“A mi hijo lo acusan por los supuestos delitos de atentado, propagación de epidemia y desorden público. Supuestamente, por tirar una piedra para salvar a mi esposo, su papá. Ellos tienen como prueba un video donde se ve a mi hijo como recoge una piedra de las que tira la Policía, y la tira para llamar la atención y distraer a los policías, para que su papá pudiera salir de donde estaba escondido de los disparos de la Policía”, dice a DW Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, desde el periférico municipio habanero de Diez de Octubre.

“Dicen que él tiró piedras, que se subió arriba de la patrulla. Lo acusan de sedición”, cuenta Kenia Miranda, madre de Kendry Miranda, de 17 años, también desde Diez de Octubre. “Lo están llevando como que él fue el líder, como que él fue el que incitó al pueblo, porque él empezó la marcha en Mantilla y la terminó en Toyo”, explica por su parte Yudinela Castro. A los dos barrios populares que menciona, en los municipios Arroyo Naranjo y Diez de Octubre, los separan seis kilómetros. Su hijo, Rowland Castillo Castro, cumplió sus 18 años en prisión.

"Ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura', ‘no tenemos comida ni medicinas', y ‘abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás”, ha dicho también a DW Emilio Román, desde La Güinera, otro barrio de Arroyo Naranjo. Tiene dos sobrinos y sus tres hijos presos. El menor, Emiyoslán Román, también cumplió sus 18 años en prisión.

“Mi hijo no es ningún delincuente, no mató a nadie, solamente salió a la calle a pedir libertad, y eso es un derecho de toda persona. No es ningún ‘elemento antisocial’, está en la escuela provincial de deportes, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, estudiaba”, insiste Yudinela Castro. Y responde, a todas luces, a la insistencia de la Fiscalía General de la República en que el 21 por ciento de las personas aún detenidas por las protestas del 11 de julio en Cuba —a las que el Estado solo alude como “disturbios”— tenía antecedentes penales.

¿Cuántos y quiénes son los menores detenidos tras el 11J en Cuba?

En su primera comparecencia ante la prensa extranjera tras las protestas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, no solo aseguró que la mayoría de las personas detenidas se hallaban liberadas tras ser multadas, o bajo medidas cautelares domiciliarias. También negó que hubiese menores detenidos y emplazó a identificarlos. “Son pocos y estamos evaluando”, lo desmintió horas después, sin querer, la Fiscal General Yamila Peña.

Hace dos semanas, tras seis meses de registro y denuncia de casos por medios independientes y activistas como las del grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J y la ONG de asesoría legal Cubalex, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado con los primeros datos oficiales globales.

No se ofrece una cifra total de detenidos, que Justicia 11J sitúa en más de 1.300, sobre todo gracias a la información provista por las familias. Pero se revela que de “790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos”, 710 han sido presentadas a tribunales para ser juzgadas, agrupadas en un centenar de expedientes masivos. Casi el 70 por ciento de ellos se halla en prisión provisional. 55 son menores de entre 16 y 18 años de edad. De ellos, 28 cumplen prisión provisional.

Les imputan delitos como desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e, incluso, sedición. Esto último lo justifican con “el nivel de violencia demostrado”, “la perturbación grave del orden público” y “el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional” de la isla, que fija como “irrenunciable” el sistema socialista.

La mayoría de los menores registrados por Justicia 11J se hallan recluidos en el Establecimiento Penitenciario Jóvenes de Occidente, en La Habana, dice a DW Salomé García Bacallao, coordinadora de este grupo de activistas. Pero también registran casos en las provincias de Holguín y Matanzas. Sedición, “un cargo eminentemente político” por implicar un delito contra la seguridad del Estado, es el cargo más común que se les imputa, advierte.

Además, la Fiscalía reconoce la aplicación del “procedimiento legal establecido” a 27 menores de 16 años de edad, que habrían intervenido en la comisión de delitos junto a adultos. En Cuba, los menores de 16 años de edad no son sujetos del derecho penal, así que 10 fueron internados en “escuelas de formación integral y de conducta” y 17 estarían recibiendo “atención individualizada” en sus escuelas habituales. Justicia 11J ha identificado entre ellos a menores de hasta 12 años de edad.

La mayoría de estos menores proviene de familias y barrios “humildes, marginados, con escasos recursos” para comunicarse y denunciar por internet o telefonía móvil, así como para conocer las leyes y reclamar sus derechos, coinciden las activistas consultadas por DW. Esa realidad, evidente en las fotos y videos de las protestas del 11J, y en los de las denuncias posteriores de sus familias, se hizo notable al intentar comunicar con ellas. No pocos denuncian haber sufrido represalias por sobreponerse, buscar asesoría y reclamar.  

¿“Vándalos” o “presos políticos”?

“La Seguridad del Estado me amenazó con que si seguía publicando, relacionándome con las personas que me están ayudando, me iban a hacer una causa de sedición, que a mi hijo me lo mandarían a una prisión en Guantánamo”, al otro extremo de la isla, relata Yudinela Castro, detenida por varias horas durante el primer día del juicio de su hijo. Ese día, “me dieron golpes”, denuncia.

“A mí me amenazan con desterrarme, con su vida, con que lo pueden desaparecer cuando ellos quieran, con mi nieto, con todo si no me callo. Pero, entre más amenazas, más fuerza cojo”, sostiene Bárbara Farrat, cuyo hijo adolescente encarcelado es padre de un bebé. Y Castro coincide: “Yo les dije que adondequiera que se lleven a mi hijo voy a seguirlo y voy a hacer lo que tenga que hacer, y voy a luchar por su libertad me cueste lo que me cueste”.

A sus hijos, Justicia 11J y Cubalex los consideran “presos políticos, porque salieron a ejercer su derecho a la protesta y, en los casos de agresiones, actuaron en legítima defensa, porque vimos a los agentes del Estado agrediendo”, afirma la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Mientras tanto, “ni siquiera el agente que asesinó a Diubis Laurencio —la única víctima mortal de las protestas— tiene ninguna medida cautelar”, reclama Bacallao desde Justicia 11J.

“En el juicio, no ha habido nada justo porque todos los videos que sacaron eran editados y muchos no los presentaron. Por ejemplo: los policías tirando piedras, dando golpes, cuando soltaron los perros, cuando tiraron tiros, eso nunca salió en los videos”, cuestiona Yudinela Castro.

Tras siete meses encarcelado, su hijo “aún no tiene petición fiscal”, se queja Bárbara Farrat. Y denuncia que Jonathan ha sufrido “tortura física y psicológica”, además de amenazas de la Seguridad del Estado por el activismo de su familia: “Lo golpearon en la cara, lo esposaron de una reja y lo colgaron, lo metieron en un cuarto frío. La Seguridad del Estado lo amenazó con echarle siete años si yo no me callo. Lo obligaron a desnudarse y, como se negó, lo golpearon y le dieron patadas”, relata esta madre a DW.

Justicia 11J y Cubalex insisten, además, en hablar de “niños presos políticos” porque, si bien el Estado cubano fija en 16 años la edad mínima para adquirir responsabilidad penal, “Cuba es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera menor de edad a todo aquel que no haya cumplido 18 años”, subraya Diversent.

Además, asegura que las autoridades no han observado los estándares internacionales de la justicia en menores, especialmente en lo que respecta al acompañamiento de los padres en el proceso. Y extiende su crítica a los procesos administrativos a que fueron sometidos los menores de 16 años, “con aún menos garantías por ser extrajudiciales”, dice.

“Muchos de estos niños estuvieron en condición de desaparición forzada tras su detención, porque las autoridades no informaron sobre su ubicación”, recuerda. Y muchos llevan ya siete meses encarcelados, esperando juicio, con “excesivas” peticiones fiscales de más de 6 años de prisión, cuando los estándares de justicia en menores establecen que la privación de libertad es “el último recurso”.

La oficina de UNICEF en Cuba no ha respondido, hasta ahora, a una consulta hecha por DW de hace tres semanas. Pero "está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, según aseguró al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente, en noviembre pasado, "información adicional verificada” sobre "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.

¿A la cárcel o a una escuela de reeducación?

Hasta el momento, de tres niñas sometidas a juicios sumarios en julio, una fue absuelta y dos apelaron sentencias de entre 8 meses y un año de privación de libertad, que les fueron sustituidas por trabajo correccional o limitación de libertad sin internamiento.

Pese a las irregularidades denunciadas, “a algunos de estos niños les están cambiando la medida por trabajo correccional (con o sin internamiento), o por una de libertad limitada”, observa Bacallao, desde Justicia 11J. Esto, luego de que intensas campañas de familiares y activistas se vieran obligadas a exigir, además de garantías procesales, cobertura de los medios internacionales presentes en la isla, inicialmente silentes sobre el tema.

La ley cubana recomienda reducir a la mitad las sentencias a los menores de 18 años y en un tercio a los menores de 20, algo que Justicia 11J estuvo recordando en las semanas previas a los juicios. Y, en efecto, los abogados defensores han conseguido rebajar casi a la mitad unas peticiones fiscales que doblaban la edad de los menores, ascendiendo hasta un máximo de 23 años de cárcel en el caso de Rowland Castillo, el hijo de Yudinela.

La petición de Rowland se redujo a 12 años. La de Kendry Miranda, el hijo de Kenia, bajó de 20 a 12 años. La de Emiyoslán, el hijo de Emilio, de 15 a 8 años. La mayoría de los 17 menores juzgados en las últimas semanas, 13 de ellos por sedición, aún no tienen sentencias firmes. Sus familias las esperan para apelar, porque, como sea, “es una condena demasiado fuerte para destruirles la vida así a esos muchachos”, dice y respira hondo Emilio Román.

“Los abogados defendieron mucho y la condena le bajó, pero yo también pienso que no era justo porque ellos no hicieron nada como para 20 años. No estoy de acuerdo con lo que le están echando, quiero que le rebajen la condena pero sé que algo le va a tocar, porque él tiene antecedentes”, se resigna Kenia Miranda, la madre de Kendry.

“En las noticias dijeron que iban a poner a estudiar a los menores”, cuenta Emilio Román. Y confirma que su hijo le pidió llevarle su último certificado de estudios. “Le compré lápices, libretas, una pluma y se los llevé a la prisión”, dice. “Pero él está preso, yo hasta que no lo vea en una escuela de conducta, como dijeron en la televisión, voy a seguir diciendo que está preso”.

La abogada Diversent, por su parte, insiste en que los menores “actuaron en legítima defensa contra la violencia ejercida por agentes del Estado". Advierte que “nada alentador” puede esperar a estos niños en centros penitenciarios o del sistema de reeducación de menores de la isla, bajo la administración militar del Ministerio del Interior: “El Estado no tiene personal calificado para tratar con estos menores”, sostiene. Y asegura que, en muchos casos documentados por Cubalex en el pasado, las personas se ven atrapadas en una espiral en la que “nunca salen de la cárcel, delito tras delito”.

(ers)