El Gobierno colombiano y las FARC publicaron el nuevo acuerdo de paz que cerraron el 12 de noviembre en Cuba. El acuerdo, que consta de 297 páginas y fue publicado el 14 de noviembre, incluye modificaciones en casi todos los temas propuestos por los que dijeron "no” en el último referendo.

El Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera destaca en su preámbulo que representa la continuación de la búsqueda de la paz, y que el veredicto del referendo no significa el rechazo a la paz ni a los derechos fundamentales. Se han producido cambios en 56 de los 57 puntos, cuyos contenidos resumimos aquí.

Constitucionalidad

La propuesta de incorporar todo el acuerdo a la Constitución colombiana generó un gran rechazo en los que optaron por el "no”, y también en algunos que votaron por el "sí”. Por eso, el nuevo acuerdo corrige ese punto, y así solo quedarán integrados a la Constitución los temas del acuerdo concernientes a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, contenidos que, de por sí, ya forman parte de la Carta Magna.

Las FARC aceptaron someterse a las reglas de la democracia y a sus normas electorales y constitucionales.

Justicia

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no será indefinida, tendrá un tiempo ilimitado de duración. Funcionará durante un lapso de 10 años y podrá recibir solicitudes de investigación por delitos cometidos durante el conflicto armado solo en los primeros dos años. Por otra parte, se delimita la intervención de las ONG, que no podrán actuar como fiscales y acusar, sino solo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del tribunal. Además, la JEP no contará con jueces extranjeros. Todos los jueces serán colombianos y tendrán las mismas atribuciones que los magistrados de las cortes.

Derechos de género y grupos vulnerables

El documento menciona ahora explícitamente la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres en cuanto a contemplar las necesidades económicas y culturales de cada uno. Supone que el conflicto impactó de manera diferente en las mujeres, y que, en consecuencia, se requieren acciones específicas para restablecer sus derechos. La Reforma Rural Integral se refiere también a las necesidades de las mujeres en todo su ciclo vital, a las necesidades de las comunidades rurales y a las de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Regularización de la propiedad

Además de no recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra, se añadió que "nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada.”

Desarrollo social, salud, educación, vivienda

Se hace hincapié en mejorar el acceso a los servicios de salud a grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad. Y en que el acceso a soluciones se equitativo para hombres y mujeres. También se resalta que se respetará el principio de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto.

Lucha contra las drogas

El nuevo acuerdo estipula que todas las personas que se presenten ante la Justicia Especial de Paz están obligadas a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. También se subrayó que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, así como programas de sustitución de cultivos para los campesinos.

Dinero y bienes de las FARC

En el nuevo acuerdo, el grupo guerrillero tendrá que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y estos se usarán para reparar a las víctimas. Además, se establece que, durante el periodo de la dejación de armas, las FARC presentarán un listado de bienes y activos.

Restricción de la libertad de los guerrilleros

Este es un punto clave del nuevo acuerdo. No había una definición muy clara sobre la manera en que los guerrilleros que fuesen privados de su libertada cumplirían sus penas. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, explicó que el Tribunal Especial para la paz deberá determinar en cada caso el lugar concreto donde deberán residir los sancionados mientras se lleve a cabo la ejecución de la pena. Las zonas en las que permanecerán no serán más grandes que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, zonas en las que se lleva a cabo la dejación de armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil. Dentro de esas zonas, cuya extensión y ubicación geográfica son estipuladas en conjunto por el Gobierno y las FARC, los exguerrilleros tendrán un lugar de residencia fijo y tendrán que cumplir horarios, pedir autorización para moverse fuera del lugar establecido, además de tener que cumplir sanciones restaurativas. El nuevo acuerdo no aceptó la propuesta de los que exigían reclusión tradicional para los guerrilleros acusados de delitos graves.

Protección a los reinsertados

Se creó una comisión para proteger la vida de los integrantes de las FARC que se reincorporen a la sociedad civil. Dicha comisión les otorga garantías de seguridad. Anteriormente, las FARC participaban de esa comisión, pero eso se anuló. También se eliminaron las facultades de la comisión para ejercer vigilancia sobre las empresas de seguridad privada que ejercieran esa función de protección.

Participación en política de miembros de las FARC

Los que se opusieron al acuerdo señalaron que los 16 escaños transitorios en la Cámara de Representantes, para las víctimas del conflicto, podrían quedar fácilmente en manos de las FARC. Por eso, en el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las FARC no podrá inscribir candidatos para esos espacios. Los integrantes del partido de las FARC no recibirán escaños arbitrariamente, sino que deberán participar en las elecciones. No tendrán cargos en el Gobierno, pero podrán ser elegidos.

Si bien este es un punto en el que no se logró hacer avances, el presidente colombiano pidió comprensión hacia el hecho de que en todos los procesos de paz el objetivo es que los guerrilleros abandonen las armas y puedan hacer política desde la legalidad. "Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, dijo Santos.

Asimismo, el nuevo documento establece que la implementación de los acuerdos se hará sin poner en riesgo la estabilidad fiscal del país. Las FARC aceptaron someterse a la economía de mercado y abandonar su ideología de la reforma agraria radical, aceptando la política pública de desarrollo rural avalada por el BID, la ONU y el Banco Mundial.

Cristina Papaleo (ERS)