A finales de agosto de 2025, se celebró en Bogotá la V Cumbre de jefes de Estado de los Países Amazónicos que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). En ella participaron los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Bolivia, Luis Arce Catacora.

En representación de Ecuador asistió su vicepresidenta, María José Pinto. Aunque el TCA celebró su 45.º aniversario dos años atrás, ha sufrido problemas de financiación y de falta de un compromiso político fuerte y constante para desarrollar, en todo este tiempo, una presencia a la altura de los problemas de los diferentes ecosistemas amazónicos, tanto terrestres como acuáticos.

Con Brasil, que posee el 60 por ciento de la Amazonia, Perú (13 por ciento), Bolivia (10 por ciento), Colombia (6 por ciento), Venezuela (5 por ciento), Guyana (5 por ciento), Surinam (1,7 por ciento) y Ecuador (1 por ciento), se han unido ocho países para hacer frente de manera conjunta a los retos a los que se enfrenta la Amazonia, tanto desde el punto de vista de la conservación como del desarrollo sostenible.

A diferencia de la perspectiva de muchos observadores europeos, se está prestando especial atención a las condiciones de vida de sus habitantes y a sus posibilidades de desarrollar una vida digna. En este sentido, en la Declaración de Bogotá se avanzó con la inauguración del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI). Con este instrumento, se pretende garantizar la participación oficial de los pueblos originarios de la región en las discusiones y decisiones que se adopten en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Sin embargo, en un punto central de la agenda del evento, Colombia, como anfitriona, no logró alcanzar un acuerdo para que la Amazonía no se convirtiera en un territorio de explotación de combustibles fósiles, como el petróleo, ya que otros participantes, como Brasil, desean seguir adelante con sus planes de explotar estos recursos.

Seguridad y minería ilegal

El incremento de los delitos ambientales, como el tráfico de fauna y flora silvestres, la minería ilegal y la expansión del crimen transnacional, así como las amenazas a los defensores de la Amazonia, son una preocupación constante.

Una cuestión importante es la trazabilidad del oro para combatir la comercialización de oro de origen ilegal y el uso del mercurio en la explotación ilegal. Con este fin, se están generando nuevos formatos de cooperación: con la inauguración en Manaos/Brazil del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI), se pretende hacer frente de manera conjunta al narcotráfico y a la minería ilegal. También se apoya a la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos y Transnacionales en la Región Amazónica, conformada por la OTCA en su última cumbre en Belém en 2023, y que ha tenido un arranque muy lento desde entonces.

La cooperación policial, judicial y de inteligencia sigue quedando atrás respecto al ritmo de avance de las actividades ilícitas transfronterizas en la región amazónica. Será importante lograr la inclusión de las autoridades forestales en estos formatos de cooperación. Es evidente la necesidad de proteger a los habitantes de las amenazas asociadas a la deforestación, la minería, los incendios, la expansión agrícola y las actividades ilícitas, que ponen en peligro su supervivencia y los recursos naturales. Dado el papel central de la producción de cocaína y la abundancia de recursos naturales explotables en la cuenca del Amazonas, se considera que es una de las zonas con mayor concentración de grupos de delincuencia organizada en el planeta.

El TFFF: la búsqueda de nuevo financiamiento.

El Gobierno brasileño consiguió en la Cumbre el respaldo para su iniciativa del Fondo Financiero para los Bosques Tropicales (TFFF), que pretende convertir en pieza clave para su aprobación en la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém do Pará en noviembre de 2025.

Este planteamiento se inspira en la idea de la "economía verde", y trata de establecer instrumentos de mercado para avanzar en la protección de los bosques tropicales. El objetivo es crear un mecanismo de financiación permanente para pagar a los países por la conservación de sus bosques y pasar de modelos dependientes de donantes a un enfoque basado en la inversión que genere ingresos predecibles para la conservación forestal. Así, el TFFF pagaría a los inversores 4 dólares por hectárea al año por mil millones de hectáreas de bosque tropical repartidas por 73 países.

Esta iniciativa, que reúne a los países con mayor superficie de selva tropical, se presentó por primera vez en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Indonesia en noviembre de 2022. En ella, Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo —que en conjunto suman aproximadamente el 52 por ciento de las selvas tropicales del mundo— anunciaron este acuerdo.

En febrero de 2025 se difundió una nueva versión del TFFF, en la que el Gobierno de Brasil estableció un Comité Directivo Provisional compuesto por seis países con bosques tropicales (Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia y Malasia), y seis posibles países patrocinadores del TFFF (Alemania, Estados Unidos, Francia, Noruega, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos).

Sin embargo, con la llegada del Gobierno de Donald Trump, este modelo ya no es viable. Se esperaba que los "patrocinadores" del TFFF, como el Banco Mundial y los países comprometidos, aportaran el 20 por ciento de los 125 000 millones de dólares del capital del fondo, mientras que el 80 por ciento restante se obtendría de "inversores del mercado".

Los primeros invertirían 25 000 millones de dólares y los segundos, 100 000 millones. Las últimas informaciones indican que el TFFF carece, hasta la fecha, de compromisos vinculantes, ya que muchos Estados se muestran reticentes a asumir nuevas obligaciones financieras. Así, los retos ambientales y de seguridad en la Amazonia siguen preocupando a nivel local, regional y global, sin que las autoridades avancen con la velocidad y la voluntad necesarias para implementar soluciones.

(ms)