Paz en lugar de cantos de guerra, más atención a las causas sociales de la criminalidad y un claro apego de las fuerzas de seguridad a los derechos humanos son tres de las directrices principales de la estrategia de seguridad presentada por Andrés Manuel López Obrador, quien asume la presidencia de México el 1 de diciembre. Su propuesta para poner fin al baño de sangre dejado por la "guerra contra las drogas”, que ya lleva una década, fue dada a conocer este miércoles (24.10.2018) en el marco de una ceremonia donde las asociaciones de víctimas y otros grupos de la sociedad civil jugaron un papel protagónico.

Esas organizaciones pusieron en manos de López Obrador los resultados de los "foros para la paz” realizados durante meses en todo México a petición del presidente electo. También estuvieron presentes figuras claves del futuro gabinete de López Obrador, como Olga Sánchez Cordero (Interior) y Alfonso Durazo (Seguridad). Sin embargo, decepcionados quedaron quienes esperaban un programa de acción detallado. "La intención de desmilitarizar la política de seguridad es loable, pero no queda claro cómo los uniformados evitarán reincidir en las prácticas habituales”, lamentó Falko Ernst, del Crisis Group México, en entrevista con DW.

Disposición a escuchar

Eunice Rendon, coordinadora de la red de ciudadanos Viral celebra la "disposición a escuchar” de López Obrador: "Los foros han demostrado cuán profunda es la desconfianza hacia el Estado. Es un gran desafío tender puentes entre el Gobierno y la sociedad civil”, dijo la profesora universitaria, agregando, eso sí, que todavía no se sabe el destino que correrá la controvertida Ley de Seguridad, un legado del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto que los defensores de derechos humanos critican duramente. En este momento, el tribunal de mayor rango en México estudia la constitucionalidad de esa normativa.

La Ley de Seguridad de Peña Nieto militariza la esfera pública y blinda la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando cometen crímenes de lesa humanidad, sostienen los opositores de esa iniciativa. No obstante, está por verse cuán viable es su abolición. No todo lo que la sociedad civil demanda será implementado por López Obrador. Es posible que se cree la figura del encargado de asuntos ligados con los desaparecidos; pero de las "comisiones de la verdad” demandadas, sólo se creará una para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El Gobierno planea redefinir el consumo de droga como un asunto de salud, ya no como uno de seguridad; pero no se ha dicho si se aplicará para drogas distintas de la marihuana.

Voluntad política no basta

Al parecer, López Obrador se ha desdicho y ha dejado de lado su promesa electoral de promover una amnistía general. Ese punto fue rechazado ampliamente en las discusiones públicas de los "foros para la paz”, donde el clamor dominante fue por la verdad y la justicia, y no por el perdón. Desde 2006, 234.000 personas han sido asesinadas en el marco de la "guerra contra las drogas”; aproximadamente 30.000 han desaparecido. Para Ernst, del Crisis Group México, el principal problema que se debe combatir es el involucramiento de las fuerzas de seguridad en el crimen organizado.

"Para interrumpir este círculo vicioso deben crearse mecanismos efectivos que fomenten la transparencia y faciliten el rendimiento de cuentas. Mientras eso no se haga, medidas como la recomendada reestructuración de México en 265 territorios resultarán insuficientes. Se supone que los militares y los policías trabajarán conjuntamente en esos territorios en labores de prevención y lucha contra el crimen organizado; pero no se sabe quién controlará a estos órganos de seguridad ni quién reformará la cultura antidemocrática que en ellos tiene profundo arraigo. La voluntad política para enfrentar el problema está allí, pero eso no basta”, señala Ernst.

(ERC/ERS)

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