A primera vista, las plantas de hoodia y de cúrcuma no podrían ser más diferentes. La primera es un cactus espinoso que crece en el desierto del Kalahari, en el sur de África, y es utilizada tradicionalmente por la población San, conocida como bosquimanos, para reprimir el hambre durante la caza. La segunda, autóctona de la India, se usa como especia y como remedio para varias dolencias.

Pero en 1996, ambas plantas se encontraron en el centro de una disputa sobre la "biopiratería". Una compañía farmacéutica obtuvo la licencia de la sustancia inhibidora del apetito, proveniente de la planta hoodia, sin el consentimiento de los bosquimanos, y desarrolló una píldora adelgazante a partir de ella. Al mismo tiempo, una compañía estadounidense patentó el uso de la cúrcuma por sus propiedades cicatrizantes, a pesar de que la raíz amarilla ya se utiliza desde hace siglos en la India con el mismo propósito.

Estos hechos provocaron una protesta pública, que se resolvió con el fin de la controversia. Pero estos casos destacados ponen de relieve cómo los recursos biológicos y los conocimientos locales son literalmente puestos en manos de compañías farmacéuticas, empresas de biotecnología o investigadores; y en muchos casos sin la participación o la compensación de las comunidades que lo han descubierto primero y utilizado durante siglos.

"Una gran oportunidad”

En la actualidad existe la esperanza de que un acuerdo internacional fundamental pueda ayudar a combatir el problema. En octubre de 2014, entró en vigor el Protocolo de Nagoya, que es parte del más conocido Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1993.

Firmado por más de 90 países, el Protocolo tiene como objetivo impedir que los países en desarrollo con una gran diversidad de especies, sigan siendo un terreno de juego ilimitado para empresas de investigación, que buscan plantas, animales y otros recursos biológicos, con el fin de desarrollar nuevos medicamentos, semillas y vacunas que poder patentar y vender. El protocolo debe proporcionar incentivos a los países para proteger su riqueza natural, y al mismo tiempo permitir a las empresas el desarrollo de nuevos productos a partir de esos recursos biológicos de forma sostenible.

Cada vez es más urgente proteger la biodiversidad del planeta, que se encuentra en vías de desaparición. El año pasado, un informe de la Sociedad Zoológica de Londres llegó a la conclusión de que las poblaciones silvestres de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces han disminuido a la mitad en los últimos 40 años.

"El Protocolo de Nagoya es una gran oportunidad para reducir los costos para la protección de especies para todas las partes involucradas", dijo Braulio Ferreira, el Secretario General de la CDB, a la agencia de noticias Inter Press Service el año pasado.

Distribución de los beneficios económicos

El protocolo exige que los científicos lleguen a un acuerdo sobre "Acceso y Participación en los Beneficios" (del inglés "Access and Benefit-sharing", ABS) con los países ricos en biodiversidad. Por lo consiguiente, una empresa de biotecnología europea, que reúne muestras de plantas en la selva tropical del Amazonas en Brasil, con el fin de desarrollar fármacos, debería compartir sus ganancias con el gobierno brasileño, así como con los residentes locales, que han utilizado tradicionalmente esas plantas.

A cambio, se espera que el gobierno de Brasil apoye la protección de especies con estos ingresos. La compañía sólo podría investigar sobre el terreno y recopilar y utilizar plantas con un permiso especial. Leyes de este tipo ya existen en algunos países. Pero con el Protocolo de Nagoya se crea por primera vez un sistema internacional jurídicamente vinculante, que está diseñado para garantizar una distribución equitativa de los ingresos.

"Bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el uso comercial de recursos genéticos no estaba regulado en gran parte", cuenta Krystyna Swiderska, investigadora del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Londres. "Sin embargo, el Protocolo de Nagoya es un instrumento jurídico más fuerte, que exige medidas a los países usuarios (de los recursos genéticos) para garantizar que se respeten los acuerdos de acceso y de participación de los países donantes, ricos en especies."

"Una herramienta útil"

Además, el Protocolo de Nagoya se centra mayormente en satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas y locales, que a menudo desempeñan un papel importante en la labranza y conservación de las plantas medicinales tradicionalmente cultivadas por ellos, según Swiderska. La científica señala que el acta obliga a los países a apoyar los llamados "protocolos comunitarios". Se trata de normas que permiten a las comunidades determinar el acceso y los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos. Algunos ejemplos muestran cómo podría funcionar esto.

Swiderska cuenta que los protocolos comunitarios creados por los agricultores en el "Parque de la Papa" en Perú, han ayudado a preservar los lugares tradiciones de cultivo y a distribuir de forma equitativa los beneficios comerciales derivados de su utilización entre las comunidades participantes.

En otro caso, los curanderos tradicionales de la ciudad de Bushbuckridge, en Sudáfrica, han podido proteger las plantas medicinales con la ayuda de los protocolos comunitarios y negociar de forma más efectiva sobre su uso con una empresa de cosméticos.

"Los protocolos comunitarios de "Acceso y Participación en los Beneficios" son una herramienta útil para garantizar los derechos de las comunidades locales sobre sus conocimientos tradicionales y sobre el uso de los recursos genéticos, así como para mejorar la protección de las especies", explica Swiderska.

Las dificultades tras los detalles

De momento, todo bien. Sin embargo, algunos expertos señalan que la práctica es problemática. Los protocolos dependen en gran medida de la eficacia con la que los países ricos en biodiversidad hayan puesto en práctica legalmente el acceso y el uso de los beneficios, según Shalini Bhutani, experta en la conservación de especies en Kalpavriksh, una organización medioambiental india.

"La conservación de especies, así como las capacidades técnicas y administrativas para ello están poco desarrolladas en la India", añade Bhutani. "A todos los niveles hay problemas para aplicar el Protocolo de Nagoya". Y eso, a pesar de que el país ya aprobó una ley de protección de especies en 2002 y de que tiene algo de experiencia con los acuerdos de acceso y participación en los beneficios.

La activista apunta a un acuerdo de 2007, que se cerró entre la autoridad nacional india para la conservación de las especies y Pepsi, después de que el fabricante de refrescos pagara alrededor de 64.000 euros para tener acceso a la zostera, un tipo de planta acuática seca, del Golfo de Mannar, en el estado sureño de Tamil Nadu, y poder exportarla al sureste asiático con fines comerciales en la industria alimentaria y cosmética.

Sin embargo, las comunidades afectadas de Tamil Nadu siguen esperando hasta el día de hoy que lleguen los ingresos, según Bhutani. "No tenemos ningún sistema para controlar lo que sucede después de que se haya otorgado el acceso. Y eso significa que debemos preguntarnos seriamente si los beneficios prometidos existen realmente, llegan a las comunidades implicadas y son invertidos a largo plazo en la conservación de las especies", critica.

Además, Bhutani añade que las comunidades indígenas se encuentran entre los grupos más pobres. A menudo no cuentan con ningún grupo lobby para exigir sus derechos a recibir los beneficios procedentes del gobierno.

¿Prevalecen los intereses comerciales sobre la protección de las especies?

Otra preocupación es que el Protocolo de Nagoya está dominado por intereses comerciales y en menor medida por las prioridades de la conservación de especies. Muchos gobiernos de los países donantes de recursos han cedido al interés comercial, lo que diluye la eficacia de las nuevas normas ABS (sobre acceso y participación en los beneficios), dicen algunos. "El lobby de la industria ha sido un firme defensor de las medidas voluntarias y no de las legalmente vinculantes", explica Krystyna Swiderska. "Las normas correspondientes de la Unión Europea y Gran Bretaña en el fondo sólo exigen un deber de cuidado y en cuanto a la vigilancia de las infracciones y sanciones, son bastante débiles."

La India también se enfrenta a la presión de las compañías europeas, norteamericanas y japonesas, que persiguen el acceso a sus recursos, dice Bhutani. “El sistema completo de medidas ABS se basa en la permisión de acceso y de comercio de los recursos biológicos a las compañías”, cuenta Bhutani y añade: "de este modo, el Protocolo de Nagoya, que se supone que es un Tratado de Biodiversidad, se ha convertido en un acuerdo comercial."

Pero incluso en la industria hay un cambio de conciencia, según María Julia Oliva. Ella trabaja para la Unión para el Comercio Orgánico Ético en los Países Bajos y asesora a las empresas en temas de comercio socialmente compatible. Las compañías farmacéuticas y la industria biotecnológica tendrían un creciente interés en entender cómo se debe aplicar el Protocolo de Nagoya, y las normas ABS contenidas en el mismo, para acceder a los recursos biológicos.

"En las ferias comerciales de alimentos o cosméticos cada vez hay más eventos sobre el tema. El estado de ánimo realmente ha cambiado", cuenta la coordinadora para apoyo político y técnico.

Los ecologistas creen que es prematuro decir que el Protocolo de Nagoya ayuda a abordar la biopiratería, así como a fortalecer la protección de las especies y los derechos de las comunidades indígenas. Pero otros son de la opinión de que ha cambiado con éxito el tenor de todo el debate.

"Una de las contribuciones del Protocolo de Nagoya ha sido apartarse de la idea de que sólo necesitamos proteger nuestra biodiversidad. Ahora se concibe investigar de forma activa en los posibles usos derivados y desarrollar tecnologías que nos permitan conseguir un producto a partir, por ejemplo, de una hoja y, que finalmente ofrezca beneficios económicos”, dice María Julia Oliva. “Los países ahora están buscando involucrar de forma activa a las compañías pero de tal modo que sea justo y equitativo“, concluye.

Autora: Sonia Phalnikar (AR/ERS)