Junto al aeropuerto a las afueras de Cluj-Napoca, una de las ciudades de mayor crecimiento de Rumanía, se encuentra un enorme vertedero. Al llegar en avión, es fácil pasar por alto los tejados multicolores de las precarias viviendas entre las enormes montañas de basura. Pero la zona rebosa vida. Los carros tirados por caballos se cruzan con los camiones de basura vacíos que regresan a la ciudad. Los niños corren descalzos entre las casas de madera improvisadas y los cuervos sobrevuelan la zona buscando comida.

Esto es Pata Rât, el mayor vertedero del país y durante mucho tiempo uno de sus pecados medioambientales más flagrantes. Durante décadas, en el basurero se vertían residuos sin tratar y se producían incendios, en los que también murieron personas.

La UE impulsó el cierre de Pata Rât en 2015. Unos 2,5 millones de toneladas de residuos, acumulados a lo largo de 70 años y que cubrían una superficie del tamaño de 27 campos de fútbol, se cubrieron con tierra y, a finales de 2019, las autoridades locales declararon que Pata Rât era "historia”.

Sin embargo, para los 1.500 gitanos que aún viven aquí, Pata Rât está muy vivo. Y también lo está el peligro medioambiental que tienen a sus puertas. Dos vertederos de "almacenamiento temporal” instalados junto al antiguo en 2015, siguen creciendo sin cesar, y los expertos afirman que los antiguos residuos nunca se trataron adecuadamente.

"Este no era un vertedero ecológico, no se construyó de acuerdo con las normas europeas”, afirma Ciprian-Valentin Nodis. "Muchas sustancias tóxicas fueron a parar al suelo y, por tanto, a las aguas subterráneas. Toda la zona está contaminada”, afirma el activista gitano.

Expulsados de la ciudad

Los primeros residentes romaníes de Pata Rât empezaron a llegar a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Algunos se vieron empujados por la pobreza a trasladarse al vertedero y trabajar como recolectores. Sin embargo, la mayoría llegaron en sucesivas oleadas de desalojos, que tuvieron lugar desde que Cluj-Napoca comenzó a experimentar un boom inmobiliario en la década de 2000. El último fue en 2010, cuando las autoridades locales desahuciaron a 350 vecinos de la calle Coastei, cerca del centro de la ciudad.

Linda Greta Zsiga recuerda la fría mañana de diciembre en la que ella y su familia fueron despertados por la policía, los funcionarios municipales y las excavadoras a la puerta de su casa. Apenas dos días antes, ellos y otras 75 familias gitanas que vivían en la calle habían recibido una notificación de desalojo. Su nuevo hogar iba a ser un complejo de pequeñas unidades modulares situadas entre los campamentos de Pata Rât.

Zsiga cuenta que la comunidad romaní de la calle Coastei estaba bien integrada. Llevaban generaciones allí, pagaban el alquiler y la electricidad de sus viviendas de propiedad pública, y sus hijos iban a las escuelas y guarderías municipales del barrio. Sin embargo, de repente se les arrojó al montón de basura de la ciudad. "Para ellos somos escoria, no seres humanos, y pensaban que merecíamos vivir aquí”, critica Zsiga.

Racismo contra los gitanos en Europa

En una encuesta realizada el año pasado, siete de cada diez rumanos admitieron que no confiaban en los gitanos. Entre el 20 y el 30 por ciento de los encuestados opinaron que los romaníes tienen demasiados derechos, que el Estado debería poder usar la violencia contra ellos, o que la discriminación y la incitación al odio contra el pueblo gitano no deberían ser castigados.

Estas actitudes no son exclusivas de Rumania. En toda Europa, el racismo contra la mayor minoría étnica del continente se traduce en la denegación de derechos civiles básicos, la exclusión del empleo y de los servicios públicos y, quizá lo más llamativo, la expulsión de las comunidades romaníes a zonas sin agua, saneamiento y eliminación de residuos adecuados.

A menudo, estos emplazamientos se encuentran también en lugares peligrosos. Unestudio publicado el año pasado por la Oficina Europea del Medioambiente (EEB, por sus siglas en inglés) sobre el "Racismo ambiental contra las comunidades romaníes en Europa Central y Oriental”, concluyó que los romaníes estaban "desproporcionadamente expuestos a la degradación y contaminación ambiental derivada de vertederos y basureros, lugares contaminados o industrias sucias”.

Hacinados, sucios y aislados

Cuando Zsiga llegó a Pata Rât con su familia, los doce miembros de la misma se vieron hacinados en una habitación de 16 metros cuadrados. El espacio era tan reducido que ni siquiera cabían las pocas pertenencias que se pudieron llevar. Compartían un único retrete y una ducha de agua fría con los ocupantes de otras tres habitaciones igualmente abarrotadas.

Zsiga recuerda exactamente cómo se asomó a la ventana por primera vez. Vio basura, simplemente basura por todas partes. "No había pájaros ni árboles”, dice, y "sin embargo, adoro la naturaleza”.

Un estudio realizado en 2012 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que el 22 por ciento de los adultos padecían enfermedades crónicas o algún problema de salud. Los investigadores documentaron altas tasas de infecciones cutáneas, asma, bronquitis, hipertensión arterial, problemas cardíacos y estomacales. Un informe del Centro Europeo de los Derechos para los Gitanos (ERRC, por sus siglas en inglés) de ese mismo año constató que, en los dos años siguientes a su desalojo, los problemas de salud de la comunidad de Coastei se habían duplicado con creces desde que se instalaron en Pata Rât. 

Según el estudio de la EEB, los desalojos forzosos son la principal expresión de racismo medioambiental contra los gitanos, principalmente en lugares de "alto valor económico”. A la comunidad de Coastei no se le dio una razón para su expulsión. Sin embargo, Zsiga no duda de por qué fueron trasladados. "Querían "limpiar” Cluj-Napoca de nosotros, los gitanos. Ahora muy pocos gitanos siguen viviendo en la ciudad”.

El ayuntamiento de Cluj-Napoca declaró a DW que están limpiando Pata Rât y proporcionando servicios sanitarios y comunitarios a la comunidad. También afirmaron que están tratando de evitar los desalojos y que son socios de un programa que proporciona viviendas a 30 familias, aunque no están aportando fondos al plan.

Los recolectores se quedan sin trabajo

Desde que se cerró oficialmente el vertedero, no hay datos sanitarios fiables de Pata Rât. Sin embargo, empleados de ONG locales informan de que las enfermedades respiratorias siguen estando muy extendidas aquí, incluso entre la población infantil.

Y desde el punto de vista económico, el cierre del vertedero ha hecho que la vida en Pata Rât sea aún más difícil. Adela Ludvig, de 28 años y madre de cuatro hijos, ha vivido junto al vertedero desde que tiene uso de razón. Su casa es de madera contrachapada y el tejado es una vieja lona publicitaria, todos ellos materiales de desecho recogidos en el vertedero. Actualmente, su "villa”, como la llama Ludvig, tiene vistas a un vertedero de residuos químicos cubierto de láminas de plástico azul y rodeado por alambre de púas.

Ludvig solía recoger botellas y láminas de plástico, latas y cartón, que vendía a una empresa local de reciclaje. Con este dinero podía mantener a su familia: "Podía comprar comida”, dice, "o medicinas, cuando los niños las necesitaban”.

Pero los nuevos vertederos "temporales” están vallados. Cuando el gran vertedero cerró, los recolectores como Ludvig se quedaron sin trabajo. "La gente lloraba de hambre”, recuerda.

Ludvig y sus hijos (un quinto está en camino) viven ahora de los 220 euros que reciben cada mes en concepto de subsidio familiar por hijos. La fuente de agua más cercana está a varios cientos de metros de su cabaña. Camina cuatro o cinco veces al día a la fuente para satisfacer las necesidades de su familia. Tienen acceso a un generador de electricidad, pero no pueden pagar la gasolina.

Las comunidades de Pata Rât se defienden

Más de un año después de que el vertedero fuera declarado "historia”, el alcalde de Cluj-Napoca prometió que los campamentos de Pata Rât "desaparecerían para 2030”. Sin embargo, no ha revelado qué ocurrirá con las 350 familias que aún viven allí. Antes de su anuncio, los residentes ya habían tomado cartas en el asunto.

En 2012, Zsiga y otros antiguos vecinos de su calle de Coastei fundaron una asociación junto con algunas organizaciones de derechos humanos para encontrar soluciones a la situación de la vivienda en Pata Rât. También demandaron a las autoridades por los desalojos. Todavía están a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre su caso.

Por otro lado, gracias a la ayuda económica de Noruega, 35 familias que antes vivían en la calle Coastei pudieron trasladarse desde Pata Rât de vuelta a Cluj-Napoca o a los pueblos de los alrededores entre 2014 y 2017. Noruega no es miembro de la UE, pero participa en el mercado interior. Por ello, el gobierno noruego financia a cambio proyectos sociales en el sur y el este de Europa.

Zsiga vive ahora con su pareja y sus hijos en un apartamento de tres habitaciones en la ciudad. Pero no se ha olvidado de Pata Rât. Sus hermanos y familiares siguen viviendo allí. Zsiga está trabajando actualmente para conseguir que otras 30 familias puedan trasladarse en el marco de la iniciativa. "Me gustaría que no quedara nadie más en Pata Rât”, dice Zsiga, "nadie merece vivir allí”.

(ar/ers)