Al mismo tiempo que Europa debate las condiciones de la ayuda que prevé proporcionar a España, el Gobierno de Mariano Rajoy somete a la población a duras medidas de ajuste. El objetivo: conseguir ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y medio. En este sentido, los recortes y ajustes aprobados por el Partido Popular han desatado las críticas de la oposición y de numerosas plataformas sociales a lo que consideran un atentado contra el Estado de Bienestar y los servicios públicos en general.

Así, mientras la crisis se ceba con los mercados españoles y ahoga aún más la solvencia económica de la población, las centrales sindicales Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar Social y los Servicios Públicos convocaron a las movilizaciones de este jueves (19.07) por todo el país.

Las protestas recorren el país

Bajo los lemas de "Quieren arruinar el país" o "Hay que impedirlo", los manifestantes rechazan los recortes al gasto social como única medida para salir de una crisis que ya dura cuatro años. La situación es trágica. Así lo sostiene un comunicado emitido por las organizaciones convocantes, en el que se afirma que estas duras medidas de ajuste están provocando el "deterioro de las condiciones de trabajo, la destrucción del empleo público" y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, "patrimonio de toda la sociedad". Plataformas ciudadanas como democracia Real YA y el 15M, tan activas en anteriores movilizaciones, dieron su apoyo a esta novena concentración desde que el Ejecutivo anunció las medidas de ajuste.

Funcionarios de justicia se unen a la convocatoria

Los sindicatos advierten: llueve sobre mojado. Y es que mantienen que las políticas de Rajoy no sólo no han contribuido a superar la crisis, sino que la han agravado. Entre los recortes aprobados por el Ejecutivo se contempla la subida del IVA al 21%, la reducción en la prestación de desempleo a partir del séptimo mes de cobro, la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos y la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios.

Así, colectivos públicos de profesores, médicos, jueces y fiscales han decidido secundar la movilización, ante lo que consideran un ataque a sus derechos laborales. Precisamente, representantes del gremio judicial, como el Sindicato de Secretarios Judiciales (SiSeJ) también se han unido a la marcha contra los recortes. El portavoz del SiSeJ, Rafael Lafuente, ha expresado a DW su indignación ante estas medidas, que a su juicio suponen la quiebra del Estado de Bienestar.

"Nos sumamos a la convocatoria no sólo por una cuestión meramente corporativa, sino porque esta movilización supone una defensa de los servicios públicos como la sanidad, la enseñanza y la justicia". De hecho, en estos últimos días, funcionarios de diferentes administraciones de Madrid han cortado el tráfico de modo intermitente en zonas estratégicas de la capital española como símbolo de protesta.

En el caso de los funcionario de Justicia, se reduce un 7% la masa salarial de los trabajadores y se les amplia la jornada laboral, lo que "va a provocar un despido de los funcionarios interinos que van a engrosar las cifras de parados. Es un ataque gratuito y creemos que no va a contribuir a la recuperación económica", dice Lafuente.

En opinión del portavoz del SiSeJ, el Gobierno español pretende que los funcionarios públicos carguen con las consecuencias de la crisis, lo que, a su parecer, obedece a políticas de corte neoliberal. "Al mismo tiempo que el Ejecutivo anuncia la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios, anuncia una rebaja de la cotización social a los empresarios", lamenta.

Sindicatos piden referéndum

Los secretarios generales de UGT y CCOO han aseverado que, dadas las circunstancias, no rechazan la posibilidad de una huelga general y han pedido al Gobierno que someta sus recortes a referéndum. "No hay ningún referente de la magnitud de atropello que el Gobierno está haciendo. Esto afecta al 99,99 % de la población. Por eso pensamos que hay que tomar iniciativas" excepcionales, ha expresado Cándido Méndez, secretario general de UGT, en entrevista con Cadena Ser.

Para justificar sus políticas de austeridad, Rajoy anunció hace unos días que la crisis ha anulado la libertad de los españoles para decidir sobre las políticas económicas. Sin embargo, el portavoz del SiSeJ recuerda que "España se constituyó en 1978 como un Estado democrático de derecho" y critica la falta de diálogo social del Gobierno. Por ello, coincide con las grandes centrales sindicales y asevera que los ajustes deben ser votados en referéndum, "puesto que no es el programa con el que el Partido Popular ganó las elecciones".

Autor: Nuria García Reche

Editor: Emilia Rojas Sasse