Luisa Ortega acusa a Maduro de desviar 8 millones de dólares
28 de agosto de 2017
La exfiscal afirma tener pruebas de una trama de corrupción que involucraría también a varios altos cargos venezolanos y asegura haberlas entregado a "fiscales de Estados Unidos" y al fiscal general costarricense.
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La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega acusó este lunes (28.08.2017) desde Costa Rica al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber desviado entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo en el marco del caso de pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht. Ortega dijo contar con pruebas que demuestran sus acusaciones.
"Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma", dijo Ortega en una conferencia de prensa. Según la exfiscal, para la "millonaria trama de corrupción" se ha utilizado "como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa".
Esta empresa -prosiguió- es propiedad de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). "Esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua (ministro de Educación), Jorge Rodríguez (alcalde del municipio Libertador de Caracas), Jesse Chacon (exministro) y Maximilian Sánchez (exencargado de negocios en EE.UU. y asesor de la Presidencia)", agregó la exfiscal.
Ortega aseguró que recientemente entregó pruebas de este y otros casos a "fiscales de Estados Unidos" y hoy al fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien también ejerce el cargo de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Además, Ortega anunció que presentó una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por amenazarla ante la Fiscalía costarricense y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital del país, San José.
Además, la jurista venezolana explicó que recibió presiones cuando estaba en al frente de la Fiscalía General de Venezuela y puso de ejemplo el caso de un estudiante, muerto durante una manifestación. "Juan Pernalete murió por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional disparada directamente al cuerpo. El Gobierno quería que yo dijera que había muerto con una pistola de perno cuando las evidencias indicaban que había sido la Guardia Nacional que lo había asesinado. Hay muchos casos como ese", dijo y citó alguno de desapariciones y de "torturas, tratos crueles e inhumanos". Y lamentó que ese sería también su destino de regresar a su país. O que podría ser asesinada.
LGC (EFE/Nación)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
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La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
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El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
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Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
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Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
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Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
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Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
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Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
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Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".
