En medio de una gran expectativa mediática y bajo fuertes medidas de seguridad comienza este 15 de mayo en el Tribunal Regional de Stuttgart el juicio penal contra seis altos ejecutivos del fabricante de armamento Heckler & Koch (H&K). Son acusados de haber vendido miles de fusiles tipo G-36 a México, a sabiendas de que irían a parar a regiones para las que no tenían permiso de exportación por parte de las autoridades alemanas, violando así las leyes alemanas de control de armamento de guerra y la ley de exportaciones. También responderán a acusaciones de corrupción en relación a presuntos sobornos que pagaron al general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, entonces director de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

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El laureado activista antiarmamentista Jürgen Grässlin, que desde hace décadas investiga los negocios turbios de exportaciones alemanas de armas demandó al fabricante en abril de 2010. Recibió la información de un ex empleado de H&K, testigo de los hechos. El "whistelblower” viajó varias veces a México para entrenar a miembros de las fuerzas de seguridad en el uso de los fusiles y renunció a su empleo por razones de conciencia. Es la principal fuente en las investigaciones de Grässlin, que también recibió documentos que prueban las declaraciones de su testigo.

Junto con otros activistas pro derechos humanos y pacifistas, Grässlin lanzó hace unos días la plataforma digital multilingüe "Global Net- Stop The Arms Trade” (www.gn-stat.org), que ofrece detallada información sobre la participación de empresas alemanas en guerras y conflictos armados. También figura el caso de Heckler & Koch en México, con documentos e información sobre los involucrados, entre ellos, el entonces director de la DCAM.

Plantón ante el tribunal

"El 15 de mayo comenzaremos un plantón ante el Tribunal de Stuttgart en donde mostraremos fotografías de las víctimas de los fusiles Heckler & Koch en México", afirma Grässlin, galardonado con el Premio de la Paz de Aquisgrán 2011 por su lucha contra la industria armamentista.

"Acompañaremos los 25 días que durará el proceso y publicaremos un protocolo que estará disponible en nuestra página en ocho idiomas. Los seis funcionarios de la empresa fabricante de armas deberán responder ante los jueces por las acusaciones de haberse comportado como una red criminal al exportar estas armas a México”, afirma Grässlin.

Lo explosivo del caso es que los altos ejecutivos del fabricante que responderán ante la Justicia alemana tuvieron cómplices en el Ministerio de Economía y el Ministerio del Exterior, según Grässlin, quien dice tener documentos internos de la empresa que revelan que las autoridades le ayudaron activamente a cerrar el negocio. Las investigaciones contra los funcionarios de gobierno fueron suspendidas.

"Cuando en 2010 presenté una demanda judicial contra 9, posteriormente contra 15 responsables de Heckler & Koch, nunca me imaginé que no sólo sería una lucha contra la industria de armamento, sino contra la política que mueve los hilos tras bambalinas. Y que sería incluso una batalla contra una parte de la Justicia alemana. En particular contra la Fiscalía de Stuttgart que hizo mucho para desactivar el caso a favor de Heckler & Koch”, afirma Grässlin.

La Fiscalía de Stuttgart, en tela de juicio

Según él, la demanda que interpuso el activista contra funcionarios del Ministerio del Exterior y del Ministerio de Economía fue manejada de tal forma que se logró la prescripción de los delitos. "La investigación fue abierta formalmente en octubre de 2015 y cerrada en noviembre de ese año, de manera que pasaron los plazos de prescripción del delito, pese a que comprobamos ante la Justicia que se trató de una tríada de la muerte integrada por Heckler & Koch, el Ministerio del Exterior y el de Economía. Ahora sólo serán enjuiciados los empleados de Heckler & Koch”, señala Grässlin.

Entre 2003 y 2011 Heckler & Koch vendió 9.472 fusiles tipo G-36 a México. Dichos fusiles de asalto eran de uso del Ejército alemán. Se estima que unos 4.767 fueron a parar a los estados de Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua. Las autoridades alemanas vetaron la exportación a dichos Estados debido a las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Según los documentos que recibió Grässlin, las armas fueron vendidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que a su vez las distribuyó en esos cuatro Estados en donde se había prohibido su suministro. El empleado de H&K que reveló a Grässlin lo sucedido, estuvo varias veces en México y fue el encargado de entregar los suministros de armamento, junto con el entonces representante en México de Heckler & Koch.

"Según los documentos que tenemos, el general Humberto Aguilar en su calidad de director de DCAM pidió dinero por cada arma que vendía Heckler & Koch, 25 dólares por cada fusil tipo G-36 y 20 dólares por cada pistola”, afirma Grässlin. El negocio de venta de armas a México comenzó un año antes de la llegada del presidente Felipe Calderón que declaró la guerra contra el narcotráfico y desató una guerra encubierta en el país con cientos de miles de muertos y desaparecidos. En el transcurso en el que tuvo lugar el negocio, entre 2006 y 2009, por lo menos seis generales de la SEDENA sabían del proceso de selección y la compra de metralletas de asalto tipo G36V, G36KV, G36C, por un valor de más de 13 millones de euros, según los documentos que publica Grässlin.

"Enclave autoritario dentro del Ejército mexicano"

El investigador mexicano de la Universidad de Oxford Carlos Pérez Ricart, que investiga desde hace años el negocio de armas de Heckler & Koch, afirma por su parte que hay una gran opacidad en la manera con la que la DCAM compra, vende y distribuye armas. "La DCAM es una de las instituciones más obtusas y poco transparentes, no sólo del Ejército, sino de todo el sistema político en México. La DCAM no le dice a nadie lo que compra, ni cuanto compra, ni porqué, ni adónde distribuye lo que compra. No se sabe nada de lo que pasa en la DCAM. No hay ningún órgano civil que regule la forma en la que la DCAM trabaja, como parte de la SEDENA. Es un enclave autoritario dentro del Ejército Mexicano”, afirma Pérez Ricart.

El investigador recuerda que hubo una intensa presión por parte de Alemania, una presión secreta, que se tradujo en que la SEDENA recogió armas en esos Estados para los que no había un permiso legal. "Tengo constancia de que se recogieron en Guerrero, en Chihuahua y en Chiapas. No está claro si se recogieron en Jalisco, porque la DCAM no da datos sobre eso”, indica. La presión alemana no se hizo pública, según el investigador, porque hubiera significado revelar que un gobierno extranjero "está dando órdenes”.

Pérez Ricart explica que en México son las policías estatales y municipales las que le piden al Ejército que compre las armas, pero son las fuerzas policiales mismas, sobre todo las policías estatales, las que las pagan. "El Ejército les decomisó las armas que habían sido pagadas por las propias policías, los pasaron a "fregar”, porque no les devolvieron ningún arma después. Se sabe de algunos casos de policías en Chihuahua que estaban muy enojados”, cuenta.

El investigador señala que Alemania ejerce una influencia importante en México y que a raíz del escándalo de venta ilegal de armas de Heckler & Koch el país europeo dejó de vender armas a México. "Desde 2011 Alemania dejó de vender armas de guerra al gobierno mexicano. Aunque empresas como Sig Sauer, que tienen subsidiarias en Estados Unidos, han seguido vendiendo armas a México y a Colombia”. El investigador señala que Berlín podría hacer algo para que las subsidiarias de sus empresas no vendan armas y de esta manera presionar al gobierno mexicano para que mejore las condiciones de derechos humanos en Guerrero y en otros estados del país.