La caída del precio del petróleo viene agobiando a varios países desde hace meses. También en México causa preocupación, aunque solo figura en tercer lugar en la lista de amenazas que se ciernen sobre su economía, a juicio de más de 500 empresarios encuestados por la consultora Deloitte, una de las grandes del ramo. Según el Barómetro Económico dado a conocer por esta empresa en abril, la inseguridad pública es considerada el principal riesgo, seguida por la corrupción. Dos factores que suelen ir de la mano. Tan seria es la situación que, en febrero, los obispos mexicanos emitieron un comunicado, con un llamado perentorio: “¡Alto a los corruptos!”

Con la promulgación de la Ley de Transparencia, el gobierno se propone recuperar la confianza de la ciudadanía, seriamente deteriorada también por los hechos de violencia que han sacudido al país, entre los cuales la masacre de Iguala adquirió un carácter trágicamente emblemático, poniendo en evidencia un fatídico entramado de corrupción e impunidad.

Plataforma de acceso público

La ley, que acaba de entrar en vigor, obliga a entregar información a los organismos públicos y privados, con excepción de la Corte Suprema, y contempla la publicación de dicha información en una plataforma de Internet, para hacerla accesible a cualquier ciudadano.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, subrayó que la nueva normativa “empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas”. Más aún: también estarán sometidos a ella los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona o entidad que reciba o utilice recursos públicos.

Los mexicanos “tiene derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos” y a saber “qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados”, puntualizó el jefe de Estado.

Derechos humanos

En México ya existía desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) una ley de acceso a la información que obligaba a las dependencias del poder ejecutivo a proporcionar datos a pedido de cualquier ciudadano. Pero la nueva ley, amplía de 17 a 50 el número de organismos y entidades obligados a abrir sus datos tanto a nivel federal como estatal y municipal.

Además, eleva los requisitos para que una información pueda clasificarse como "reservada". Ahora no caerá en esa categoría “aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”, a excepción de la que “por razones de interés público y seguridad nacional” podrá reservarse “temporalmente”.

ER (efe, dpa, CEM)