Gabriel Garcés mira al horizonte. Tiene 55 años, pero parece mayor. Luce cansado. “Los paramilitares me expulsaron. Amenazaron con matarme y me dieron tres días para abandonar mi granja”. La cara de Garcés muestra las huellas de la guerra, la violencia y el desplazamiento.

Garcés vive en Urabá, en la región costera al norte de Colombia, uno de los centros de la guerra civil. Durante décadas han luchado ahí por la supremacía militar los guerrilleros de izquierda, los paramilitares de la extrema derecha y el gobierno. El resultado: miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Entre esas cifras está Alicia Pacheco, de 43 años. “Fui expulsada por la guerrilla, junto a mi familia”. Pacheco era entonces apenas una niña. “Después intenté volver a mis tierras, pero los nuevos propietarios me amenazaron. Todo eso lo informé a las autoridades, pero no me prestaron atención”.

Ayuda para las víctimas

Ahora todo debiera cambiar. Hace un año entró en vigor una ley que busca compensar a personas como Gabriel Garcés y Alicia Pacheco y permitirles, además, recuperar sus tierras. Muchas de las víctimas lo perdieron todo. Sus familiares fueron asesinados y sus propiedades, usurpadas. Ahora viven en la miseria en grandes ciudades o como mano de obra barata en las plantaciones de los grandes terratenientes. Por primera vez están ahora en la lista de prioridades del Gobierno.

Como prueba, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, viajó con todo su gabinete a la región de Urabá, para hablar de la nueva ley. “Queremos reconciliación, paz y desarrollo”, dijo el mandatario ante unos 20.000 desplazados. “Nadie nos detendrá. Nuestro objetivo es que cada desplazado que tenga un reclamo legal justificado sobre sus tierra pueda volver a ellas”.



Antes del acto hubo amenazas anónimas a quienes participaran en él. Aun así llegaron desplazados de toda la región. En su discurso, Santos usó palabras inusuales para un político conservador. Para su gobierno no se trata solo de una ley de compensación, dijo. “Es una revolución agraria que transformará las zonas rurales en polos de desarrollo y prosperidad. Es una revolución sin armas, con la Constitución y la Ley en las manos”.

Distribución desigual de la tierra

En casi ningún otro país la tierra está distribuida de forma tan desigual como en Colombia. Tres mil terratenientes controlan cerca de la mitad de la tierra cultivable. Por ello les vino tan bien el mensaje presidencial a desplazados como Alicia Pacheco. “El presidente nos ha dado esperanzas. Por cómo habló con nosotros, porque nos va a ayudar… Eso nos alegra mucho”.

Carmen Palencia dirige la organización de desplazados "Tierra y Vida". También ella se alegra con la Ley de compensación. “Esperamos que al fin las tierras usurpadas vuelvan a sus dueños legítimos”. Alrededor de cinco millones de personas fueron desplazadas en los últimos años en Colombia, de las cuales 1,6 millones perdieron sus terrenos, estima Palencia. La extensión robada es casi del tamaño de Austria y a menudo está en manos de poderosos terratenientes.

La ley se aplica desde principios de 2012. La meta es completar en diez años la restitución y las indemnizaciones. Pero hasta el momento no ha pasado mucho. Se dedicó mucho tiempo a la construcción de la burocracia necesaria para sacar adelante el plan. En diciembre de 2012, las primeras 31 familias recibieron sus títulos de propiedad. Asimismo, cada una de ellas obtuvo cerca de 10.000 euros, en compensación por sus casas destruidas.

Temor por nuevos actos de violencia

Sin embargo, el retorno a las tierras está lejos de ser seguro. El mayor problema, dice Carmen Palencia, es la extrema derecha, que “está organizada y armada. Ellos no quieren permitir que les quiten las tierras robadas y harán todo lo posible, incluso matar a los dirigentes de los desplazados, para no tener que devolverlas”.



Desde 2010, más de 30 líderes de los desplazados han sido asesinados. También Carmen Palencia ha sido amenazada de muerte. Ahora vive en Bogotá, y a Urabá viajó con guardaespaldas proporcionados por el gobierno. “En Urabá la influencia de los paramilitares sigue siendo muy grande”, dice. “Sus partidarios financian a diputados, alcaldes y gobernadores”.

Por eso muchos desplazados todavía tienen miedo. También Gabriel Garcés. “Un campesino acá no vale nada. Sin seguridad, somos presa fácil. Estos bandidos siguen ahí, y si el gobierno no nos da ninguna garantía, volver sería peligroso. No les cuesta nada a estos tipos dispararnos y luego esconderse en las montañas”.

El presidente Juan Manuel Santos prometió seguridad. Es mérito suyo que personas como Gabriel Garcés y Alicia Pacheco vuelvan a tener esperanza. Ahora Santos debe preocuparse de no traicionar esa renovada confianza en los políticos. Y eso será difícil. La influencia del Gobierno es escasa en las zonas en conflicto. Por ello sería importante conseguir un éxito en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que se realizan en La Habana. Ahí el problema central también es el mismo: las tierras.

Autor: Nils Naumann / DZ
Editora: Cristina Papaleo