Según un estudio publicado este 7 de enero de 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la trata de personas es una práctica cada vez más frecuente entre los grupos armados en zonas de conflicto. La misma les sirve para financiarse, mediante el sometimiento de personas a trabajos forzados o su venta como lacayos, y para atraer a reclutas, con la promesa de poner mujeres a su disposición como esclavas sexuales, por ejemplo. Pero, ¿aplica esta descripción del fenómeno sólo para lo que ocurre en varios rincones de África y Asia, o también para lo que sucede en América Latina y el Caribe? “Yo sí creo que la violencia política y la criminal juegan un papel importante en la prosperidad del tráfico humano como negocio en Latinoamérica”, dice Sebastian Huhn, del Instituto para la Investigación de la Migración y los Estudios Interculturales (IMIS), con sede en Osnabrück.

La violencia como abono del fenómeno

“Mucha gente le da la espalda a su tierra natal para escapar de una u otra forma de la violencia y, al hacerlo, queda sumida en una situación de indefensión. Quienes no son secuestrados, vendidos como esclavos u obligados a prostituirse en su propio país, corren el riesgo de serlo en otro. Puede que la prostitución forzada –sobre todo la infantil– no sea tan recurrente en Latinoamérica como en Asia, pero sí que la hay. Y eso se debe a la prevalencia de la corrupción y a la precariedad del Estado de derecho en buena parte de la región, entre otros factores. Imaginémonos una constelación concreta: si las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley se alían con el crimen organizado y las instituciones que fiscalizan la actuación de los órganos estatales no están en capacidad de cumplir sus funciones cabalmente o son sobornables, ¿cómo no van a tener éxito negocios ilícitos como el tráfico humano?”, plantea Huhn.

La politóloga Viviana García, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), coincide con el especialista de Osnabrück y profundiza en la materia: “Actualmente, el único conflicto armado en América Latina y el Caribe, en el sentido tradicional del término, es el que existe entre el Estado colombiano y el ELN, una organización guerrillera. Pero, desde una perspectiva más amplia, cabe decir que en el subcontinente hay numerosos focos de violencia sostenida: la practicada por el crimen organizado en México y Brasil; la de las pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras; la ejercida por Gobiernos en países donde la democracia está en crisis, como Nicaragua y Venezuela; y otras formas de violencia que encuentran un caldo de cultivo ideal en países como Haití, donde la institucionalidad estatal nunca ha logrado consolidarse y la intervención internacional no ha sido de gran ayuda”, explica.

Cifras espeluznantes

García agrega que, de esas circunstancias, las que no facilitan la trata de personas directamente, lo terminan haciendo indirectamente al poner en marcha grandes flujos migratorios, es decir, movilizaciones masivas de personas en condiciones de alta vulnerabilidad. “El tráfico humano en América Latina y el Caribe ha sido poco estudiado, a pesar de no ser un problema reciente. Y aún hoy, cuando está claro que el éxodo centroamericano y el éxodo venezolano no tienen nada que envidiarle al sirio, los noticieros del mundo no tienen en sus radares los procesos de explotación humana a los que están expuestos muchos migrantes al sur del Río Bravo. Muchos huyen de la violencia que plaga a sus naciones de origen sólo para toparse con otras formas de violencia en los países de tránsito y en los de destino porque los últimos también presentan condiciones estructurales reñidas con los derechos humanos”, esgrime García.

Si bien la mayoría de las víctimas del tráfico humano son obligadas a prostituirse (del 58 al 59 por ciento) o a realizar otros trabajos forzados (del 32 al 34 por ciento), la trata de personas también es parte integral de los negocios en torno a la provisión de servicios domésticos, a las adopciones ilegales y a la mendicidad impuesta, sobre todo en Sudamérica. “Los países andinos reportan una proporción particularmente grande de trata de niños”, reza un segmento del Informe Global sobre Trata de Personas 2018, elaborado por la ONUDD con base en unos 24.000 casos documentados en 2016 en 142 países. En Bolivia y Perú se detectaron más víctimas infantiles que adultos; en Ecuador, los menores representan poco menos de la mitad del total. El 82 por ciento de las víctimas registradas en Sudamérica son mujeres y su destino más común es la explotación sexual. Dos tercios de los detenidos y condenados por esta forma de esclavitud son hombres.

Aunque casi todos los países sudamericanos tienen leyes contra la trata de personas en línea con la normativa internacional, fue allí donde se detectaron alrededor de 0,7 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2016, una cifra que está por detrás de Europa, Norteamérica y Centroamérica, pero que es similar a la de Asia.

(jov)

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