La situación de los presos en la bahía de Guantánamo había levantado muchas críticas en todo el mundo. Gran parte de ellos se encontraban en prisión sin que las autoridades hubiesen tramitado una acusación formal y sin el derecho a un abogado defensor.

Derecho a defenderse

Un juzgado de San Francisco reconoció por primera vez el derecho de los presos a contar con un abogado y ser juzgados por un proceso judicial ordinario. El tribunal defendió a los prisioneros porque se encuentran desde hace más de dos años, encarcelados en la base militar, sin que se haya tramitado una acusación formal. Cuando expiró el plazo para mantener prisioneros sin acusación, la administración de Washington comenzó a incumplir la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra.

Entre los afectados se encuentran cerca de 660 prisioneros a los que se les relaciona con el terrorismo internacional. El tribunal concluyó su decisión diciendo que el encarcelamiento indefinido de prisioneros va en contra de los valores constitucionales estadounidenses. "También en los tiempos de crisis nacional es deber de la justicia, garantizar el respeto a los valores constitucionales y evitar que el ejecutivo menosprecie los derechos de los ciudadanos y los extranjeros" escribió el juez Stephen Reinhardt.

Como argumento contrario, el departamento de justicia estadounidense esgrimió la falta de competencia de los tribunales de EEUU en los casos en que los prisioneros sean extranjeros y sean capturados en el extranjero por las fuerzas militares.

Condenados sin causa

En el segundo caso fue un tribunal de Nueva York el que tomó la iniciativa para defender a los presos en Guantánamo. La decisión radica en la detención de un ciudadano estadounidense por su relación con el grupo terrorista internacional Al Qaida. El juzgado de Nueva York dictó sentencia y declaró que, si el gobierno quiere acusarlo de algo, debe hacerlo siguiendo los cauces jurídicos normales.

José Padilla fue capturado y transportado a Guantánamo y catalogado como "combatiente enemigo", status definido por el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre. Según la opinión del ministerio de Justicia de EEUU, los catalogados según este delito pueden estar prisioneros hasta que se conozca completamente su relación con actividades terroristas. El juzgado no dudó de la legalidad del delito, sino consideró defectuosa la calificación de Padilla como "combatiente enemigo".

Un hito judicial

El sistema de justicia estadounidense vio flaquear su credibilidad cuando se encargó a las comisiones militares la competencia de juzgar a los prisioneros. Mientras el sistema habitual contempla acciones civiles que se pueden interponer ante la sentencia de un tribunal militar, la implantación de estas comisiones acarreó la desaparición de estos derechos, delegando la capacidad para tramitar estos recursos únicamente en Bush, Rumsfeld y algunos de sus representantes. Esta limitación de derechos significaba que los acusados no se sentarían en ningún momento ante un juez imparcial.

Además de esta contradicción el gobierno de Washington consideró a los prisioneros como culpables en algunas de sus declaraciones, lo que significa que Bush y su equipo se convirtieron al mismo tiempo en acusación, juez y jurado de la causa. En relación con el proceso de las comisiones militares, los prisioneros no tiene derecho a conocer ninguna de las pruebas que mantiene la acusación. Incluso aunque los procesados tuviesen un abogado defensor impuesto por el ejército, éste no puede intercambiar información sobre las pruebas con sus clientes. Tampoco en caso de que estos datos prueben la inocencia del acusado.

Una decisión acertada

Las reacciones en Alemania no se hicieron esperar y calificaron la decisión de los tribunales como muy acertada. La organización pro defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, exigió un proceso justo para los afectados y la puesta en libertad e indemnización de aquellos que todavía no penden bajo una acusación. La organización criticó desde Berlín el incumplimiento de la Convención de Ginebra por parte del gobierno estadounidense y la negativa de Washington a someter a los prisioneros bajo una autoridad judicial independiente.

La portavoz del Partido Liberal (FDP) para los derechos humanos, Sabine Leutheusser declaró: "Los juzgados estadounidenses tuvieron por fin la valentía suficiente para exigir el final de esta violación de los derechos humanos. Sólo queda esperar que el gobierno haga efectiva esta decisión. Tanto si son culpables como inocentes, los prisioneros merecen su derecho a un abogado y no deben seguir en cautiverio indefinidamente sin una acusación que pese sobre ellos". La delegada del gobierno alemán para los derechos humanos, Claudia Roth, valoró también positivamente la sentencia y la calificó como una victoria significativa para la democracia y el estado de derecho.

Las sentencias de los tribunales estadounidenses marcaron el punto de inflexión en la causa de Bush. A partir de ahora, el gobierno de Washington tendrá que reexaminar el respeto a los derechos en Guantánamo, si no quiere que la causa salte a la palestra internacional, con el consiguiente descrédito de las autoridades de EEUU.