El 22 de octubre de 1977 las Abuelas de Plaza de Mayo se reunían por primera vez en Buenos Aires para tratar de averiguar el paradero de sus hijas y sus nietos, secuestrados durante la dictadura militar de Argentina entre los años 1976 y 1983. Tras una ardua pelea entre el poder y la Justicia, ahora, 35 años después, Argentina ha condenado a los culpables por "apropiación sistemática" de los hijos de los desaparecidos del régimen. Así, el exdictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, gobernante de Argentina desde 1976 a 1981, ha sido condenado a 80 años de cárcel; al igual que su sucesor, Reynaldo Bignone, de 84 años, quien deberá cumplir 15 años de prisión.

La sentencia al fin ha dado la razón a las Abuelas, ya que el tribunal reconoce que los culpables son responsables de "la práctica generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años", bajo un plan general de "aniquilación".

El caso siembra la esperanza en España, donde se calcula que durante la dictadura de Francisco Franco se perpetraron más 300.000 robos de niños que pertenecían a familias ajusticiadas por el régimen. Así, la Justicia española ha recogido hasta la fecha 1.072 denuncias de bebés robados que normalmente eran entregados a familias afines a la dictadura. Sin embargo, a pesar de la envergadura del asunto y las demandas de los afectados, el Fiscal General Conde Pumpido rechazó el año pasado la apertura de una investigación nacional y estableció que fueran las fiscalías provinciales las que analizaran cada caso de manera particular.

"Lo que se constata con respecto a los miles de niños robados, con los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo o con respecto a otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura, es el empeño continuo del Poder Judicial y del Ejecutivo de llevar estas cuestiones por vía administrativa y eludir, así, su responsabilidad como Estado", asevera Emilio Silva, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Silva determina que el robo de bebés durante la dictadura forma parte de la "tela de araña" de impunidad que los gobiernos democráticos han trazado desde la transición gracias a la Ley de Amnistía de 1977, a través de la cual se impedía juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. De hecho, cuando el Gobierno español elaboró la Ley de la Memoria Histórica en el año 2007 no se abordó el tema de los niños desaparecidos durante el franquismo, "precisamente para evitar perjudicar a familias influyentes, todavía con poder en España, cómplices y copartícipes del robo sistemático de bebés" asegura Silva.

A diferencia de España, 105 niños argentinos, que en su día fueron arrancados de su entorno familiar, han recuperado su verdadero nombre y se han enfrentado a su verdadera identidad, usurpada 30 años atrás. Sin embargo, los afectados estiman que en España, 300.000 niños robados desconocen hoy día cuál es su verdadero origen. "El hurto de niños de familias republicanas respondía a la estrategia elaborada a conciencia por el psiquiatra franquista Vallejo Nájera para borrar de la faz de España el gen marxista", agrega el presidente de ARMH.

"El poder judicial español ha sido incapaz de afrontar las consecuencias de esos crímenes", indica Silva. Paradójicamente, la legislación española ratificó en el año 2010 la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo,"desde el primer día en que ésta entró en vigor aquí en España se esta incumpliendo", añade.

Así, Emilio Silva valora positivamente la sentencia de Argentina que condena a los responsables de las desapariciones forzadas de menores. "Se trata de delincuentes, y lo que la Justicia hace con los criminales es juzgarlos y medir la pena que tienen que cumplir conforme a la gravedad de los delitos cometidos", dice. El experto en memoria histórica ve con buenos ojos este proceso, precisamente cuando se prevé la visita de la jueza argentina María Servini de Cubría, que mantiene abierta una investigación sobre los crímenes del franquismo en respuesta a las demandas presentadas en 2010 por familiares de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura.

La petición de los afectados a la jueza argentina surgió tras la sentencia del Supremo que impedía al juez Baltasar Garzón enjuiciar los crímenes de la dictadura por considerar que los delitos ya habían prescrito. "Esperemos que la experiencia que ha tenido Argentina influya en la visita de De Cubría", concluyó Silva.

Autor: Nuria García Reche

Editor: Cristina Papaleo