en Londres por la negativa de Moscú a extraditar al principal acusado del asesinato del ex espía Alexander Litvinenko.

Pero Moscú no se ha quedado callado: “Los británicos van a sentir más las consecuencias que nosotros”, se aprestó a advertir ayer el Kremlin. Así que la disputa está cazada y ahora comienza, es de temerlo, una batalla medial y política que sólo puede detener con una diplomacia cuerda.

Respaldo casi unánime a expulsión de diplomáticos rusos

En Gran Bretaña, en todo caso, reina consenso entre los grandes partidos representados en las Cámaras. Los parlamentarios británicos coinciden en que la reacción tomada por Londres y dada a conocer por el ministro de Exteriores David Miliband, tiene los ingredientes perfectos: claridad, dureza y la mención a las relaciones comerciales y políticas que mantienen Gran Bretaña y Rusia.

Algunas reacciones en Gran Bretaña esperaban incluso una mano más fuerte frente a la negativa rusa de cooperar en el esclarecimiento del singular pero certero asesinato de Litvinenko y consideran la expulsión de los cuatro diplomáticos como “lo menos” que pudo haber hecho Londres, como piensa el rotativo conservador Telegraph. El periódico izquierda liberal Guardian, por su parte, apoya “la nítida señal”, ya que , al fin y al cabo, se trata del asesinato de un ciudadano en pleno centro de Londres que cayó víctima de una sustancia altamente radioactiva como polonio 210 que puso en peligro a cientos de inocentes transeúntes.

Tomar té en Inglaterra no es siempre saludable

El crítico del Kremlin, Alexander Litvinenko, murió intoxicado en noviembre de 2006 en un hospital londinense. En mayo de este año la fiscalía general británica elevó acusación oficial por asesinato planeado contra su antiguo colega, el también agente secreto ruso, Andrej Lugowoj. Según las autoridades Litvinenko se encontró con Lugowoj en el bar de Milenium, un hotel de lujo en Londres, en donde el crítico del presidente ruso, Wladimir Putin, “tomó té envenenado de una jarra”.

Lugowoj, el sindicado del asesinato, afirma ser inocente. Su extradición a Gran Bretaña fue negada por la correspondiente fiscalía moscovita que arguyó “razones constitucionales” para no hacerlo. Las autoridades judiciales rusas empero, ofrecieron enjuiciarlo en Moscú.

Una oferta que los británicos rechazan por tratarse de “un crimen cometido en suelo británico”, según el ministro de Exteriores, Miliband que ha aprovechado para expresar que “el sistema judicial ruso no llena las normas internacionales ni de la Unión Europea ni de Naciones Unidas.

No hay una nueva “guerra fría”

Robert Service, del Oxforder St. Antony's College, considera que es “totalmente descabellado” hablar de una “supuesta guerra fría”, como lo han propagado algunos diarios británicos. Service recomienda por ello, “bajarle el tono a la retórica”.

Pero claro que el Gobierno y el cuerpo diplomático británico espera, no sin cierto temor, una represalia de Moscú al estilo de la Guerra Fría, lo que significaría que Moscú expulse, por su parte, a cuatro diplomáticos británicos de Rusia.

Principios colisionan con intereses comerciales

Pero no son pocos los diplomáticos europeos que creen que en el “Caso Litvinenko” se está exagerando que no entienden por qué Londres está debilitando las relaciones de Rusia con Europa sabiendo que varios países de la UE dependen en mayor medida del suministro de carburantes rusos.

Entre esos países se cuentan Alemania e Italia, por ejemplo. Una cuarta parte del consumo de petróleo y gas consumido en la UE proviene del consorcio ruso Gasprom controlado por el Gobierno de Putin. Gran Bretaña en cambio, sólo recibe una mínima cantidad de combustible ruso, gracias a que posee fuentes propias en el Mar del Norte.

Pero ya hay voces que advierten que en 2020 Gran Bretaña tendrá que importar la mitad del gas que consume. ¿Primarán de nuevo los intereses comerciales a la aplicación de justicia?