El próximo mes de marzo de 2018 se cumplirán dos años del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Mientras aún se espera que se haga justicia, el número de asesinatos contra defensores medioambientales y de derechos humanos no ha dejado de crecer. Según el informe anual de la organización internacional Global Witness, durante el año 2017 197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas en el mundo, con América Latina a la cabeza.

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Otro reporte elaborado por la organización internacional Front Line Defenders eleva la cifra a 312 defensores de derechos humanos asesinados, 212 de los cuales se localizan en América. De estos, 156 en Brasil y Colombia. A pesar de que el informe registró crímenes en 27 países, el 80 por ciento de estos se concentraron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.

El análisis subraya que el 67 por ciento del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medioambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el marco de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas. Para Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), se trata de una situación “multifactor y de alta complejidad”. “América Latina es la región más desigual del planeta, esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social extrema”, apunta, recordando que se trata de una “de las regiones con mayores índices de impunidad y débil estado de derecho donde la aplicación de las normas también es discriminada”.

Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, agregó que la corrupción y la gran riqueza de recursos naturales que alberga la región facilita que proyectos vinculados a hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir licencias. “Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han sido marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus recursos”, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo para denunciar los abusos que sufren, aumenta su visibilidad y, por eso “están expuestos a ser asesinados”.

A la caza de la riqueza natural de la Amazonía

Precisamente, en Brasil, la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Front Line Defenders. “Hay una crisis económica y política y el Gobierno necesita desesperadamente soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación despiadada de los recursos naturales”, analiza Jim Loughran, Jefe del Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos de esta organización. “Dos iniciativas clave del Gobierno han tenido como objetivo restringir la demarcación de tierras indígenas y abolir las agencias que trabajan para protegerlas”, agrega.

“Las reformas de las leyes están disminuyendo la protección de los bosques y las reservas de los pueblos indígenas, facilitando la entrada de las industrias”, explica Kyte, señalando a los estados de Ondonia, Pará, Maranhao, “una frontera agrícola donde hay poca presencia del Estado”.  

Colombia: violencia después de la paz

La tierra también es letal en Colombia. A pesar de los acuerdos de paz, la violencia no ha cesado en el país. “Miles de colombianos con títulos legales sobre sus tierras han sido desplazados. Mientras trabajan para reclamar sus tierras, se convierten en objetivos para los acaparadores que pueden haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva generación de paramilitares después de las FARC que quieren tomar el control. Los defensores de los derechos a la tierra se encuentran en peligro crítico ", dice Loughran.

El jefe de campañas de Global Witness, culpa a la agroindustria, y en particular a la dedicada al cultivo del aceite de palma, de la situación colombiana, recordando que dicha actividad “ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas”.

México, escalada de violencia

El año negro contra los activistas empezó con el asesinato del mexicano Isidro Balenegro López, contrario a la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques de la Sierra Madre. La escalada de la violencia en el país ha llevado a Global Witness a situarlo en el cuarto lugar de mortalidad. “Los Gobiernos federales y estatales no apoyan como deberían la labor de las personas defensoras y en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor”, criticó Puentes Riaño recordando la “impunidad existente” en el país.  

El mexicano fue ganador del Premio Goldman del medio ambiente en 2005, un arma de doble filo, ya que “los premios también pueden aumentar la visibiliad de las personas y, por ende, incrementar el nivel de riesgo”, considera la Codirectora Ejecutiva de AIDA.

Dicho galardón es el mismo que recibió Cáceres una década más tarde. Aunque según Global Witness el número de defensores medioambientales asesinados se ha reducido en Honduras, la sociedad civil está sufriendo otro tipo de abusos.  

Recetas contra la impunidad

El caso de la activista hondureña no es el único pendiente de resolución, pues solo el 12 por ciento de todos los casos de asesinatos terminaron con el arresto de sospechosos, según Front Line Defenders. Por este motivo, además de abogar por el fin de la impunidad, “hay algunas medidas que deben implementarse con urgencia. Eso incluye investigaciones adecuadas e identificación de los responsables de los asesinatos y ataques a personas defensoras, así como autores materiales e intelectuales y justicia en dichos casos”, propone Puentes Riaño.

Por su parte, el jefe de campañas de Global Witness, insta a la actuación de los propios Estados en la defensa de los defensores, el fin de la entrega de fondos a este tipo de proyectos por parte de inversores extranjeros y la eliminación de “las causas de raíz”, entre las que se encuentra la falta de consulta previa con las comunidades indígenas.

Además de la muerte, los activistas deben enfrentarse a” amenazas, intimidación y campañas de difamación que pretenden erosionar sus redes locales de apoyo”, relata el Jefe del Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos de Front Line Defenders. Esta organización, destaca que “el 84 por ciento de los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes de ser asesinados”.

Autora: Judit Alonso (MS) 

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