Lula anuncia lucha contra la desigualdad racial en Brasil
21 de marzo de 2023
Lula anunció un conjunto de medidas para combatir la discriminación racial y reducir las desigualdades históricas que afronta la comunidad afrobrasileña, mayoritaria en el país.
Protesta contra el asesinato del afrobrasileño Joao Alberto Silveira, víctima del racismo. "Ese sentimiento tiene que ser prohibido", cita una pancarta las palabras del padre del joven muertoImagen: Luis Alvarenga/Getty Images
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La batería de acciones fue presentada en una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, y busca mejorar la vida de los afrobrasileños en el ámbito educativo, laboral y religioso, así como valorizar su memoria, en el día que se conmemora el Día Internacional de Combate a Discriminación Racial.
"Lo que este Gobierno realizará en los próximos cuatro años será el desdoblamiento de lo que hicimos cuando creamos, el 21 de marzo de 2003, la Secretaria Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial", dijo Lula, en alusión al órgano que implementó en el inicio del primero de sus mandatos.
Entre las iniciativas anunciadas figura un programa específico para garantizar los derechos de las comunidades quilombolas, habitadas por descendientes de esclavos negros, en relación al acceso a tierras, infraestructuras y servicios públicos. Según estimaciones oficiales, más de un millón de personas en Brasil se declaran quilombolas.
En un gesto de gran simbolismo después de 4 años de gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que paralizó las iniciativas en esta dirección, el líder progresista firmó la titulación de 3 nuevos territorios quilombolas en estudio desde hacía 2 décadas, en los estados de Minas Gerais y Sergipe.
Acceso de afrodescendientes a la universidad
Lula también decretó la creación de varios grupos de trabajo interministeriales para impulsar proyectos que blinden el "acceso y la permanencia de estudiantes negros" en las universidades y "proponer políticas de cuotas" obligatorias en órganos gubernamentales.
También tendrán la misión de elaborar un programa para disminuir los homicidios y las "vulnerabilidades sociales" entre la juventud negra. Ese plan será una "reformulación" de otro similar que comenzó a ser proyectado durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), ahijada política de Lula, según detalló el Gobierno en una nota. Según datos oficiales, la tasa de pobreza entre negros y mestizos, que representan el 56 % de los más de 210 millones de brasileños, es casi 2b veces mayor que la de los blancos.
También sufren más desempleo, ganan menos y son las principales víctimas de la violencia policial. Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la población negra o mestiza representa cerca del 85 % de las víctimas en intervenciones policiales. "No descansaremos hasta que ninguna persona negra en Brasil pase por hambre, tiros, falta de oportunidades y el racismo sistemático que se profundiza en muchas dimensiones", dijo la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, en un emocionado discurso.
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"Deuda histórica" y "racismo religioso"
"Nuestro Brasil es el de la igualdad racial", añadió Franco, hermana de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro asesinada a tiros en Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018, en un crimen aún no esclarecido totalmente. Otro grupo de trabajo tendrá como objetivo luchar contra el "racismo religioso", que afecta en especial a comunidades tradicionales de raíces africanas.
El Gobierno también revitalizará el Cais do Valongo (Muelle del Valongo), un antiguo puerto de Río de Janeiro por donde pasaron más de un millón de esclavos y que en 2017 fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, por medio de la construcción de un "centro de referencia de la herencia africana".
Desde que asumió el poder, el 1 de enero, Lula se comprometió a reparar la "deuda" histórica que considera que Brasil tiene con los afrodescendientes por los siglos de esclavitud que padecieron y, como un primer paso, instauró el Ministerio de Igualdad Racial, que lidera Anielle Franco.
jov (efe, folhadoestado)
Afrocolombianos en Buenaventura
En Buenaventura, las poblaciones ancestrales de afrocolombianos se encuentran entre la espada de la violencia paramilitar y la pared de un desarrollo portuario, urbanístico y turístico que amenaza con no incluirlos.
Imagen: DW/M. Banchon
Puerta grande de Colombia
A través de Buenaventura, Colombia envía el 60% de su comercio internacional. Los nuevos acuerdos comerciales han hecho de este puerto pacífico -con su isla Cascajal y su zona continental- una pieza clave del desarrollo. Entre 2008 y 2013, el movimiento de carga creció un 50%. Las expectativas empresariales son inmensas.
Imagen: DW/M. Banchon
Rica infraestructura
TCBUEN, la nueva terminal para 400.000 contenedores, se inauguró en 2011. La construcción del puerto de Aguadulce comenzó en 2013. En junio comienzan los trabajos del nuevo malecón. Según informa la Alcaldía, el plan maestro para su desarrollo en 30 años hará que dé un giro de 180 grados. El 90% del proyecto “Buenaventura biodiversa, ecoturística y portuaria” se hará con presupuesto nacional.
Imagen: DW/M. Banchon
Población en movimiento
El 98 por ciento de su población es afrodescendiente y el uno por ciento indígena. Han utilizado los ecosistemas marinos y de la selva tropical como fuente directa de alimentos y recursos de materiales para la construcción de sus viviendas. Desplazados por la violencia reprodujeron sus casas sobre el agua (palafitos), un milenario método de construcción adecuado.
Imagen: DW/M. Banchon
Después de siglos de olvido
Sus nueve cuencas hidrográficas, su alta pluviosidad, sus condiciones tropicales y su aislamiento favorecieron que las culturas afrocolombianas mantuvieran por siglos una cultura propia. El fuego cruzado entre guerrilla, ejército, fuerzas paramilitares, narcotráfico e intereses empresariales se da en sus territorios ancestrales, ahora codiciados por sus riquezas y su ubicación geoestratégica.
Imagen: DW/M. Banchon
Lento, tardío y problemático reconocmiento
“La Constitución de 1991 (Ley 70) reconoce jurídicamente los territorios ancestrales. En algunos casos, al tiempo que se logra la titulación colectiva, fuerzas paramilitares desplazan a la población e implementan proyectos agroindustriales. El Estado no ha mostrado capacidad para proteger su vida y su territorio”. Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Imagen: DW/M. Banchon
¿Sospechas (in)fundadas?
De una zona gris entre grupos criminales, corrupción e intereses empresariales habla un reciente informe elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la organización de cooperación al desarrollo Mundubat. El patrón de lo que los defensores de DD. HH. llaman legalización del despojo para la competitividad del puerto y su función en la economía colombiana se repite en muchos casos.
Imagen: DW/M. Banchon
¿Quién les vendió nuestro territorio?
“Las Autodefensas Unidas de Colombia, la guerrilla y el Ejército nos desplazaron el 17 de marzo de 2003. Conseguimos la titulación en 2008. De las 3.446 hectáreas originales nos reconocieron 1.700. En 2010 volvieron a desplazarnos. Con la firma de la paz, queríamos volver. Pero vemos que están construyendo un proyecto hotelero en nuestras tierras”. Manuel Becerra, líder comunal y exconcejal.
Imagen: DW/M. Banchon
Desde 1550
“Nuestra comunidad vive aquí desde 1550. De pronto aparecen documentos que dicen que los territorios son de Aguadulce. Son fraudulentos. No ha habido consulta, ni regalías para la población. Estamos en riesgo de ser llevados a la cárcel”. Oney Hinostroza, líder de la comunidad Kilómetro 9.
Imagen: DW/M. Banchon
Un trágico partido de fútbol
“En 2005 llegó una moto buscando a jóvenes para un partido. Pagaban. Se fueron 12, también mi hijo. No regresaban, fuimos a la Policía: había que esperar 24 horas. Después dijeron: “¿Por qué no vinieron ayer? Ya los han matado”. A los 3 días los encontraron. Lo reconocí por la camisa. La masacre sigue impune. En 2008 llegó TSBUEN, tenemos que desalojar”. Bolivia Aramburo, pescadora y vendedora.
Imagen: DW/M. Banchon
Una pérdida cultural
“Para poner a funcionar a gran escala los puertos pacíficos, las poblaciones estorban; la pérdida cultural no se calcula. Hay violencia estructural intencional. Viven en medio de desperdicios. La mortalidad infantil por agua contaminada es muy alta, cuando un tanque para almacenar 2.000 litros de lluvia no pasa de 200 dólares”. Andreiev Pinzón, sociólogo, Programa de alternativas tecnológicas.
Imagen: DW/M. Banchon
¿Desplazar para no consultar?
“Tras los paramilitares está la mafia del malecón. Quieren nuestros territorios. Pero como tenemos derecho a la consulta previa, lo más fácil es optar por la violencia para que nos desplacemos. Para nosotros no es lo mejor: para la gente que vende piangua, camarón, jaiba sería un exterminio. Pese a la pobreza aquí la gente se siente mejor”. Isabel Castillo, líder de Puente Nayero.
Imagen: DW/M. Banchón
Reubicar para desarrollar
Según la Alcaldía, para las comunidades que están en la vía de desarrollo del malecón se está haciendo un proceso de reubicación. Serán unas 10.000 familias. La actual ciudadela San Antonio -en la zona continental, a unos 30 kilómetros- tiene capacidad para 4.500. Según un estudio de la Universidad del Pacífico se podrían modernizar las ancestrales construcciones palafíticas.
Imagen: DW/M. Banchon
Reubicados, ¿están mejor?
“Derribé mi casa, como lo exigían. Nos engañaron: en la escritura dice que es gratis, no un intercambio. No nos han dado el computador ni los 400.000 pesos prometidos. No hay centro de salud. A los pescadores, el estero San Antonio les queda lejos. El transporte público no viene”. Líder del barrio San Antonio, vivía en una casa palafítica. Llegó, desplazada, a Buenaventura a los 7 años.
Imagen: DW/M. Banchón
Muchos proyectos
“Hay planes de becas y de escuelas de formación profesional: tecnólogos en gestión portuaria y turismo. Estamos acabando una planta purificadora de agua. Para los pescadores artesanales habrá una línea de créditos blandos y se entregarán 76 lanchas a motor. En los planes de ecoturismo no se ha contemplado la participación de las comunidades ancestrales”. Oficina de prensa de la Alcaldía.
Imagen: DW/M. Banchon
Una tonelada, si le va bien
Walberto Reina llegó hace más de 40 años a Puente Nayero. Es pescador. Su faena puede tomar hasta 20 días. Unos 3 millones de pesos (1.100 euros) invierte por faena. Cuando les va bien vuelven con una tonelada de pescado fino para la exportación: cherna, pargo, corvina. La pesquera les paga unos 13 millones de pesos. Si le va mal, se queda con la deuda. A San Antonio no quiere irse.
Imagen: DW/M. Banchon
Desaparición de pescadores artesanales
“En 1964 creamos la Asociación de Pescadores Artesanales (ANPAC). 2.500 pescadores y 930 vendedoras. Nos oponemos a secar ciénagas y lagunas para meter ganado. Surgió el conflicto con el gobierno. En 2010 comienzan las dificultades con el paramilitarismo y el narcotráfico. Más de cien pescadores artesanales han desaparecido en el Estero San Antonio”. Manuel Bedoya, representante de ANPAC.