"México ha entrado en una nueva etapa en su relación con Estados Unidos al aceptar en el acuerdo migratorio, especialmente en el documento adjunto, un nuevo proceso de certificación de su política migratoria en un lapso de 45 días", advierte el politólogo Günther Maihold, subdirector de la Fundación para la Política y Seguridad, un think tank con sede en Berlín. 

Maihold argumenta que dicho acuerdo migratorio supone un retroceso. La última vez que ocurrió algo similar fue durante la lucha antidrogas que comenzó Felipe Calderón en 2006. "Ahora México es dependiente de la voluntad de su vecino, le ofreció a Trump un instrumento político que puede utilizar en cualquier contexto y con cualquier contenido político", destaca Maihold. El politólogo recuerda que hasta ahora México había podido mantener separadas la agenda comercial de la de migración y de seguridad en su relación bilateral.

El gobierno de López Obrador selló con Trump un acuerdo migratorio a principios de junio para frenar la migración, después de que éste amenazara con aplicar aranceles comerciales sobre todas las exportaciones de México a Estados Unidos. El gobierno mexicano desplegó a 6.000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y otros 15.000 en la frontera norte. El resultado fue una cifra récord de deportaciones de indocumentados. México expulsó a 21.912 personas en junio, la cifra más alta desde marzo de 2006.

Miedo a Trump

López Obrador, que inició su gestión con la promesa de un cambio en la política migratoria de mano dura de su predecesor, se ha convertido en el deportador en jefe, con 82.132 personas expulsadas del país desde que comenzó su gestión hace siete meses, 27% más que durante el mismo período anterior.

Aunque el presidente Trump elogió los esfuerzos de su homólogo mexicano y descartó la aplicación de aranceles, Maihold recuerda que con la cláusula de los 45 días, Trump podría lanzar sus diatribas de nuevo.

"México aceptó esta relación asimétrica", señala Maihold, y critica que en vez de aceptar este vasallaje por su alta dependencia comercial no haya hecho un esfuerzo e incluso se haya arriesgado a negociar de manera conjunta la relación bilateral, destacando sus aportaciones en materia de seguridad. Tampoco buscó alianzas internacionales.

"AMLO renunció a una política internacional de manera impresionante. No asistió al G-20, no buscó una posición multilateral en el tema migratorio, no trató de fortalecer su posición buscando alianzas con otros. No quiso tomar esta vía por el temor de que Trump pudiera interpretarlo como una provocación". 

México financia un muro militar

El presidente mexicano está financiando no el muro de concreto que quería Trump, pero sí uno militar. López Obrador impuso una política de austeridad con la que quiere ahorrar hasta 200.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares.

¿Acabarán esos recursos financiando la agenda migratoria impuesta por Estados Unidos? Maihold sostiene que el gobierno mexicano no sabe cuántos recursos tendrá que destinar para su política migratoria bajo las actuales circunstancias. Además la Guardia Nacional está siendo desplegada para ejercer funciones para las que no fue ni creada, ni capacitada. Lo que más critica Maihold es "la improvisación política del gobierno de AMLO, que no tiene un planteamiento bien posicionado, ni estratégica ni operativamente".

El principal objetivo de la negoción del gobierno mexicano con Trump era, además de evitar sanciones comerciales, impedir a toda costa que México sea considerado "tercer país seguro", como quiere Trump. "México ya está ejerciendo el papel de tercer país seguro sin haberlo reconocido formalmente, porque Estados Unidos está expulsando a los solicitantes de asilo y obligándolos a esperar en México hasta que se resuelva su solicitud", destaca Maihold.

Caos y hacinamiento del otro lado

Mientras tanto, del otro lado del río Bravo impera una situación "alarmante, traumática y caótica en todo el sistema migratorio", advierte el abogado Daniel Castañeda, cuyo despacho en San Diego atiende casos de derecho penal y migratorio. "Es una situación traumática para la gente, y caótica porque no hay suficientes oficiales y porque a los jueces Trump los obligó a procesar un número muy alto de casos, hasta 700 cada año".

Varios clientes suyos llevan detenidos 28 días en centros de detención temporales, en donde las personas se encuentran recluidas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Hace unos días, el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un informe denunciando las condiciones extremas en varios centros de detención fronterizos, en donde los detenidos pasan hasta un mes.

"Es lo que me acaba de pasar con tres personas que defiendo. Los detuvieron 28 días, les pregunté si se estaban lavando la boca, si se estaban bañando, porque en esos centros de detención no hay baños, no hay regaderas. Uno de ellos me dijo que le daban una esponja para lavarse la boca y unas toallitas húmedas deshechables para su higiene personal. Eso durante 28 días es una vivencia horrible". Los clientes del abogado fueron llevados ayer al centro de detención de Otay Mesa, en la frontera con México, en donde hay mejores condiciones y también un tribunal que resuelve los casos. El problema ahora es que dan al abogado una sola fecha de audiencia para tramitar una fianza y liberar a sus clientes, y si el abogado no puede acudir, se prolonga el proceso.

Trump: directo y cruel contra los migrantes

Daniel Castañeda destaca que la retórica antiinmigratoria está impulsando la campaña de Trump. "Los anglosajones tienen miedo a los migrantes. Una buena parte de la población está contenta, sienten que Trump está haciendo algo por ellos y aplauden su lenguaje directo y cruel contra los indocumentados".

Pero la comunidad latina de San Diego también tiene mucho miedo. "Están muy preocupados por lo que les pueda pasar y la mayoría desconocen el procedimiento legal. No se puede detener y deportar a una persona que ya se encuentra en el país, que no tiene antecedentes penales o migratorios", dice el abogado. Muchos de sus clientes no se animan a acudir a su despacho por temor a los retenes migatorios que han sido instalados en el norte y este de San Diego.

El abogado recomienda a las personas indocumentadas que se aprendan de memoria el teléfono de un familiar para que éste a su vez llame a un abogado, en caso de ser detenido, porque lo primero que hacen los oficiales en esos casos es despojar a las personas de su teléfono celular, por lo que quedan incomunicados. "Son detenidos cuando la gente sale a trabajar, ya tienen la información de uno o hacen rondines donde vive gente indocumentada, si uno entra en el perfil de la persona que buscan, también puede ser detenido. Por eso hay que exigir ver una orden de detención o deportación", concluye el abogado.

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