"Sólo si reconocemos el valor absoluto de los derechos humanos, podemos lograr una sociedad plenamente justa y democrática", destacó Salomón Lerner, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, en su discurso durante la ceremonia de entrega del Premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert, cercana al partido socialdemócrata alemán.

Por su parte, al referirse al proceso de transición democrática en Chile, María Luisa Sepúlveda, Vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, destacó que entiende este premio como reconocimiento a su país, al gobierno chileno y a toda la sociedad, que está, dijo, "dando la cara al pasado".

El informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, publicado en noviembre 2004, recoge los testimonios de más de 36.000 víctimas de violaciones de los derechos humanos durante los 17 años de dictadura militar en Chile, acabando con la versión oficial de las fuerzas armadas, según la cual nunca hubo tortura sistemática en Chile. El 90% de los presos políticos fueron víctimas de violencia física y sicológica.

Siguen negando el pasado

Sin embargo, el informe de la comisión indica, que hasta el día de hoy, la práctica de la tortura durante la dictadura sigue siendo negada por muchos chilenos. "Sólo si le devolvemos un nombre, una identidad a las víctimas", destacó Sepúlveda, la sociedad chilena podrá superar el pasado, y aprender de él." Y para ello, añadió, será necesario también el apoyo internacional, que debe mantener una actitud crítica hacia el proceso chileno, para evitar que "descansemos sobre nuestros laureles".

El informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura en Chile fue el segundo de este tipo. Ya en 1991, la Comisión Rettig publicó un informe que recogía los nombres de más de 3000 chilenos asesinados o desaparecidos bajo el régimen militar.

70 000 muertos: ese es el dramático resultado del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Salomón Lerner Febres, y que analizó las décadas de guerra civil en Perú entre 1980 y 2000. Fue un amargo despertar para la opinión pública peruana, que estimaba la cifra de víctimas en la mitad. La gran mayoría, 85% de las víctimas, fueron campesinos, indígenas, que vivían en zonas alejadas del país.

Salomón Lerner destacó que Perú, si bien ha superado la época de violencia, siguen siendo hasta el día de hoy un país de una marcada tendencia racista. "La suerte de la población andina, quechua-hablante no interesó nunca al resto de los peruanos", dijo Lerner, quien coincidió con su par chilena en constatar el desinterés de grandes partes de la sociedad de cara a la labor de la Comisión de la Verdad.

Torturadores sin nombre

Ambos galardonados destacaron que los respectivos informes sobre la violencia en Chile y Perú constituyen un desafío para los gobiernos de ambos países. Ambos documentos comprenden una serie de recomendaciones de reparación e indemnización de las víctimas.

Así, en Chile, las víctimas de la tortura reciben una renta vitalicia de €150 mensuales. Sin embargo, el informe no da a conocer los nombres de los torturadores, muchos de ellos viven en la impunidad. Las víctimas corren el riesgo de verse confrontados con sus victimarios a diario. Así es el caso de la actual candidata a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, que vive en el mismo edificio en Santiago que el ex-militar que la torturó cuando fue detenida después del golpe militar en septiembre de 1973.