El interrogatorio del expresidente de Brasil abre un nuevo episodio en la lucha de poder entre el juez símbolo del caso Lava Jato y el político, dos de las figuras más polarizadoras en el actual debate público brasileño.
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Por primera vez, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se presentó este miércoles (10.05.2017) en los tribunales y se enfrentó cara a cara con el juez Sérgio Moro. Formalmente, se trata de un mero procedimiento judicial. Simbólicamente, en cambio, el encuentro es considerado un punto y aparte en las indagaciones de la Operación Lava Jato.
Para unos héroes, para otros villanos, ambas figuras adquieren ribetes disímiles dependiendo del lugar político desde donde se miran. Por ello, el testimonio de Lula adquiere connotaciones distintas dentro del debate. Para sus partidarios, el expresidente es una víctima y la operación no sería más que una herramienta para poner fuera de juego una eventual nueva candidatura suya a la presidencia, a pesar de que las investigaciones han golpeado también a varios adversarios del Partido de los Trabajadores (PT). En esta lógica, el juez Moro no es más que una persona que busca figuración y no un juez imparcial.
Desde el otro lado, el discurso victimista de Lula es visto como una cortina de humo para despistar de los escándalos de su gob erno. Y Moro es un símbolo de un Brasil que no telera más corrupción, y su conducta mediática es perdonada.
En la mira de la Operación
Esta semana, dos revistas pusieron en sus portadas imágenes de Moro y Lula como protagonistas de una pelea. Una hizo un montaje del juez y del expresidente como si fueran boxeadores. La otra, como luchadores de lucha libre mexicana. Una exageración evidente, aunque ambos se han presentado en más de una oportunidad como rivales.
Tras surgir en marzo de 2014, Lava Jato se tardó más de un año en fijar su atención en el expresidente o personas de su círculo más cercano. Pero antes de que eso ocurriera, Lula ya decía a quien quisiera escucharlo que temía ser uno de los próximos blancos de la operación, que cada vez se identificaba más con la figura de Moro. En noviembre de 2015, un amigo de Lula, José Carlos Bumlai, fue detenido por orden de Moro bajo la sospecha de haber intermediado para obtener un préstamo fraudulento para el PT. A partir de entonces, fueron más y más los episodios que acercaron a Lula al caso.
En su comparecencia de este miércoles, Lula seguramente debió referirse a las acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero por las que es reo. Es la famosa denuncia presentada en Power Pioitn por la fiscalía, la que fue aceptada por Moro en septiembre de 2016. Según la acusación, el político recibió 3,7 millones de reales de un contratista.
Lula y Dilma Rousseff. Imagen: Getty Images/I. Estrela
El total no se habría pagado en dinero, sino con un tríplex en Guarujá y en el alquiler de un depósito que el expresidente usaba para guardar los presentes que recibió durante su gobierno. Esos "presentes", según la fiscalía, habían surgido tras la firma de dos contratos entre la empresa OAS y Petrobras. Además de Lula, el caso involucra al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.
Choques históricos
Pese a que nunca se habían encontrado personalmente durante la investigación, ambos habían conversado por teleconferencia. Fue el 30 de noviembre de 2016, cuando Lula habló como testigo de la defensa del exdiputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) a través de una cámara ubicada en una sede judicial en São Bernardo do Campo. Y entonces todo fue cordial, pese a que ambos ya habían protagonizado varias controversias.
La más notoria de todas fue la divulgación, en marzo de 2016, de una serie de escuchas telefónicas que involucraban con el expresidente. Las órdenes para registrar las conversaciones y retirar el secreto de ese material fueron dadas por Moro. Considerando el momento de la divulgación, lo que debió ser una simple decisión judicial terminó teniendo efectos devastadores para el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff. En esa fecha, la mandataria había nombrado a Lula como ministro, en un esfuerzo desesperado por salvar su mandato.
La decisión de Moro, que pasó por encima del Tribunal Federal Supremo, encendió el debate político. La Justicia impidió que Lula asumiera el puesto. A partir de ahí, las críticas a la actuación de Moro se tornaron más comunes en el medio jurídico y en algunos sectores de la prensa, pero su imagen ante la opinión pública siguió siendo muy positiva.
En otra ocasión, también en marzo de 2016, Moro ordenó que Lula fuera llevado por la fuerza por la Polícia Federal para prestar testimonio. Lula se quejó de que podría haber sido llevado de forma normal a declarar, y que la decisión tuvo motivaciones políticas. Lula acabó usando esa situación para agitar a sus seguidores. Entonces, dijo que "si querían matar al animal no le golpearon la cabeza, sino en la cola, porque el animal está vivo.
La sociedad brasileña está muy dividida. En la imagen, opositores a Lula protestan en su contra. Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/B. Walton
En medio del debate, Lula llegó hasta la misma ONU para reclamar por la conducta de Moro y dijo que el juez no está en condiciones de someterlo a juicio. También presentó varias quejas y pedidos en distintos tribunales para sacar del caso a Moro, sin éxito hasta el momento. Y además hubo diferencias con Moro en algunas audiencias. En marzo de 2017, durante el testimonio de un testigo de la defensa del político, Moró vetó una pregunta y dijo que los abogados intentaban hacer "propaganda política" del gobierno de Lula.
En abril, después de que la defensa presentara una lista con 87 testigos (lo que indicaba una estrategia para demorar el proceso), Moro autorizó la presencia de todos ellos, pero ordenó que Lula también compareciera en todos los casos. Tanto la estrategia de Lula como la respuesta de Moro, que sonó como un intento de responder con la misma moneda, fueron criticadas por expertos. Al final, otro tribunal decidió que Lula no debía comparecer en todos los testimonios.
El pasado 8 de mayo, Moro intentó convencer al público presente en un acto en Curitiba de que el proceso y el testimonio son etapas normales de una investigación, y no parte de una lucha personal. "El proceso no es una guerra, no es una batalla, no es un campo de combate. En realidad las partes del proceso son los acusadores y la defensa. No el juez. Me preocupa un poco ese clima de confrontación, esa elevada expectativa en relación con algo que puede ser extremadamente banal. Y lo digo ahora: nada concluyente va a salir de este encuentro" con Lula.
Entienda la operación Lava Jato
La Policía Federal investiga la red de lavado y desvío de dinero en la que se han visto envueltos políticos, Petrobras y grandes empresas. Entienda uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Brasil.
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El inicio
El 17 de marzo de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Lava Jato, que investiga una megarred de lavado y malversación de fondos que involucra a políticos, Petrobras y grandes contratistas en el país. El nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales el mismo día 17. Uno de los primeros detenidos fue el cambista de dinero Alberto Youssef (foto).
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Primeros delatores
El exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa (foto) fue detenido tres días después. Él comenzó a ser investigado por la PF después de que Youssef le regalara un automóvil de lujo en marzo de 2013. Ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) por irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.
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Desvíos millonarios
Las confesiones de Youssef y Costa destaparon una trama de corrupción masiva dentro de Petrobras, de la que formaban parte directivos, políticos y contratistas. De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas del Estado, aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400 millones de euros en pagos de comisiones ilegales y otras irregularidades.
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Utilizado durante las elecciones
El escándalo de Petrobras fue un tema central de la campaña electoral de 2014. La filtración de la confesión de Paulo Roberto Costa a la Policía Federal, en la que acusaba a los políticos implicados en la trama de corrupción estatal, fue utilizada por los candidatos de la oposición para atacar a Dilma Rousseff. La operación Lava Jato calentó debates y agravó el conflicto.
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Cártel de empresas
Según el esquema de la trama había empresarios que pagaban sobornos a funcionarios públicos para aumentar sus márgenes de beneficio y obtener favores amañando licitaciones. En noviembre de 2014, la trama Lava Jato entró en una nueva fase cuando la PF ordenó la detención preventiva de 23 directivos de empresas como Mendes Junior, OEA, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Odebrecht.
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El "club"
Las empresas establecen normas. El MPF tiene documentos que prueban la existencia de lo que los defraudadores llamaban el "club" de los contratistas, que se encargaba de decidir quién participaría en determinadas licitaciones estatales. Ricardo Ribeiro, presidente de UTC-Engenharia y acusado de ser el coordinador del cártel, era el responsable del pago de sobornos a funcionarios públicos.
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Los sobornos
Se entregaban a funcionarios estatales de alto nivel, lo que aseguraba que sólo los miembros del cártel fueran invitados a las licitaciones. Un directivo de Toyo-Steal, por ejemplo, cobró un soborno por un contrato de 582 millones de euros. El dinero fue entregado al exdirector Renato Duque (en la foto) y al exgerente Pedro Barusco. Los sobornos variaban entre un 1% y un 5% del valor del contrato.
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Cambios en Petrobras
El 4 de febrero, el escándalo le costó el cargo al entonces presidente de Petrobras, Grace Foster (foto). Ella y cinco miembros de la junta estatal renunciaron. El expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con la misión de recuperar la imagen de la empresa.
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Nueva comisión parlamentaria
En febrero de 2015 se creó la tercera Comisión Especial en la Cámara de Representantes para investigar las sospechas de corrupción estatal. Las otros dos, de 2014, no pidieron el procesamiento de políticos. La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó la nota de Petrobras a "BBB-", la más baja del grado de inversión. La agencia Moody ya había hecho lo propio.
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Financiación de campañas
La investigación apunta a que había políticos que también recibían sobornos desviados de Petrobras. Los políticos implicados en la trama recibían, según Costa, el 3% del valor de los contratos estatales. El dinero habría sido utilizado para financiar campañas electorales y sobornar a diputados, senadores y funcionarios.
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Políticos investigados
El 3 de marzo, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó una lista pidiendo la apertura de una investigación contra 28 políticos. Entre los investigados, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros, los exministros Edison Lobão y Antonio Palocci, la exgobernadora Roseana Sarney y el expresidente Fernando Collor de Melo.
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Balance contable
Con cinco meses de retraso, el 22 de abril Petrobras anunció el balance de cuentas del año 2014. El informe mostró que la empresa registró pérdidas por valor de más de 1.500 millones de euros en concepto de desvíos de recursos de la operación Lava Jato puesta en marcha por la PF, y de más de 5.238 millones de euros a final de año. La devaluación de sus activos superó los 10.600 millones de euros.
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22 de abril: las primeras condenas
Seis personas fueron condenadas a pagar una reparación de al menos 4 millones de euros a Petrobras. Márcio Bonilho, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Esdra de Arantes Ferreira y Waldomiro de Oliveira cumplen penas de entre 4 y 6 años de prisión. El exdirector Paulo Roberto Costa fue sentenciado a 7 años y 6 meses, mientras que Alberto Youssef a 9 años y 2 meses.
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"No respeto al delator"
Después de las pérdidas multimillonarias de 2014, en parte por causa de la corrupción, los resultados parciales de Petrobras fueron positivos: 1.285 millones de euros, a pesar de la caída de la inversión. De visita en EE. UU. a finales de junio, Rousseff respondió a las acusaciones de un contratista investigado diciendo que en la escuela había aprendido que no le gustan los delatores.
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Empresarios y acusados
El 19 de junio la PF inició la 14ª fase de Lava Jato ordenando la detención de los presidentes de las empresas constructoras Andrade Gutierrez y Odebrecht: Otavio Azevedo (foto) y Marcelo Odebrecht. Cuentas e inversiones por valor de 4,8 millones de euros fueron congeladas. Más tarde, los dos acusados serían procesados y, el 9 de marzo de 2015, Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión.
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Expresidentes investigados
A mediados de julio la PF realizó registros en 7 Estados. Tres coches de lujo fueron incautados en la mansión donde vivía el expresidente Fernando Collor. El expresidente Lula salió en las noticias, sospechoso de facilitar el tráfico de influencias para favorecer a la empresa Odebrecht, investigada en la trama Lava Jato. Eduardo Cunha culpó al Gobierno por su participación en las investigaciones.
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Primeros empresarios imputados
El 20 de julio de 2015, tres exdirectivos de Camargo Corrêa fueron condenados: João Auler, Eduardo Hemelino Leite y el expresidente de la constructora, Dalton Avancini. Poco después, la PF puso en marcha la 16ª fase de la operación, bautizada como "radioactividad", y detuvo a Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente de Eletronuclear, una subsidiaria estatal.
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Otro detenido
El 3 de agosto la PF detuvo al exjefe de gabinete de la Presidencia, José Dirceu, como parte de la 17ª fase de la operación. Más tarde sería procesado por corrupción, lavado de dinero y conspiración. Según el esquema de la trama, habría recibido más de 2,8 millones de euros. Dirceu fue condenado por el "escándalo de las mensualidades" en 2012, y cumple arresto domiciliario desde noviembre de 2014.
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Exdirectores y un soborno millonario
Detenido en julio de 2015, el exdirector de operaciones internacionales de Petrobras, Jorge Zelada, fue acusado el 10 de agosto junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en casos de corrupción estatal. Entre ellas, el exgerente del área internacional de la petrolera, Eduardo Vaz da Costa Musa. Los dos fueron acusados de recibir un soborno de más de 27 millones de euros.
Imagen: picture alliance/CITYPRESS 24
Lava Jato se extiende al Ministerio
Surgida de la anterior, y conocida como Pixuleco, la 18ª fase de la Lava Jato se desencadenó el 13 de agosto cuando fue detenido temporalmente el exconcejal de Americana (SP), Alexandre Romano (PT). Se estima que la empresa Consist Software, administrada por Romano, habría recibido más de 12 millones de euros entre 2010 y 2015 a través de contratos relacionados con el Ministerio de Planificación.
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Más condenas
El 21 de septiembre, casi una semana después de haber sido detenidos, João Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y Renato Duque, exdirector de Petrobras, fueron declarados culpables de los delitos de cohecho, blanqueo de dinero y asociación criminal. Vaccari fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión y Duke a 20 años y 8 meses, y a pagar una multa de 291.000 euros.
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Nueva fase, nueva detención
También el 21 de septiembre, la PF puso en marcha la 19ª fase de la operación Lava Jato, deteniendo de forma provisional al dueño de la constructora Engevix, José Antunes Sobrinho (foto). Es sospechoso de participar en la trama de corrupción de Petrobras a través del pago de 34 millones de euros en sobornos a Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras.
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Cuentas bloqueadas
El 1 de octubre, el Gobierno de Suiza informó del bloqueo de cuentas bancarias secretas asignadas a Eduardo Cunha y a su familia, después de que un banco elevara sospechas sobre lavado de dinero en abril. Por la imposibilidad de extraditarlo, las autoridades suizas transfieren la investigación a Brasil. El diputado ya había sido señalado en la trama Lava Jato por corrupción y lavado de dinero.
Imagen: Y. Chiba/AFP/Getty Images
Políticos condenados
En septiembre y octubre llegaron las primeras sentencias relacionadas con políticos. El excongresista André Vargas (foto) fue condenado a 14 años de prisión. Pedro Correa, también ex diputado federal, deberá cumplir más de 20 años. Ambos fueron encontrados culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero, que incluían sobornos de 242.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.
Imagen: José Cruz/ABr
Siguen las detenciones
La 21ª fase de Lava Jato se inició el 24 de noviembre cuando la PF detuvo al ganadero Carlos Bumlai, que un mes más tarde sería detenido por su implicación en irregularidades en contratos de Petrobras. Al día siguiente, más detenciones polémicas, las del senador del PT Delcídio Amaral (foto) y la del presidente del banco BTG Pactual, André Esteves. Fueron acusados de obstruir las investigaciones.
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Alcanzan al PMDB
En la mañana del 15 de diciembre, Eduardo Cunha fue el blanco de la Operación Catilinárias, en la que se emitieron 53 órdenes de registro en hogares y oficinas. También fueron investigados los ministros Celso Pancera (Ciencia y Tecnología) y Henrique Eduardo Alves (Turismo), el senador Edison Lobão, el congresista Aníbal Gómez - todos del PMDB - y el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB).
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Publicistas detenidos
El 22 de febrero de 2016 estalló la 23ª fase de la operación, que acabó con la detención de, entre otros, el publicista Juan Santana, responsable de la campaña para la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, y Dilma Rousseff en 2010 y 2014. La PF investiga la transferencia de al menos 6,6 millones de euros ilegales en conceptos publicitarios procedentes de la constructora Odebrecht.
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Cunha, acusado
El 3 de marzo, el Tribunal Supremo (STF) aceptó la denuncia contra Eduardo Cunha presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Así, el presidente de la Cámara se convirtió en el primer acusado de Lava Jato con privilegios especiales. Tendrá que responder por delitos de cohecho y lavado de dinero, y está acusado de haber recibido, al menos, 4,4 millones de euros en sobornos.
Imagen: Getty Images/AFP/Y. Chiba
Lava Jato llega a Lula
La 24ª fase de la operación, puesta en marcha el 4 de marzo de 2016, alcanzó al expresidente Lula, que fue llevado a declarar. También fueron registradas la sede del PT y su domicilio, además del Instituto Lula. El PF investiga la compra y renovación de una vivienda en Atibaia y de un apartamento en Guarujá.
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Las cifras de Lava Jato
Hasta marzo de 2016 se han cumplido 133 órdenes de detención, 482 de registro e incautación y se han firmado 49 acuerdos de cooperación. Asimismo, los delitos reportados implican el pago de sobornos por valor de 1.552 millones de euros, de los cuales 703 ya han sido recuperados. En total ha habido 84 condenas, que representan más de 825 años de prisión.
