A cinco años y medio de la rebelión social de abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, la crisis política en Nicaragua persiste. En medio de amenazas y arrestos, las cárceles vuelven a llenarse de presos políticos, aunque pocas voces se atreven “desde adentro” a denunciarlo.

Los reos de conciencia “están en riesgo de ser invisibilizados”, dice a DW la defensora de derechos humanos Sara Henríquez, exiliada por haber participado en las protestas y por su largo activismo.

A su juicio, las presas y presos políticos actuales "son un gran desafío para seguir visibilizando y no olvidarles, sobre todo a nivel internacional", tras la excarcelación de 222 opositores deportados el pasado 9 de febrero a Estados Unidos, muchos de ellos líderes reconocidos, cuyos familiares mantuvieron durante casi dos años una denuncia constante de su encierro.

“El liderazgo de la oposición fue desterrado y el terror impuesto en Nicaragua es tal, que la gente hoy teme reclamar la libertad de sus propios presos políticos”, advierte Henríquez al recordar que la policía actualmente detiene no solo a los disidentes sino también a sus familiares, lo que generaliza el temor.

A ello se suma el hecho de que el gobierno ya no oficializa los arrestos de opositores ni los presenta públicamente. Lo poco que se sabe sobre los juicios y condenas es lo que rara vez se “filtra” desde alguna dependencia judicial, sin el aval de la vicepresidenta, vocera oficial y esposa de Ortega, Rosario Murillo. El régimen sabe que los medios internacionales evitan publicar información no confirmada oficialmente, lo cual abona al creciente silencio sobre Nicaragua.

Condenados y enfermos

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, un grupo creado por famliares y defensores de derechos humanos para dar seguimiento al tema, registra en su reporte más reciente 89 encarcelados hasta el 31 de agosto último. Sin embargo, se cree que por lo menos 10 más han sido capturados desde entonces.

A diferencia de los más de 50 opositores que estuvieron encerrados en la temida cárcel policial de El Chipote durante casi dos años, los detenidos en los últimos meses están recluidos en otros centros penitenciarios. Desde ahí han denunciado mala alimentación y escasa atención médica.

“Tenemos información de más de 28 personas presas políticas con problemas de salud”, afirma a DW una vocera del Mecanismo, hablando bajo condición de anonimato. Las enfermedades más comunes son producto del hacinamiento y la insalubridad (alergias y hongos en la piel, asma, problemas gástricos), pero también hay “casos muy preocupantes” de personas que padecen diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas, parkinson e insuficiencia renal, y que no están siendo tratadas.

Por su parte, el Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) denunció en un reciente comunicado que muchos presos han perdido peso y no se les permite el ingreso de alimentos de su casa, obligándolos a consumir la comida del penal, muchas veces descompuesta o con “cucarachas y gusanos”.

De acuerdo con el GSPU, la mayoría de los reos políticos han sido acusados de conspiración y ciberdelitos, entre ellos Anner Herrera, de solo 17 años, el más joven de todos, condenado a ocho años de cárcel. Por otro lado, la condena más alta (23 años) fue impuesta al exguerrillero sandinista Abdul Montoya Vivas, de 62 años de edad y acusado de “terrorismo”.

Mujeres presas políticas

Entre los reos políticos hay al menos 16 mujeres recluidas en la cárcel La Esperanza, al oriente de Managua. Doce de ellas iniciaron una huelga de hambre a mediados de septiembre, para reclamar atención médica y acceso al agua potable y a ratos diarios de sol.

Julia Hernández, excarcelada y desterrada que conoció esas celdas, aseguró que son sitios “horribles”, donde las reclusas sufren falta de aire y calor extremo.

"Las puertas son empernadas (cerradas con pernos), en algunas hay seis camarotes con un baño. Se mete el agua de lluvia y el sol pega de frente. Son bien calientes todo el día y de noche se desatan los zancudos (mosquitos)", dijo a la publicación 100% Noticias.

“Esas 16 mujeres siguen resistiendo. Fueron capturadas a partir de febrero, cuando yo fui liberada”, comentó la opositora Tamara Dávila, exiliada en Estados Unidos. “El régimen no las está sacando de sus celdas a tomar el sol, y a varias de ellas no les permiten recibir alimentos de su casa”, agregó.

“Hay una sistematicidad en la tortura psicológica a los prisioneros políticos”, aseguró Dávila, dirigente del partido opositor Unamos. Ella estuvo presa casi dos años en El Chipote, aislada en una celda sin puertas ni ventanas. Fue una de las 14 mujeres liberadas entre los 222 deportados a Estados Unidos.

La "puerta giratoria"

Según Tamara Dávila, el gobierno ha logrado instaurar un sistema de control social que le asegura tener presos políticos de forma permanente. Con la policía y el ejército infunde miedo, desde el Parlamento emite leyes contra la oposición y con el Poder Judicial castiga a los detenidos. “Le llaman ‘la puerta giratoria’… Daniel Ortega apresa, libera y vuelve a apresar”, señaló.

“La estrategia de ‘puerta giratoria’ es un patrón de todas las dictaduras. Cuba, Venezuela y Nicaragua lo aplican con varios objetivos: con la amenaza de cárcel paralizan a la población y mantienen a los presos como monedas de cambio para posibles negociaciones políticas”, comenta Sara Henríquez.

Entre las prisioneras figura Olesia Muñoz, una activista opositora detenida por segunda vez y que enfrenta graves problemas de salud, así como tres jóvenes arrestadas tras el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto pasado.

Sacerdotes tras las rejas

La libertad de las presas y presos políticos ha sido exigida en las últimas semanas por los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. A ellos se unió el gobierno de Brasil, un aliado de Ortega pero que respaldó una nueva iniciativa de siete países de América en favor de la excarcelación de todos los reos de conciencia. Sin embargo, el régimen no se inmuta ante tales reclamos.

Entre los encarcelados hay seis religiosos, incluyendo monseñor Rolando Álvarez, el obispo católico de Matagalpa (norte) que fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en febrero, por negarse a ser desterrado junto a los principales líderes de la oposición, según lo confirmó el propio Ortega.

Álvarez es una figura que la prensa ha proyectado ampliamente. Tras largos meses de arresto domiciliario, fue enviado a la populosa cárcel Modelo, al norte de la capital. Su insólita condena, sin un juicio formal ni derecho a la defensa, fue criticada por congregaciones religiosas y por el Vaticano, que ha intentado sin éxito negociar su liberación.

Consultada por DW, la investigadora de temas religiosos Martha Patricia Molina dijo que el régimen también mantiene en prisión a los sacerdotes Fernando Zamora, Jaime Montesinos, José Leonardo Urbina, Manuel Salvador García y Osman Amador Guillén. Otros dos religiosos, Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara, están bajo arresto domiciliario.

Candidatos al Premio Sájarov

El Parlamento Europeo nominó la semana pasada al obispo Álvarez como candidato al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, junto a la conocida jurista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien a sus 85 años permanece en Managua, tras haber sido despojada por el régimen de su nacionalidad, de su título de abogada, de sus cuentas bancarias y su pensión de vejez.

Álvarez y Núñez fueron nominados por 43 eurodiputados, encabezados por la luxemburguesa Tilly Metz, como un reconocimiento a su lucha en favor de los derechos humanos en Nicaragua.

Entre otros nominados al Premio Sájarov, que en 2022 fue otorgado al pueblo de Ucrania, destacan la joven iraní asesinada Mahsa Amini y las mujeres de Irán que han protestado contra la ley del hiyab y otras medidas discriminatorias.