El parlamento alemán aprobó nuevas disposiciones para facilitar la lucha contra el terrorismo e incrementar las sanciones por este delito. De esta forma, la legislación alemana se homologa a las normas de la Unión Europea en la materia. De acuerdo con la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, se amplía el abanico de hechos que pueden caer bajo esta categoría, si fueron cometidos con "intenciones terroristas", abarcando por ejemplo los delitos de sabotaje computacional, interferencia en sistemas de comunicaciones o liberación de elementos tóxicos. La pena máxima para quienes respalden a organizaciones terroristas se elevó a 10 años de cárcel. La oposición votó en contra, por considerar que las medidas son insuficientes.