La cuarta y más reciente edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, publicada en agosto de 2023 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destaca la adversa realidad que enfrentan los venezolanos en cuanto a la libertad de expresión y prensa. Este índice se basa en la evaluación de cientos de directores de medios, periodistas, académicos y líderes sociales de 22 países del continente americano. Venezuela, con una puntuación total de apenas 12,74 puntos sobre cien, comparte por cuarto año consecutivo la deshonrosa distinción, junto con Cuba y Nicaragua, de clasificarse como un país "sin libertad de expresión”.

El informe que acompaña el Índice Chapultepec 2023 destaca que "a veintidós años del proceso político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, persisten las detenciones, acciones judiciales y presiones hacia periodistas, además de registrarse un cierre masivo de emisoras radiales y limitaciones en el acceso a la información, entre otras".

Estas críticas apreciaciones del índice Chapultepec 2023 no son muy diferentes de las expresadas en otros informes especializados, como el de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). En su reciente edición 2023, RSF sostiene que "desde su llegada al poder, en 2013, Nicolás Maduro mantiene la política de hegemonía comunicacional instaurada por su antecesor, Hugo Chávez. Venezuela, con una puntuación 36,99 sobre 100, está clasificada junto con países como Cuba, Nicaragua, Rusia, China y Corea del Norte, dentro del grupo de 31 países del mundo cuya libertad de prensa se encuentra en ‘situación muy grave'”.

Tanto el Índice Chapultepec como la Clasificación de RSF evidencian cómo, durante las dos últimas décadas, el régimen chavista ha instaurado en Venezuela un eficaz sistema de control del flujo de información y de la libertad de expresión. Este modelo se ha ido conformando a través de la promulgación de una tupida red de leyes inconstitucionales que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, el cierre masivo de medios independientes de información (radio, prensa, y televisión), el bloqueo permanente en internet de los portales informativos alternos al régimen, y la implantación de una agresiva política gubernamental de censura, ataques y persecución al periodismo independiente. Todo ello complementado con el desarrollo de una poderosa plataforma de propaganda estatal junto a un sofisticado sistema de desinformación masiva en las redes sociales.

El desarrollo de este modelo de hegemonía comunicacional ha desempeñado un rol estratégico vital en la concentración y ampliación del poder por parte del chavismo en Venezuela. La prestigiosa base de datos del proyecto Variedades de democracia (V-Dem), confirma cómo, durante el periodo 1998-2022, el proceso de autocratización en Venezuela, medido tanto por el desplome del "Índice de democracia liberal" (que disminuyó de 0.45 a 0.06), como por la caída del ”Índice de elecciones justas y libres” (que pasó de 1,38 a -2,68), fue acompañado por la reducción del "Índice de libertad de expresión y fuentes alternativas de información" (que descendió de 0.78 a 0.27), así como por el incremento del índice que mide la frecuencia con la cual el régimen y sus agentes utilizan las redes sociales para difundir puntos de vista engañosos o información falsa con el fin de influir en la población (que pasó de -1,08 a -3,09).

A través de este modelo hegemónico de comunicación, el régimen chavista ha podido controlar la narrativa y el flujo de información que le llega a los venezolanos, consolidar la propaganda estatal como la fuente principal de información en la sociedad, dominar la agenda política y restringir la discusión de temas y problemas que podrían representarle al régimen amenazas y orientar las preferencias de los ciudadanos para reforzar sus apoyos. Igualmente, este sistema ha permitido al chavismo disminuir la capacidad de la población para coordinarse y expresar su descontento. También ha reducido la posibilidad de que surjan nuevos líderes u organizaciones de oposición a través del libre intercambio de ideas.

De acuerdo con el Índice Chapultepec, la existencia de este entorno comunicacional autoritario en Venezuela ha llevado en la práctica a la desaparición de una "ciudadanía informada y libre de expresarse". La medición de esta dimensión en el Índice 2023 apenas alcanzó un valor de 0,44 de 26 puntos posibles, lo cual equivale a menos del 2% de la situación ideal. Es relevante destacar que solo Cuba en la región, con una calificación de 0,00 puntos en este renglón, se encuentra por debajo de Venezuela.

Barbados: un intento muy limitado e insuficiente para combatir la hegemonía comunicacional

La lamentable realidad de censura y desinformación en la que se encuentra inmersa la sociedad venezolana se presenta como uno de los desafíos más difíciles de superar para la oposición democrática en su lucha por lograr unas elecciones presidenciales justas y libres en 2024.

Un intento muy limitado e insuficiente para avanzar en esa dirección ha sido el "Acuerdo Parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", firmado entre el régimen de Maduro y la representación de la oposición democrática en Barbados el 17 de octubre, el cual aborda algunas garantías electorales relacionadas entre otras, con los medios de comunicación y la cobertura de la venidera campaña electoral presidencial.

En el punto 9 del referido Acuerdo se establece "la promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, así como asegurar la igualdad de todos los candidatos en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales, nacionales e internacionales, así como en espacios públicos bajo la administración del Estado, dentro del marco de lo previsto en la legislación nacional”.

Adicionalmente, en el punto 10 del documento se señala que "se promoverá la participación de todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y redes sociales en la cobertura de la campaña electoral, conforme a lo previsto en la ley y los procedimientos establecidos por las autoridades competentes”.

Como se puede observar, los compromisos asumidos por el régimen chavista de "promover" el equilibrio e igualdad de acceso a los medios de comunicación y "promover" la participación de estos en la cobertura de la campaña electoral están condicionados a lo establecido en la legislación nacional actual. Esta legislación ha sido denunciada de manera reiterada como un marco normativo diseñado para criminalizar la libertad de expresión en el país, propiciando la censura, los ataques y la persecución en contra del periodismo independiente.

Por otra parte, el Acuerdo Parcial tampoco aborda otros problemas críticos del flujo de información en el país, como, por ejemplo, el uso indebido del Sistema Nacional de Medios Públicos para difundir de forma permanente propaganda a favor del régimen chavista. Igualmente, no toca temas como el desbloqueo de los portales informativos independientes en internet. Tampoco se menciona la necesidad de desmantelar la plataforma estatal de desinformación en redes sociales, ni se aborda la paralización de la política continuada de cierre de emisoras de radio. Sobre este último particular, el Acuerdo no incluye nada respecto a la reapertura de los cientos de medios de comunicación que han sido cerrados.

En conclusión, a menos que estos aspectos cruciales se aborden en futuras discusiones, el sistema hegemónico estatal de comunicación chavista continuará operando durante las elecciones presidenciales de 2024, manteniendo su patrón actual de desinformación y censura de la sociedad venezolana.

(cp)