De las 100 peticiones de información que ha realizado hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de México, solamente el 30 por ciento ha recibido respuesta. Así lo informó este lunes (29.06.2015) el grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, que también manifestó su “preocupación” por no haber podido entrevistar a funcionarios del Ejército.

En una comparecencia ante los medios, los cinco miembros del equipo explicaron que un 47 por ciento de sus solicitudes de información o de diligencias significativas para el progreso de su investigación no han sido resueltas, mientras que el 23 por ciento restante han sido respondidas solamente de forma parcial. Una de las que están pendientes es la entrevista con los militares del 27 batallón de infantería de Iguala que la noche del 27 de septiembre de 2014 estuvo en contacto con algunos de los jóvenes desaparecidos.

Ya han pasado más de tres meses desde que los expertos pidieron acceso a los militares. El domingo 28 de junio el grupo recibió una notificación del Gobierno en la que se les informa que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”. Por ello, los especialistas, que comenzaron su trabajo de seis meses el pasado 2 de marzo, manifestaron su preocupación por el retraso en tomar la decisión, pues consideran que “limita los esfuerzos” por avanzar en las labores para hallar a los jóvenes de que desaparecieron en Guerrero.

Importante que haya respuesta

“La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo (Interdisciplinario) en el tiempo establecido”, dijo la experta colombiana Ángela Buitrago, quien confirmó que en los próximos días se harán nuevas solicitudes importantes para el caso. “Tenemos libre acceso a todas las fuentes de información” y, por tanto, “la facultad de solicitar ampliaciones de entrevista”, dijo el chileno Francisco Cox al recordar las condiciones del mandato del grupo.

Los familiares de los estudiantes exigen la apertura de una línea de investigación sobre el papel que jugaron los militares la noche del 26 de septiembre pasado, cuando seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales. Según la fiscalía mexicana, los alumnos fueron entregados a miembros del cartel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y quemaron en un basurero al creer que eran miembros de un grupo rival.

DZC (EFE, dpa)