En la década de los ochenta, la artista plástica y pedagoga social Renate Bühn estuvo entre las primeras activistas que movieron cielo y tierra para conseguir que en Alemania se discutiera más abiertamente sobre el abuso sexual de menores. Ella cofundó una organización dedicada a crear conciencia sobre la importancia de ese tema. Pero tuvieron que pasar casi treinta años para que el debate en torno a este tópico cobrara fuerza. Y aún así, dice Bühn, las políticas con que se responde a este problema dejan mucho que desear.

“El abuso sexual sigue siendo uno de los delitos más seguros”, dice Bühn en entrevista con DW, haciendo referencia a que un agresor sexual continúa teniendo muy pocas probabilidades de ser descubierto, acusado, procesado y condenado por sus delitos. En 2010, la prensa local dio a conocer la sistematicidad con que niños y jóvenes fueron objeto de abusos sexuales durante muchos años en varios internados católicos y en la conocida escuela Odenwald de pedagogía progresista. Un año más tarde, el Gobierno tomó cartas en el asunto.

“Compasión sin compromiso”

Johannes-Wilhelm Rörig fue nombrado Delegado Independiente para las Cuestiones ligadas al Abuso Sexual de Menores en 2011 y confirmado en ese cargo para el período 2014-2019. Su opinión sobre la actuación del Estado de cara a la violencia sexual contra menores no es alentadora. Rörig habla de una “compasión sin compromiso” y sostiene que sólo los Länder de Baviera y Mecklemburgo-Antepomerania han depositado lo que les corresponde en el fondo oficial creado para ayudar a las víctimas.

Nada indica que la enmienda de la ley que contempla el pago de desagravios a quienes han sido objeto de abuso sexual vaya a tener lugar en el futuro cercano. Por eso, portavoces de varias organizaciones que representan los intereses de la víctimas se reunieron hace poco en Berlín para fundar un consejo que demande mayor inversión en la prevención del abuso sexual, un acceso más fácil a las ayudas y mayor respaldo en la comunicación entre las personas afectadas y las instituciones estatales.

Prolongación de las ayudas económicas

“Las víctimas quieren ver reconocido su dolor y terminan topándose con juristas”, comenta la periodista Kerstin Claus. La propia Claus cuenta que, tras compartir su desventura en una conversación auspiciada por la Iglesia evangélica, se le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad. Y, aunque ella es reconocida como víctima por el Estado, no ha podido recibir la ayuda prometida porque las instituciones pertinentes no se han puesto de acuerdo sobre cuál de todas debe asumir la responsabilidad de proveerla.

No es extraño que una víctima se quede sin recibir ayuda estatal por verse imposibilitada de entregar determinadas evidencias. Con frecuencia se les pide que exhiban pruebas de que las secuelas físicas, psíquicas o emocionales que padecen se deben al abuso sexual sufrido. Ese tipo de experiencias es lo que ha llevado a este nuevo consejo a exigir la reforma del sistema de ayuda, la enmienda de la ley que contempla el pago de desagravios a las víctimas y la prolongación del fondo económico de ayuda a las víctimas, que, en principio, sólo debe durar hasta 2016.