En el norte de Brasil, la selva amazónica se asemeja a una colcha de retazos en algunos lugares. Anteriormente exuberante e impenetrable, hoy ha perdido grandes extensiones de tierra. En vez de una superficie homogénea en estos lugares parece filtrarse la tierra desnuda, un signo de los ecosistemas destruidos por la deforestación y la sobreexplotación. Las vistas del territorio de la tribu Kayapó, sin embargo, muestran una tierra intacta. Sobre una superficie de 11 millones de hectáreas, de selva tropical y sabana, los pueblos indígenas han sabido proteger sus tierras. Más de 10.000 personas viven en 46 aldeas dispersas sobre un área tan grande como Bulgaria.

Las imágenes de satélite confirman lo que los científicos ya suponían desde el principio. Los Kayapó son los conservacionistas más eficaces contra la tala ilegal, la ganadería y la explotación minera de los yacimientos de oro. Sin embargo, es cuestionable si en el futuro serán capaces de mantener esta tarea, ya que hay grandes fuerzas políticas y económicas trabajando en contra de ellos.

En 2013, Brasil creó un comité extraordinario encargado de examinar una enmienda constitucional, la llamada PEC 215 (Propuesta de Enmienda Constitucional 215). A través de ella se transferiría al Congreso Nacional el poder de demarcar tierras indígenas, un derecho fundamental de los aborígenes, hoy competencia del Gobierno Federal. A primera vista, un paso inofensivo. Sin embargo, en el Congreso hay una fracción con estrechos vínculos a la industria agrícola, forestal, energética y minera. Los llamados ruralistas prefieren sacar provecho de la tierra, en lugar de dejar a los pueblos indígenas vivir en ella. Como resultado, muchos ven en la propuesta de enmienda una amenaza para lo que queda de selva amazónica y su biodiversidad. El territorio de los Kayapó es el más grande de su tipo en la región. Asimismo, también hay otras 690 áreas reconocidas en la Amazonía, que podrían verse afectadas por el cambio.

Cazadores, recolectores y guardianes del ecosistema

Como una especie de compensación por la protección de sus tierras, los Kayapó cuentan con el bosque como fuente de alimentos. Los hombres pescan y cazan mamíferos, aves y tortugas, mientas que las mujeres recogen frutos secos y frutas.

Su influencia sobre las poblaciones de especies en peligro de extinción es muy baja, según aclara Barbara Zimmermann, directora del Proyecto Kayapó, de la ONG International Conservation Fund of Canada (ICFC). "Ellos no causan ninguna pérdida, ni siquiera en las especies sensibles", afirma, citando como ejemplo al pecarí barbiblanco, al tapir y a muchas especies en peligro de extinción. Sin embargo, añade que por el contrario el número de ejemplares está disminuyendo rápidamente en otras partes de la Amazonía donde también son cazados. "Cualquier científico que esté trabajando en el Amazonas, confirmaría que las áreas de los indígenas son esenciales para la conservación de la biodiversidad".

En caso de que la industria acceda a estas áreas, los investigadores temen que muchas especies ya amenazadas estarían expuestas a mayores peligros. Entre ellas se incluye al mono araña de cara blanca, la nutria gigante y el guacamayo jacinto. Pero también otras especies de caza mayor en peligro de extinción como el armadillo gigante, el perro de monte y el jaguar viven dentro del territorio de los Kayapó.

La importancia de la selva amazónica va mucho más allá del suministro de alimentos. El bosque suaviza el impacto del cambio climático mediante el mantenimiento correcto del ciclo del agua, asimismo regula el drenaje del agua de lluvia y estabiliza el suelo. Por lo tanto, el bosque es también un importante regulador para las ciudades de la región, incluyendo São Paulo. La ciudad sufrió cortes de energía y racionamiento de agua en 2014, durante la peor sequía en 80 años. Los científicos atribuyen la sequía a la deforestación de la Amazonía.

El poder de los intereses económicos

La sed por conseguir tierras de selva tropical, que impulsa la tala ilegal a gran escala y la ganadería en la Amazonía, está vinculada al auge del sector agrícola brasileño. Según la compañía de consultoría y auditoría PwC el sector agrario emplea a cerca de un tercio de la población activa brasileña y representa el 22% del producto interior bruto del país. Brasil es uno de los tres principales exportadores de carne de vacuno del mundo. En 2013, el 40% de las exportaciones mundiales de productos como el café, el azúcar, el zumo de naranja y la soja procedían de Brasil.

La industria agrícola ha crecido enormemente. Tanto es así que el sector posee muchos grupos de presión en el gobierno, que pueden influir en cuestiones como la PEC 215. En cabeza de grupo se encuentra Kátia Abreu, nombrada Ministra de Agricultura en diciembre de 2014 por la presidenta Dilma Rousseff. En una entrevista en The Guardian, a mediados del mismo año, Abreu describía el aumento de la producción agrícola como uno de sus principales objetivos.

"No podemos dormirnos en los laureles. Hay muchas cosas que frenan el progreso. El problema ambiental, la cuestión indígena y otras muchas", dice Abreu, en referencia a las tribus de la Amazonía. "Pero incluso con estos problemas, obtenemos altos niveles de productividad. Imagínese lo que podríamos conseguir sin estos obstáculos".

Sarah Shenker, directora de campaña en Survival International, lo contradice. Según Shenker, en realidad solo una pequeña proporción de los brasileños se beneficia de la industria agrícola. "Estos proyectos enriquecen especialmente a las grandes empresas. Una parte del dinero fluye hacia el gobierno. Pero ninguno de los proyectos se traduce en mejoras para los pobres", explica la activista.

El inicio de un plan de desarrollo

La PEC 215 es solo el comienzo de un programa de desarrollo mayor, según critican los representantes de los pueblos indígenas, así como los parlamentarios y varias organizaciones. Temen que este plan permitirá "el acceso de las grandes empresas en estas áreas protegidas". Juntos firmaron un manifiesto y lo entregaron al Congreso en junio, según el cual se prevé una mayor industria agraria y varias centrales hidroeléctricas. Además, se planea promover la minería y la construcción de autovías, vías fluviales, puertos y ferrocarriles para el transporte industrial.

"Cuando lucho por la preservación de la selva, estoy luchando para todo el mundo", dice uno de los grandes jefes del pueblo Kayapó, Raoni Metuktire, en un llamamiento online contra el controvertido proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingu, en el norte del país, que se espera esté terminado a finales de 2015. El Jefe Raoni y el Jefe Mekaron-Ti organizan protestas, desde hace más de 40 años, impulsadas por la tradición y el espíritu de su tribu. Las tribus locales se oponen a la presa, dicen que dañará el medio ambiente y su modo de vida. El gobierno argumenta que proporcionará energía limpia y renovable para la región, así como desarrollo económico.

La corrupción impide la protección del medio ambiente

La protección ambiental depende de la buena voluntad de un gobierno corrupto. En agosto, miles de personas se manifestaron en la calle, cuando el país fue sacudido por acusaciones de corrupción masiva. Altos funcionarios y ejecutivos de las empresas estaban bajo sospecha de corrupción, lavado de dinero y soborno.

Entre ellos, Paulo Roberto Costa, ex director general de Petrobras y uno de los primeros ejecutivos de alto rango detenidos y condenados. Costa hizo público nombres de políticos, que estuvieron involucrados en la corrupción sistemática de áreas como el transporte y la construcción de presas. Dalton Avancini, ex presidente de Camargo Corrêa, fue otro de los procesados. Su compañía pagó millones, con el fin de asegurarse una parte importante en la construcción de la mega presa Belo Monte en el Amazonas.

"En el horizonte, se avecina una gran tormenta", dice Barbara Zimmermann, y añade: "los ganaderos quieren la tierra, los colonos quieren la tierra. Hay que recordar que los Kayapó disponen de los últimos stocks valiosos de madera de toda la región. La presión es enorme."

Autor: Jenny Peng (AR/PK)