A los siete militares acusados "se les imputa su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público", informó hoy (02.11.2014) el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Asimismo, tres de ellos también están acusados por presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo. "A uno de ellos se le atribuyó el delito de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito", agregó el órgano encargado de la administración, vigilancia disciplina del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, ocho de los 22 muertos fueron asesinados por los militares con armas de los delincuentes cuando ya se había acabado el tiroteo previo. A finales de septiembre fueron arrestados los militares por este caso, después de que revelaciones periodísticas pusieran en duda la versión oficial de que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento.

Durante un operativo

Los hechos de Tlatlaya ocurrieron el 30 de junio en una bodega, en un operativo para rescatar a tres mujeres que estaban supuestamente secuestradas, aunque luego se comprobó que acompañaban al grupo armado. Una de ellas era madre de una jovencita de 15 años que murió. La mujer afirmó que solo una persona había muerto en el tiroteo y que las demás habían sido asesinadas cuando ya se habían rendido, aunque después, en su declaración oficial ante la fiscalía, modificó la versión, al señalar que había habido varios muertos en el tiroteo previo.

El caso Tlatlaya, que generó fuertes críticas a México por parte de organizaciones de derechos humanos, se suma el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país por parte de policías municipales, coludidos con el crimen organizado, el pasado 26 de septiembre.

MS (dpa/rtrla)