En el mismo momento en que se inició el debate sobre las restricciones para los completamente vacunados, también comenzó el debate inverso: ¿Puede el Estado discriminar a los no vacunados? La disputa se enmarca en las manifestaciones y protestas de los opositores a la vacunación. Y cada vez es más feroz.

La respuesta es clara: el Estado no debe restringir más de lo necesario los derechos fundamentales de las personas plenamente vacunadas. Se trata de derechos fundamentales, no de privilegios.

Y a partir de un momento en el que todo el mundo haya tenido acceso a la vacunación, puede imponer medidas a los que se niegan a vacunarse, en el marco de las exigencias de la sociedad en su conjunto. Por supuesto, el Estado debe mostrar vías de inclusión para los menores que no pueden (todavía) ser vacunados y, por tanto, protegidos (y cumplir con su deber de protección, por ejemplo, instalando rápidamente filtros de aire en las escuelas, donde los estados alemanes fallan como autoridades responsables). Lo mismo se aplica a los adultos para los que la vacunación no es posible por razones médicas.

Comparación internacional

Es un tema que se está convirtiendo en un reto en muchos países. Francia e Italia trabajan en la elaboración de directrices para los vacunados y los no vacunados, y en Estados Unidos el inmunólogo Anthony Fauci ya habla de una inminente nueva ola del coronavirus con hasta 4.000 muertes diarias y advierte de una "pandemia entre los no vacunados", porque hay muy poca gente vacunada en el país.

Por lo tanto, se trata de libertades, en el sentido de derechos fundamentales y se trata también de consideraciones necesarias. Esto es particularmente evidente en el creciente número de países que están discutiendo o ya han establecido la vacunación obligatoria para el personal médico: cabe mencionar aquí a Italia y Francia, Inglaterra, Hungría y Grecia. El hecho de que el número de personal de enfermería en Alemania que aún no ha sido vacunado sea alto -y demasiado alto precisamente donde los populistas de derecha y los teóricos de la conspiración son particularmente fuertes- nos da una idea de los motivos de muchos críticos.

Las directrices para el personal médico muestran la indisoluble conexión. Se trata de la necesaria cercanía a las personas, especialmente a las que están en riesgo. Precisamente por eso se empezó a vacunar desde el principio también al personal de los hospitales y de las residencias de ancianos, y con razón.

El dilema jurídico

Ya hay propuestas sobre cómo podría ser la distinción entre vacunados y no vacunados en la enseñanza superior. Los estudiantes vacunados podrían asistir a las llamadas clases híbridas in situ, los no vacunados a través de Zoom. Ambos grupos podrán seguir la conferencia. Y la igualdad de trato no es imperativa. Entonces, ¿por qué no hacerlo?

En todo esto, está claro que el Estado no puede prohibir a nadie la participación en la vida social. Sin embargo, durante la pandemia, podría imponer obligaciones a todo el mundo en el marco de la necesidad: el uso de mascarillas al ir de compras o en el transporte público. Estos requisitos pueden aplicarse a todos.

Sin embargo, el camino hacia la vacunación obligatoria por parte del Estado sería jurídicamente largo y, como siempre ocurre en los litigios, imprevisible. El sector privado, sin embargo, puede actuar de forma más coherente: todos los organizadores de conciertos, todos los restaurantes, todos los hoteles, todos los parques de atracciones podrían insistir en las vacunas y en la tarjeta de vacunación. En caso de duda, esto probablemente tendrá que ser aclarado por los tribunales. Pero nadie puede obligar al dueño de un restaurante a dar de comer a personas no vacunadas en un local cerrado.

¿Una cuestión ética?

Los que relegan la vacunación al ámbito de lo arbitrario ignoran el recuerdo de fases muy graves de la pandemia: la sobrecarga, real o inminente, de la asistencia médica en muchos países, hasta el colapso de las estructuras, los efectos esperados en la generación más joven, que algunos ya llaman la "generación perdida", también los crecientes desajustes sociales y económicos.

Una cosa está clara: todo esto habla a favor de la vacunación éticamente obligatoria. En ocasiones, los políticos hablan demasiado y demasiado rápido como para poder para distinguir entre esta reivindicación ética y la obligación legal de vacunar, o para permitir que otros la distingan. Por el momento, también se podrá justificar de forma ética que las personas vacunadas tengan mayores libertades en algunas áreas de la vida social.

(gg)