La dimensión humana de la tragedia provocada por las lluvias en el estado de Río de Janeiro también se puede ver en los medios europeos, en imágenes de las aguas y el lodo arrastrando todo lo que se halla a su paso y del dificultoso rescate de las víctimas. Hasta la mañana del viernes (14/01/2011) se contabilizaban más de 500 muertos, y las lluvias continúan. La prensa brasilera habla, entretanto, de la “peor catástrofe natural en la historia del país”.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajó hasta el lugar de la catástrofe y dijo que “en Brasil siempre se actuó con total negligencia hacia la parte más pobre de la población, que construye sus casas en las laderas de las sierras o a las orillas de los ríos”. Dilma Rousseff prometió ayuda por la suma de 780 millones de reales (unos 356 millones de euros), y dijo que a ésta le seguirían otras medidas.

El gran volumen de agua provocó deslizamientos de tierra en las ciudades serranas de Teresópolis, Nova Friburgo y Petrópolis. El gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, declaró que se están poniendo a disposición los recursos necesarios para reconstruir los municipios, que son importantes centros turísticos, y que están sufriendo “debido a las fuerzas de la naturaleza, combinadas con la construcción irregular”, dijo Sérgio Cabral.

“Con todo respeto al gobernador, esa es una declaración totalmente infundada. La culpa de las tragedias de este tipo no es de la naturaleza. (…) Las tragedias naturales no existen, sólo existen las tragedias sociales, que se resumen en la forma en que la sociedad organiza la construcción en relación con el medioambiente”, contrapone Carlos Vanier, especialista en planeamiento urbano y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Las ciudades más afectadas tienen en común el hecho de estar localizadas en áreas montañosas, en la cadena de la Serra do Mar. Según los investigadores, esa región está afectada hace décadas por el fenómeno de la construcción ilegal e irresponsable. El propio gobernador habría culpado a los municipios de no impedir que se edifique en zonas de riesgo.

Tragedia anunciada

A comienzos de 2010, la prensa mundial acompañó el dramático rescate de centenares de cuerpos en las serranías de Brasil, en donde las casas, y hasta barrios enteros, fueron sepultados por el barro. “Es la crónica de una tragedia anual anunciada”, lamenta Vanier.

Para Rubem Cesar Fernandes, presidente de la organización no gubernamental Viva Rio, más que la presencia del Estado, también es fundamental la participación civil. “Aunque se trata de un fenómeno recurrente, la sociedad brasilera no tiene una cultura arraigada de prevención. El estilo de ocupación es muy informal, espontáneo, sin controles, sin orientarse hacia políticas públicas”, opina Fernandes.

La inexistencia de una política de control de la ocupación es clave. “Y cuando se produce una tragedia, no contamos con una cultura de respuesta inmediata. Es como si el Gobierno fuese responsable de todo. La defensa civil no está bien equipada, por lo general, para enfrentar la magnitud del problema. Se necesita una revolución cultural”, exige Rubem Cesar.

Junto con el Estado, también sería necesario que las escuelas, las iglesias, las asociaciones de vecinos y las organizaciones locales participaran más activamente en las tareas de prevención y concientización de la población acerca de los riesgos que enfrentan al construir ilegalmente sus viviendas, sugiere el presidente de Viva Rio.

De acuerdo con el experto Carlos Vanier, se trata de una cuestión histórica. Según él, son dos los factores que determinan la distribución del espacio urbano en Río de Janeiro: la subordinación de la ciudad a la especulación inmobiliaria y a los intereses de la industria de la construcción civil, y “la negligencia total del Gobierno en lo que respecta a la construcción de viviendas sociales”. “Debido a la falta de viviendas para la población más pobre, la gente se dirige hacia áreas con una gran inclinación, con peligro de desmoronamientos”, resalta Vanier.

En la catástrofe reciente, también fueron intensamente afectados algunos barrios cerrados, donde viven sectores ricos de la población, como en la ciudad de Petrópolis. “Y eso demuestra la negligencia del poder público al ser condescendiente con los especuladores inmobiliarios autorizando proyectos que no deberían haber obtenido un permiso. Pero se les da prioridad a los intereses de la industria de la construcción”, subraya Carlos Vanier.

El experto resalta asimismo otra cuestión polémica: “Las muertes, toda esa tragedia, no son provocadas por la falta de recursos. El dinero está. Sólo que se lo gasta de forma equivocada y desproporcionada”, concluye.

Autora: Nádia Pontes/ Cristina Papaleo

Editor: Pablo Kummetz