"0 homicidios”, anunció el 12 de septiembre de 2022 en Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y agrega a su trino una gráfica de la PNC, la Policía Nacional Civil de El Salvador, que ese día aparece en blanco tras una turbulenta curva de homicidios.

A las declaraciones oficiales se suma el Ministerio de Seguridad con una plaqueta que anuncia "52,549 terroristas capturados”, junto al hashtag #GuerraContraPandillas, que afirma: "Y #seguimos hasta limpiar por completo nuestro país y erradicar cualquier estructura criminal que atente en contra de la seguridad de los salvadoreños de bien”.

Violaciones de derechos humanos 

¿Cómo verificar las cifras de Bukele? "Imposible. No hay acceso público a un registro confiable oficial de homicidios diarios en el país”, es la escueta respuesta de Celia Medrano, investigadora especializada en Derechos Humanos, a DW, y agrega que "la muerte en las cárceles de personas detenidas durante el régimen de excepción no son tomadas en cuenta en los números anunciados como homicidios por el Gobierno”. 

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), que hace una compilación de los reportes de diversas organizaciones e instituciones, habla de por lo menos "3.100 violaciones de los derechos humanos” durante el régimen de excepción.

Peor aún, "en El Salvador hay tortura. Las denuncias que se han recibido en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica (UCA) dan fe de la existencia de hechos de tortura", dijo el coordinador general del OUDH, Danilo Flores, durante la presentación de un informe con motivo de los "100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador”.

¿Cero homicidios, cero transparencia?

Precisamente el 12 de septiembre de 2022, el portal digital del diario El Faro reseñaba que El Salvador "perdió” la Digestyc, una de las instituciones más importantes en la producción datos de la gestión pública. Según Evaristo Hernández, exdirector de la Digestyc, consultado por El Faro, "la decisión es inédita, preocupante y en sentido contrario de las mejores prácticas internacionales para garantizar la independencia de las estadísticas”.

En esta práctica se enmarca, además, el hecho de que "El Salvador lleva más de 6 meses de no difundir oficialmente registros sobre feminicidios”, recuerda Medrano. La conclusión de Evaristo Hernández y otros expertos es que, con la disolución de la Digestyc, desaparece otra instancia clave para ejercer contraloría en El Salvador.

Supuesto "éxito" contra la criminalidad

Así, en este país centroamericano de 6 millones y medio de habitantes, desde el 1 de mayo 2021, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República están controladas por el Gobierno de Nayib Bukele, que asumió el 1 de junio de 2019 la presidencia.

Desde el 27 de marzo, El Salvador vive en un "régimen de excepción” que ha sido prorrogado cuatro veces. Y todas de forma "anticonstitucional”, reitera la experta salvadoreña Celia Medrano. Bukele justifica su mantenimiento, que la Constitución limita a 30 días, con su supuesto "éxito” contra la criminalidad, y se precia de su respaldo popular.

Alto nivel de aprobación de Bukele

Según una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) del 1 de junio de 2022, Bukele cuenta con el 86,8 por ciento de aprobación. La Prensa Gráfica reseña que Bukele llega al cierre de su tercer año de gobierno "con una aprobación alta, impulsada por una política de entrega de ayudas directas, su presunto buen manejo de la pandemia y la reciente ola de capturas en medio de un régimen de excepción”.

El mismo medio confirma que "poca mella ha hecho en su popularidad su deriva autoritaria y la toma inconstitucional de todo el poder público, lo cual incluye abrir el camino a su reelección consecutiva".

¿Un modelo de seguridad replicable?

¿Qué beneficios le ha traído el régimen de excepción a los salvadoreños? "Temor, angustia, la cárcel para muchísimas personas, cuya mayoría parece no tener nada que ver”, explica a DW Sabine Kurtenbach, investigadora de conflictos del Instituto alemán de Estudios Globales (GiGA). El régimen de excepción en El Salvador "es una forma de intimidación”, agrega la profesora, quien advierte que "aunque todavía sea bastante popular, Bukele se está yendo por la vía autoritaria”.

El 26 de mayo pasado, Bukele ya había anunciado en Twitter que El Salvador pronto sería "un modelo de seguridad”, digno de "ser replicado” en otras naciones. Pero, para la profesora Kurtenbach, el estado de cosas en El Salvador, como también en Nicaragua y Guatemala, es "desastroso”, por no decir "deprimente”. 

"Pura propaganda"

¿Qué lecciones en seguridad tiene entonces Bukele para el mundo? "Lo que podemos aprender es que en América Central, los tres países en posguerra, han caído en un hueco de retroceso”, responde la analista alemana, y apunta que, en El Salvador tenemos un régimen cívico militar; en Nicaragua, a pesar de que en 1979 se derrocó una dictadura familiar, ya se ha instalado otra, y en Guatemala, la vieja oligarquía está de vuelta”.

¿Puede ser replicable el modelo Bukele, como él lo propone? "Sí puede ser replicado, si se quieren las siguientes cosas”, explica la experta en Derechos Humanos Celia Medrano: "Si usted quiere destruir toda garantía e institucionalidad democrática para afianzarse en el poder de manera permanente a través de un régimen de excepcionalidad, que le miente a sus ciudadanos y al mundo diciéndole que, para garantizar la seguridad, hay que violar derechos humanos. Sí es replicable, si usted lo que quiere es imponer su poder en base al miedo a la fuerza militar”. Por su parte, la profesora Kurtenbach concluye que la "seguridad" de la que habla Bukele "es pura propaganda".

(ms)