Los problemas judiciales reconcilian a la familia Fujimori
14 de octubre de 2018
Keiko lamenta el daño que su detención ha hecho a su familia, pero la considera "una oportunidad para un nuevo comienzo". Alberto Fujimori dijo previamente que no había sentido "dolor más grande" que ver a su hija presa.
Alberto Fujimori, en una imagen de archivo fechada en octubre de 2013.Imagen: picture-alliance/dpa/R. Garcia
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La líder de la oposición en el Perú, Keiko Fujimori, afirmó este sábado (13.10.2018) que vive "una circunstancia dolorosa" tras ser detenida el miércoles por presunto lavado de activos y lamentó que la política haya dañado a su familia. "Siento un gran dolor de pensar lo que mis hijas deben estar viviendo en medio de esta situación tan difícil, pero son justamente ellas las que me sostienen y me dan fuerzas", señaló Keiko en una carta publicada en Twitter.
La líder del partido opositor Fuerza Popular (FP) está detenida de forma preliminar durante 10 días en la Prefectura de Lima, en el marco de una investigación fiscal que la señala como presunta cabeza de una red de crimen organizado con lavado de activos. "Pienso también en mi padre y valoro mucho sus palabras desde la clínica", señaló en alusión a un mensaje que le envió hoy Fujimori desde la clínica en la que permanece internado desde que un tribunal anuló la semana pasada el indulto que le concedió en diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczysnki.
Alberto Fujimori había afirmado desde la clínica que nunca había sentido un "dolor más grande" que el provocado por la detención de Keiko y pidió a los encargados de las investigaciones que las continúen "pero respetando su presunción de inocencia". El exmandatario pidió también a sus hijos que estén "más unidos que nunca" y que "este momento oscuro" los "ayude a volver a ser una familia unida".
Unidos en la adversidad
"Estos momentos nos deben servir para unirnos por encima de nuestros problemas. Es una oportunidad para un nuevo comienzo", agregó Keiko, que en el último año se había distanciado con su padre. Las investigaciones apuntan a que Keiko, de 43 años, financió con dinero ilícito su millonaria campaña presidencial de 2011. Hay indicios de que parte del fondo provino de aportes de la constructora brasileña Odebrecht.
Según sondeos, un 75 por ciento de peruanos cree que Keiko es culpable. En los próximos días, la Sala Nacional de Apelaciones evaluará si libera a la ex candidata presidencial. Con sus máximos líderes detenidos, FP busca, según analistas, salidas para liberarlos. El partido, que controla el Congreso, aprobó un proyecto de ley para que personas mayores de 65 años completen sus penas en casa, lo que beneficiaría a Alberto Fujimori.
La norma ya fue enviada al presidente Martín Vizcarra, quien tiene 15 días para promulgarla u observarla. Keiko, que perdió en segunda vuelta en sus dos postulaciones (2011 y 2016), afirma que su detención se trata de "una persecución política" que no frenará su sueño de ser presidenta del Perú.
Keiko mantiene todavía un enfrentamiento con su hermano menor, Kenji, quien dirigió un bloque disidente de Fuerza Popular que impidió en diciembre la destitución por el Congreso del entonces presidente Kuczynski, quien poco después aprobó el indulto a Alberto Fujimori, en lo que fue considerado un intercambio de favores políticos.
LGC (dpa/EFE)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.
