En medio de una gran expectación mediática abrió en el Tribunal regional de Düsseldorf el proceso Mannesmann. En juego está no sólo la reputación de algunos de los hombres más poderosos de la economía alemana, sino la legitimidad del sistema corporativo y la práctica de retribución de jugosas primas a altos directivos.

Abriéndose paso entre las cámaras y un enjambre de reporteros, el banquero más poderoso de Alemania, Josef Ackermann, dijo no entender porqué se le acusaba. “Tal vez éste sea el único país en donde quien es exitoso y crea valor, es procesado por ello”, dijo sonriente el presidente del Deutsche Bank, de nacionalidad suiza. Visiblemente relajado, Ackermann llegó acompañado de sus abogados quienes insisten en la inocencia del banquero. En un tono similar se expresó otro de los acusados: “Actué correctamente y estamos aquí para probarlo”, dijo quien fuera el presidente del Mannesmann, Klaus Esser.

Ackermann, Esser, y otros cuatro altos ejecutivos del que fuera el gigante de las telecomunicaciones alemán, son acusados de fraude y de abusar de la confianza de accionistas durante la absorción hostil con la que el gigante británico de la telefonía móvil, Vodafone, se apoderó de Mannesmann en el 2000. Entre los acusados se encuentra el líder del sindicato IG Metall, Klaus Zwickel, los ejecutivos Joachim Funk, Juergen Ladberg y Dietmar Droste. Todos ellos ocupaban cargos en el consejo de la empresa y en el comité de vigilancia del consorcio.

¿Reconocimiento o soborno?

La fiscalía sostiene que los ejecutivos recibieron pagos ilegales por un monto equivalente a 57 millones de euros -71 millones de dólares-. Dichos pagos se ofrecieron supuestamente en reconocimiento a la gestión de los directivos, lo que permitió la absorción hostil del consorcio germano por parte de Vodafone. Tan sólo el ex-presidente ejecutivo de Mannesmann, Klaus Esser, recibió 16,3 millones de euros, mientras que el jefe del comité de vigilancia, Joachim Funk, recibió 3 millones de euros. La acusación argumenta que los pagos claramente se hicieron en contra de los intereses de la empresa y a espaldas de sus accionistas y por ello violan las leyes alemanas.

Ackermann, Zwickel, Funk y Ladberg, todos miembros del comité de vigilancia en aquel entonces, son acusados de abusar la confianza de accionistas al aprobar los pagos, mientras que Esser y Droste son acusados de complicidad. En caso de ser declarados culpables podrían recibir fuertes multas y penas de hasta 10 años de cárcel.

Avaricia de las altas esferas corporativas

Críticos afirman que el caso sienta un precedente y es una muestra de la avaricia en las altas esferas corporativas durante el auge de los valores de altas tecnologías a finales de la década de los 90. Sin embargo quienes defienden a los acusados argumentan que este tipo de prácticas son comunes en países anglosajones, particularmente en Estados Unidos y el sancionar este caso podría desalentar el espíritu de riesgo en las empresas alemanas. El proceso, que podría prolongarse durante seis meses, contará con la comparecencia de unos 60 testigos, entre ellos, quien fuera el presidente de Vodafone, el británico Chris Gent.

El caso ha puesto a debate el sistema de cogestión empresarial existente en Alemania, según el cual, toda empresa que tenga más de 2.000 empleados debe contar con un consejo de vigilancia integrado por consejeros independientes y trabajadores de la compañía. Este consejo se encarga de confirmar, asesorar y sobre todo vigilar las decisiones estratégicas de la empresa. Pese a que este sistema ha sido el pilar del desarrollo económico alemán, muchos juristas y empresarios afirman que el caso Mannesmann es un buen ejemplo de la necesidad de una reforma y proponen la eliminación de la representación de sindicatos y trabajadores en el consejo de vigilancia de las empresas.