La Conectividad para la Paz Total en Colombia está entre los proyectos de cooperación que, en el marco del Global Gateway, la Unión Europea anunció para este 2025. Se trata de una inversión de unos 17 millones de euros para incluir, digitalmente, a 174 comunidades apartadas.

Esta es parte de unas doscientas iniciativas que Bruselas implementa desde el 2021, junto con bancos de desarrollo y el sector privado, en América Latina y el Caribe. 

¿Qué otros proyectos hay? Un acelerador digital para conectar a 100 pequeñas empresas de ambos lados del océano; una iniciativa para la línea de metro de Lima; proyectos de hidrógeno verde, sobre todo en Chile y Brasil. Hay tanto inversiones en extracción de litio en el famoso triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile, como en la recuperación de la mayor masa de agua dulce en Honduras y la ampliación "verde" del puerto de Jamaica.

Es decir, se trata, principalmente, de inversiones en infraestructuras digitales y de transición energética, de movilidad limpia; aunque también, en menor escala, en educación y salud, como la producción de medicinas en Costa Rica, el entrenamiento técnico en Haití o el apoyo a la industria de biotecnología en Cuba.

Un seminario organizado, desde Bruselas, por Concord (plataforma europea de organizaciones de desarrollo) y Forus (red global de organizaciones de la sociedad civil), puso el foco esta semana en las luces y las sombras del actual enfoque de la cooperación europea. Aunque el sello europeo para estas inversiones público-privadas proclama ser "verde y justo", las organizaciones de la sociedad civil tanto europea como latinoamericana nunca las han tenido todas consigo. ¿Por qué?

Luces y sombras

Según la Comisión Europea, se trata de un nuevo enfoque del desarrollo. En este, se utilizan recursos públicos de la Ayuda Oficial al Desarrollo para "apalancar", en forma de garantías, créditos en los bancos de desarrollo y en el sector privado, para proyectos de transición energética y digitalización. ¿Qué habla en contra de este nuevo enfoque de la ayuda al desarrollo?

Basta mirar el lema de las organizaciones de la sociedad civil en la reciente Conferencia de Financiación para el Desarrollo (en Sevilla, en julio de 2025): su apuesta era por los derechos humanos, la paz, la igualdad y la protección del planeta.

Guiadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ―que todos los países de la UE y de América Latina y el Caribe se han comprometido a alcanzar hasta el 2030―, las organizaciones ponen el fin de la pobreza como luz guía.

Dado que ahora, para la UE, la prioridad es la transición verde y digital ―asegurando el suministro de materias primas para su propia transición y ganancias al sector empresarial―, las organizaciones dudan bastante del efecto positivo de este enfoque de la UE. 

Con bagaje negativo

En el reciente estudio, "Transición verde y justa, ¿para quién?", de la Red EuLat, se recuerda el impacto en las fuentes de agua, los desplazamientos, la pobreza y las enfermedades que han traído muchos proyectos extractivos a las poblaciones de varios países de América Latina. ¿Cómo se asegura que no va a ser así en los nuevos proyectos europeos? Para los posibles mecanismos de monitoreo aún no hay propuestas concretas.

Hay, además, un cambio mayor. Hasta hace poco, eran las organizaciones de la sociedad civil las que ponían en acción los proyectos destinados a la ayuda al desarrollo. Ahora, a las preguntas ¿cuánto pone, quién y cuándo?, la respuesta no se encuentra. Según diversas organizaciones, la falta de transparencia es una de las peores falencias del Global Gateway.

¿Por qué la desconfianza en el Global Gateway si para otras inversiones nadie exige transparencia?  "Están usando dinero público. Se han comprometido a que la sociedad civil lo monitoree. Si a nosotros nos exigen el detalle de cada centavo que hemos usado, ¿al sector privado y a las instituciones financieras no debería exigírsele lo mismo ahora que se trata de sumas mucho más grandes?", explica a DW Jaimie Just, portavoz de la plataforma Concord.

Por otro lado, "la transparencia nunca ha sido suficiente", dice a DW, desde Uruguay, Jorge Balbis, coordinador de proyectos del Centro de Formación para la Integración Regional. "Pero, ahora, es menor. ¿Por qué? Porque pasa por bancos, empresas e instituciones que se preocupan mucho menos por este tema", agrega Balbis, especialista en cooperación internacional. Según estos "nuevos" actores, sus propios canales de auditoría darán cuentas. ¿Es suficiente?

Valores y transparencia para todos

En opinión de las organizaciones de la sociedad civil, no. "Necesitamos transparencia para identificar conflictos de interés, violación de derechos humanos, eventuales daños ambientales, estudios de impacto y previsión de medidas de mitigación en caso daños", exige Jaimie Just, basándose en cláusulas de los tratados europeos.

Es más, según tratados internacionales, cuyos valores la UE afirma defender, "se debe garantizar a la población de América Latina, potencialmente afectada por proyectos extractivos y de generación de energía renovable, el derecho a participar en las decisiones sobre la utilización de los recursos naturales en sus territorios", recuerda el estudio de Red EuLat. Pero, "con tantos actores involucrados ―bancos, empresas, instituciones públicas―, no hay políticas armonizadas. Esto pone en peligro no solamente los derechos de las poblaciones, sino la misma reputación de la UE", recalca la portavoz de Concord. 

Como fuere, para el proyecto de Conectividad para la Paz Total de Colombia, ¿hubo consulta previa? No hay respuesta. En cualquier caso, en mayo de 2025, se lanzaba el proyecto con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Y ya en julio, la organización local Colnodo anunciaba el lanzamiento de tres redes comunitarias de internet para el desarrollo.

(rml)