Desde hace años, los españoles viven con el repicar diario de la corrupción de políticos del Partido Popular. Un repicar revelador, pero que no termina de sorprender a los ciudadanos, convencidos, según el último informe de Transparencia Internacional España, de que muchos casos quedan impunes. Los medios de comunicación tararean a diario las novedades en las investigaciones y en los procesos judiciales de los casos "Púnica”, "Mercasa” "Auditorio” o "Gürtel”. El último bombazo mediático es el conocido como "operación Lezo” y la detención  el pasado 21 de abril de 2017 de uno de los hombres fuertes del Partido Popular en Madrid en los últimos años, Ignacio González, y su testaferro en América Latina, Edmundo Rodríguez Sobrino, entre otras personas. 

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Tuerto, manco y cojo, el teniente general español Blas de Lezo defendió Cartagena de Indias de los ingleses en 1741, un lugar clave para mantener el dominio español en América. Dos siglos y medio después, en 2008, Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa de aguas madrileña Canal de Isabel II, viajó a la ciudad colombiana acompañado de varios colaboradores. ¿El motivo de su viaje? Según la versión oficial, fue acudir a un encuentro programado con el entonces presidente Álvaro Uribe, una reunión que, efectivamente, tuvo lugar. Varios meses después del viaje, los medios El País y la Cadena Ser revelaron que la comitiva española fue espiada y la existencia de un video con actitudes y conversaciones que despertaban sospechas de actividades ilícitas.

Colombia, sede de Inassa

El Canal de Isabel II adquirió la empresa colombiana Inassa en 2001 por cien millones de euros, cuatro veces más del precio que tenía fijado dos meses antes. Parte del sumario, filtrado a los medios de comunicación en los últimos días, revela que Ignacio González definió aquella operación como "pelotazo”, (término español que designa un negocio turbio, rápido y de exorbitados beneficios). Así pues, González era conocedor de la compra, aunque, ciertamente, en 2001, él no fue el responsable de la misma. Pero sí lo fue, junto con otros miembros del Consejo de la empresa, y según el auto de prisión del juez Eloy Velasco, de " la expansión del grupo societario por Sudamérica  adquiriendo empresas y adjudicando obras". 

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se reunirá el próximo 16 de mayo en Madrid con la Fiscalía española para hablar del "trabajo mancomunado" a realizar sobre la "operación Lezo”. "El fiscal de España ha solicitado cooperación de la Fiscalía de Colombia. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente con España, desde hace tres semanas tenemos información puntual de los hechos que se indagan", dijo Martínez a la agencia Efe.  "Se trata de un caso de corrupción internacional que, según la línea de investigación que se empieza a trabajar, comprometería a ciudadanos a lado y lado del Atlántico", advirtió Martínez. En Colombia, Inassa participa en la gestión de aguas de varias ciudades, como Barranquilla y Riohacha, entre otras, y hace una semana entregó la de Santa Marta.

"Es un problema que nos afecta a todos”, dice a Deutsche Welle el empresario y columnista colombiano Ricardo Mejía. "Sobre todo, al mundo corporativo. En Colombia estamos en un proceso de paz donde hay un discurso de la ex guerrilla, que ahora se vuelve partido político, contra el empresariado. Esto da munición a los argumentos de esa izquierda contra el empresariado”, valora Mejía.

"Manipulación de proceso de licitación” en Panamá

El auto del juez Eloy González alude también a las ramificaciones en Panamá del caso Lezo: "Se ha puesto de manifiesto que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". 

Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el empresario español "Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas".  Velasco dice que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en Panamá.

También en República Dominicana y Brasil

El juez Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. 

Por otro lado, la investigación revela que la compra en 2013 de la sociedad brasileña Emissao se hizo "sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de Hacienda" madrileña, es decir, fue una adquisición plagada de irregularidades. Una auditoría firmada por KPMG puso grandes reparos a su compra y al valor real de la misma. Al parecer, este tipo de sociedades instrumentales servían para transferir dinero público a cuentas bancarias "con opacidad respecto de las titularidades reales", según el juez Velasco.