El revuelo que levantó días atrás un mensaje del Gobierno argentino sobre la matrícula de periodistas ya se ha ido disipando, después de que se aclaró que el registro no tenía carácter obligatorio.

Antes de la aclaración oficial, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya había manifestado que "es preocupante el intento de coartar la libertad de expresión". Y, en términos generales, aunque la tendencia a aplicar estos registros a nivel regional va a la baja, no hay motivo para bajar la guardia.

"Se aclaró que había sido un error y que no había sido la intención poner trabas al ejercicio periodístico, pero no deja de preocupar que haya salido este tema en momentos en que empieza a haber algunos ataques verbales del presidente o de funcionarios contra periodistas y medios de comunicación", dice a DW Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Porque "más allá de esta situación, enojosa si se quiere, provocada por un tuit oficial, hay países de la región donde periódicamente vuelven a surgir intentos de colegiación obligatoria".

Otros intentos

Jornet cita, como ejemplo, el caso de Perú, donde una congresista del partido Renovación Popular presentó una iniciativa, el 10 de marzo de 2023, ante la Comisión de Educación del Congreso. Allí se establecía como requisito obligatorio para el ejercicio del periodismo un título de bachiller en comunicaciones o la afiliación al Colegio de Periodistas del Perú.

La SIP alertó entonces de la situación en un comunicado, y su presidente, Michael Greenspon, indicó que "la instauración de estos requisitos podría ser utilizada por los Gobiernos para decidir quién puede ser periodista y bloquear a voces críticas, como se hacía en muchos países donde existían entes gubernamentales que regulaban la profesión". Ese proyecto peruano no prosperó.

Pero no es un caso aislado. En el mismo comunicado, de marzo de 2023, se consignaba también "preocupación por una propuesta de ley presentada el 28 de febrero al Senado del Estado de Florida, en Estados Unidos, que obligaría a los blogueros a registrase, en especial quienes escriban sobre el Gobierno y los legisladores estatales”.

Otros instrumentos

La colegiación obligatoria es solo uno de los instrumentos normativos que ponen en peligro la libertad de prensa. Existe también otro tipo de acoso judicial en muchos países de la región.

"Por ejemplo, hubo en Nicaragua una ley de ciberdelito -y algo similar hubo también en Venezuela-, que son en realidad formas embozadas de perseguir al periodismo crítico y tratar de poner trabas a la libertad de expresión también en las redes sociales", ilustra el presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP.

Además, "muchos dirigentes políticos aprovechan algunas situaciones que están contempladas en los códigos penales para intentar realizar demandas cuantiosas contra periodistas y medios de comunicación; eso termina siendo una suerte de mecanismo de censura previa", explica.

"Lamentablemente, todavía está vigente, por ejemplo, la figura de la difamación en países como Perú, donde un funcionario público que es criticado, o al que se atribuye alguna irregularidad, puede presentar una demanda por la vía penal", agrega Jornet. Y aboga por que las demandas se limiten a la vía civil, para evitar que un periodista termine preso por un juicio iniciado por un funcionario público.

Los casos extremos

Venezuela y Nicaragua, junto con Cuba, ocupan sistemáticamente los últimos lugares en el Índice Chapultepec sobre la libertad de prensa.

"En el caso de Cuba hay también restricciones para acceder al carnet, bloqueos de señales en algunos horarios o días, o cortes de energía eléctrica los días que va a haber alguna manifestación, para impedir de ese modo que los periodistas puedan conectarse y tratar de informar a través de redes sociales, que es prácticamente la única plataforma que queda disponible para poder comunicarse con la sociedad", dice Jornet.

Y recuerda que; en Nicaragua, también existe una clara persecución que obliga al exilio, e incluso el año pasado hubo deportaciones masivas de periodistas. "Esas son situaciones muy extremas, pero hay muchos países de la región donde hay problemas con el poder político", subraya.

Sí a la profesionalización, no al silenciamiento

El instrumento de la colegiación obligatoria sigue siendo utilizado, por ejemplo, en Venezuela. Y a menudo se intenta justificarlo esgrimiendo el argumento de la protección de la labor periodística. Sin embargo, Jornet no lo considera válido.

"Desde la SIP hemos hecho una firme campaña en contra de normas que establezcan esa obligatoriedad, porque entendemos que, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 1985), contraviene claramente el derecho a la libertad de información y de expresión, y no puede estar regulado por el Estado el ejercicio de ese derecho", dice.

Y aclara: "Nosotros trabajamos por la profesionalización del periodismo, pero no queremos que solamente puedan ejercer la libertad de prensa aquellos que tienen un título expedido por una universidad, porque eso dejaría a una cantidad de gente muy capaz fuera de la carrera".

Convencido de que "lo que se busca es silenciar", el presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP subraya que "debemos estar permanentemente alertas, porque es una tendencia recurrente del poder político intentar establecer ese mecanismo de control previo".

(rml)