Cada tanto, la prensa internacional publica titulares donde un experto sentencia que tal o cual país está siendo infiltrado por el crimen organizado, y el concepto de "narcoestado” adquiere notoriedad. La reciente renuncia de una serie de ministros y altas autoridades del Gobierno de Uruguay, por el caso de la entrega de un pasaporte a un narcotraficante presuntamente involucrado en el asesinato de fiscal paraguayo Marcelo Pecci, vuelve a desatar las dudas sobre el nivel de infiltración que podrían haber logrado las organizaciones criminales en los estamentos estatales de diversos países latinoamericanos.

Y si bien no se trata de un fenómeno reciente -baste recordar a Pablo Escobar sentado en el Parlamento colombiano-, sí parece haberse multiplicado en los últimos años. Al menos así lo ve Santiago Terceros, analista boliviano, politólogo y experto en Administración y Políticas Públicas, quien dice a DW que "es notorio cómo en América Latina han proliferado los nexos entre personas vinculadas con los negocios ilegales del narcotráfico y funcionarios públicos”. En opinión del experto, esta posición les brinda "protección, espacios de poder, acceso a información, dádivas y prebendas”. 

Un ejemplo de ello serían los "narcogenerales” de los que habló en 2021 el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien alertó de la existencia de grupos que luchan por socavar la democracia. "Evidentemente en el caso de Ecuador hay una situación muy complicada, y lo sabemos un poco por evidencias o indicios de una serie de casos donde se ha visto una penetración muy fuerte del crimen en las altas instituciones del Estado”, explica a DW Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.

Secreto a voces

Cuando asumió el mando de Honduras en febrero de 2022, Xiomara Castro prometió una lucha frontal contra el narcotráfico, cuyos tentáculos habían llegado a cada rincón del Estado. La amenaza corruptora de la droga atraviesa fronteras y casi no hay país de la región que esté libre de esta influencia. En Paraguay también se habla mucho de la fuerza del narco, al punto de que el embajador de la Unión Europea en el país, Javier García de Viedma, llamó a tomar medidas para evitar una infiltración mayor en las esferas de poder.

Sobre su propio país, Pontón estima que la penetración del narco a nivel institucional es fuerte, pero pone también paños fríos. "No me atrevería a decir que Ecuador es un narcoestado aún, porque un narcoestado es un Estado al servicio del narcotráfico. Hay un nivel de penetración muy fuerte, pero no podemos decir que todo el Estado está cooptado por el narcotráfico”, explica. Sí estima, en cambio, que urge hacer acopio de liderazgo para enfrentar la criminalidad. "Hay que generar cambios a nivel de políticas y administración, crear mecanismos de regulación en las instituciones, imponer sanciones ejemplarizadoras y judicializar los casos”.

Santiago Terceros también toma el ejemplo de su propio país para dar una visión más global del fenómeno. "En Bolivia cada tres o cuatro meses aparece algún caso de relevancia donde se ve que una persona involucrada en negocios ilícitos tiene nexos con los gobiernos o funcionarios públicos que le ofrecen protección. Es un secreto a voces en la población que el narcotráfico está presente en nuestra vida cotidiana”, señala.

Poderoso caballero es don dinero

Terceros destaca que el caso Marset en Uruguay no es el primero de este tipo que se ve a nivel latinoamericano, "y ese es el elemento más notorio de que existe algo sistemático”. En su opinión, la importancia económica del narco para los países hace que muchas veces los gobiernos hagan la vista gorda. "El factor económico es otro elemento que se debe tener en cuenta en estos análisis”, estima, antes de mencionar que muchas veces el crimen organizado evita la confrontación con los Estados y, en cambio, "busca más cooperación y colaboración con los agentes de estos”.

Pontón, que sostiene que el problema en su país es de cuidado en términos de conexiones con el crimen especialmente en la Policía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, también ve en el factor financiero un potencial corruptor difícil de contrarrestar. "El dinero del narcotráfico es voluminoso y muy fácil de canalizar, lo que hace difícil erradicarlo. El ejemplo carcelario en Ecuador es notorio, porque el narcotráfico tiene toda una economía criminal que sostiene la economía carcelaria y cuyos montos superan considerablemente el presupuesto anual que el Estado otorga a esas instituciones. Y no hablemos ya de los salarios de policías o generales, que son una cuestión insignificante frente a los potenciales del dinero del narco, que soborna a las cabezas de las instituciones”.

(ers)